Quienes conocen lo que fue el debate de la Comisión para la Paz y el Entendimiento subrayan que en los 22 puntos acordados no hay plurinacionalidad, tampoco escaños reservados o un sistema jurídico y judicial diferente para el pueblo mapuche. Desestiman así las críticas que señalan que lo resuelto busca revivir la propuesta de la Convención Constitucional que se rechazó en las urnas el 4 de septiembre de 2022.
Sin embargo, los reproches van más allá. Se apunta que el acuerdo se alcanzó superado el plazo del 30 de abril, que no se logró la autoimpuesta unanimidad o que no existen informes que sustenten de dónde saldrán los fondos o las tierras para su implementación.
El texto final se entregará el martes al Presidente Gabriel Boric y a representantes de los 19 partidos políticos con representación parlamentaria que respaldaron la creación de la instancia en junio de 2023.
Para el gobernador de La Araucanía, René Saffirio (independiente, ex DC), el acuerdo de la Comisión para la Paz supone más bien una oportunidad para mejorar las condiciones de la región. “Estamos cansados y estamos agotados de una violencia que no nos deja despegar y creo que estas propuestas van en la dirección correcta. El punto ahora es que estas propuestas, que van a ser entregadas al Presidente de la República, se transformen en decretos supremos o en proyectos de ley o en proyectos de reformas constitucionales que permitan materializar los acuerdos a los que llegó la Comisión”, dice en esta entrevista con El Líbero. Sin embargo, reconoce que lograrlo va a requerir de “generosidad política”.
En ese sentido hace un llamado: “Quienes vivimos en La Araucanía lo único que rogamos a los partidos políticos es que se pongan de acuerdo”.
“Que siete comisionados hayan suscrito los acuerdos, habla de una transversalidad que solo excluye a los grupos más extremos”
–¿Qué opina del proceso y de los resultados de la Comisión para la Paz?
–Tras este esfuerzo transversal, colectivo, se busca la solución de un conflicto centenario, respecto del cual nunca el Estado de Chile ha querido asumir un rol importante para enfrentarlo. Hemos, como país, olvidado nuestra condición multicultural y eso ha llevado a que diversos gobiernos, durante distintos momentos en la historia de Chile, hayan intentado avanzar con pocos o casi nulos resultados. El problema que enfrentamos, y particularmente lo digo como gobernador de La Araucanía, es un problema esencialmente político; en consecuencia la solución es también política. Por ello, desde mi punto de vista el que haya sectores políticos claramente definidos, que durante los días recién pasados, a partir de filtraciones, hayan señalado que no comparten los acuerdos de la Comisión, nos pone a nosotros como región de La Araucanía en una situación muy compleja porque la pregunta que surge de inmediato es: ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a seguir eternamente lamentándonos por la violencia o vamos a tomar la decisión de avanzar para enfrentar este conflicto histórico? Yo soy de aquellos que piensan que el hecho de que haya siete comisionados que hayan suscrito los acuerdos, habla de una transversalidad que solo excluye a los grupos más extremos, a quienes de alguna u otra forma, por razones más bien políticas, les conviene mantener viva esta propuesta. Creo que se ha hecho un esfuerzo interesante, que hay que reconocer. He trabajado en su momento como diputado con don Alfredo Moreno, conozco el esfuerzo que ha hecho el senador Huenchumilla y asumo como una actitud muy loable la decisión de la senadora Carmen Gloria Aravena de renunciar a su partido privilegiando los intereses de la paz en La Araucanía .
–¿Qué hace distinta a esta Comisión? ¿Por qué este esfuerzo usted cree que sí puede conducir a una solución a diferencia de las comisiones anteriores?
–Porque esta comisión se origina a partir de una decisión presidencial. Y Chile es un país presidencialista. Además, sus objetivos fueron muy bien definidos. Ellos se propusieron diagnosticar la demanda de tierras del pueblo mapuche, propiciar un proceso de diálogo entre los distintos actores políticos, reconociendo la validez de la opinión regional, se propusieron avanzar en mecanismos, reformas y formas de reparación y también la reparación a todas las víctimas que el conflicto ha generado, sean mapuches o no mapuches. Entonces, los objetivos planteados por la Comisión son compartidos mayoritariamente. A lo menos yo puedo dar seguridad de ello por la mayoría de quienes vivimos en La Araucanía que queremos crecer económicamente, queremos generar empleo y queremos hacerlo en paz. Estamos cansados, estamos agotados, de una violencia que no nos deja despegar y creo que estas propuestas van en la dirección correcta. El punto ahora es que estas propuestas, que van a ser entregadas al Presidente de la República, se transformen en decretos supremos del Presidente o en proyectos de ley o en proyectos de reformas constitucionales que permitan materializar los acuerdos a los que llegó la Comisión. Viene un trabajo largo, que hay que abordar con mucha generosidad política.
–También se ha dicho que sí o sí esto debería pasar por una consulta indígena. Cuando Moreno era ministro de Desarrollo Social intentó hacer una y fue boicoteada. ¿Usted cree que están las condiciones para hacer una consulta que permita reformar la Ley Indígena y de alguna manera cerrar la demanda de tierra?
–Como no tenemos el texto en la mano es difícil determinar a priori si por la naturaleza de las propuestas es o no necesario, desde el punto de vista estrictamente jurídico, convocar a una consulta indígena. Eso tendrá que verse al tenor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y se resolverá en su oportunidad. Si hay que hacer la consulta, habrá que hacer la consulta. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales también.
–El representante de los agricultores Sebastián Naveillán se pregunta de dónde saldrán las 240.000 hectáreas que se necesitarían. Él advirtió que podrían salir de parques nacionales o de zonas fronterizas, y que se podría ver afectada la seguridad nacional.
–Esa afirmación resulta de una lógica que no tiene que ver con el conflicto, que tiene que ver más con la protección y salvaguarda por parte de una agrupación de agricultores, que busca proteger más sus intereses que los intereses de las regiones comprometidas con el conflicto y del país en general.
“Me parecería una torpeza no aprovechar el acuerdo logrado entre siete de ocho comisionados y desacreditar el trabajo sistemático que se hizo”
–Se ha asociado la violencia en La Araucanía a conflictos que no tienen que ver con el tema indígena, sino más bien con otros delitos como narcotráfico o robo de madera. ¿Entonces, cómo este acuerdo puede significar el fin de la violencia?
–Respecto de esos temas, en que se mezcla narcotráfico, robo de madera, abigeato o asociación ilícita para delinquir, tienen que ser abordados por el Ministerio de Seguridad. Y tienen que ser abordados con mucha fuerza e intensidad para lograr erradicar ese tipo de delitos. Sin embargo, no podemos dejar de tener presente que el tema mapuche, histórico propiamente tal, no tiene que ver con los delincuentes que se escudan en demandas mapuches para cometer esos delitos. Quiero hacer una afirmación que les podrá llamar la atención, pero es muchísimo más peligroso cruzar en diagonal la Plaza de Armas de Santiago que transitar por la Región de La Araucanía, en términos de seguridad. Lo que no significa que la seguridad no haya que abordarla con mucha intensidad; los gobiernos regionales estamos esperando la facultad que nos entregue el Congreso, para hacer prevención en materia de delitos y colaborar en materia de seguridad.
–¿Pero usted cree que la Comisión y lo que se legisle en adelante, efectivamente será una solución al tema de la violencia?
–Lo que haya aprobado la Comisión, como no lo conozco, no puedo emitir una opinión. Pero si hay un acuerdo transversal, que está orientado por lo que le señalaba: por el diagnóstico de la demanda, el proceso de diálogo, la búsqueda de consenso para dar legitimidad a las políticas públicas, analizar y recomendar mecanismos de reparación a las víctimas en general. Si eso está contenido en el informe final que se entrega al Presidente de la República, evidentemente que es un paso importante en el logro de condiciones de mayor armonía social, política y cultural en La Araucanía, sin lugar a dudas.
–Se ha dicho que el martes habrá un acto con el Presidente para entregarle la propuesta. ¿Cree que se deba hacer aunque los comisionados no hayan logrado la unanimidad y una de ellas haya tenido que renunciar a su partido?
–Yo creo que se debe hacer, sí. Me parecería una torpeza no aprovechar el acuerdo logrado entre siete de ocho comisionados y buscar desacreditar el trabajo sistemático que se hizo. De forma que yo espero que, conocido el texto por parte del Presidente, y evaluado, eso se transforme en medidas administrativas o legislativas que permitan seguir avanzando en este proceso. Este no es el final, este es el comienzo de un proceso que nos tiene que conducir a la paz.
“Les pido que tengan piedad con una región que, producto de la violencia, no ha podido despegar”
–Y las críticas que señalan que es un borrador “octubrista”, que revive lo que ya rechazó mayoritariamente el país en septiembre de 2022…
–Sobre ese tipo de afirmaciones, como no conozco el texto, prefiero no pronunciarme. Son destempladas, no reconocen, ni recogen la realidad de lo que hemos estado viviendo durante décadas en la Araucanía. Y yo les pido que tengan piedad con una región que, producto de la violencia, no ha podido, durante décadas, despegar económicamente, generar condiciones para la inversión y el empleo… No porque estemos en un año electoral o por mezquinos intereses políticos, partidistas, que siguen deteriorando la credibilidad de los partidos ante la comunidad, vamos a tener que seguir esperando en la región que el Estado central tome decisiones asociadas a mejorar las condiciones de convivencia en La Araucanía.
–Pero podría convertirse en un tema polarizante. Republicanos ya dijo de plano que no está de acuerdo; Evelyn Matthei cuestionó que no hubiese unanimidad y que no se hablase de terrorismo. En cambio, desde el oficialismo celebraron. Finalmente, puede ser un tema de la derecha versus la izquierda…
–Yo les quiero recordar a los dirigentes parlamentarios del Partido Republicano y a la candidata Evelyn Matthei que pueblo mapuche hay de izquierda, de centro y de derecha. Es decir, tratar de estigmatizar al pueblo mapuche porque pertenecen solo a un determinado sector político es un error. Santiago no sabe, ni conoce la realidad de La Araucanía. Ya es suficiente. Se ha hecho un esfuerzo verdadero, real, de transversalidad y de transparencia en la búsqueda de acuerdos. Aprovechemos esta instancia para construir una región en el sur de Chile, que sufre la violencia como se sufre en Puente Alto o como se sufre en La Florida o como se sufre en el centro de Santiago. Hagamos política en serio, no esta suerte de oportunismo electoral para obtener dividendos en un año en que se toman decisiones importantes en nuestro país.
–¿Y cree que el pueblo mapuche estaría dispuesto a aceptar formas de reparación distintas a la tierra?
–Eso es parte de lo que señalé antes. Los acuerdos a los que ha llegado la Comisión son el inicio de un proceso, no son el final de un proceso. Ahora lo que viene es obtener los consensos políticos para hacer los cambios administrativos a través de decretos del Presidente de la República o legislativos a través de reformas legales o constitucionales, es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora; pero para poder hacer ese trabajo necesitamos el piso de este acuerdo, que es transversal y que compromete a los sectores políticos que participaron en él.
–¿Tiene líneas rojas?, ¿algo que por ningún motivo se debería aceptar?
–No, cuando uno entra a un proceso de negociación no puede poner límites y en consecuencia quienes vivimos en La Araucanía lo único que rogamos, y pongo particular énfasis en esta expresión: rogamos a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para que nos permitan despegar, crecer, dar empleo a nuestra gente y desarrollar nuestra región. Tenemos recursos invaluables que no existen en otras regiones del país y los estamos desperdiciando, producto de que el Estado central y los partidos políticos no han dado el ancho para abordar este conflicto.
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