Desde el 6 de marzo hasta el 6 de junio de 2023, el abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Duke, Benjamín Alemparte Prado, está contratado para asesorar a Francisco Soto Barrientos, abogado constitucionalista y doctor en Derecho que fue propuesto por el PPD para integrar la Comisión Experta que se encuentra elaborando un borrador de nueva Constitución. Por esa labor recibe mensualmente un monto de $2 millones.
Pero su vínculo laboral como asesor de este órgano ha llamado la atención de quienes siguen de cerca el proceso, pues Alemparte, de forma paralela, estuvo contratado en el mes de marzo en un ministerio. Y no en uno cualquiera.
Abogado estaba contratado por la Segpres para hacer informes sobre discusión constitucional
En junio de 2022, cuando la Secretaría General de la Presidencia era dirigida por Giorgio Jackson, Alemparte Prado fue contratado a honorarios por la División de Estudios del ministerio.
¿Su misión? Elaborar informes técnicos sobre la discusión constitucional; diseñar y elaborar estudios sobre políticas públicas, propuestas normativas y otros aspectos específicos de la realidad nacional que pudiesen impactar en el programa de gobierno; y elaborar estudios sobre política y derecho comparado, según se puede ver en el portal de transparencia de la Segpres.
En la última planilla de sueldos del ministerio, correspondiente al mes de marzo de 2023, Alemparte figura recibiendo $3.6 millones, que es su salario completo.
Pero posterior a la publicación de esta nota, informaron a El Líbero que el abogado renunció a la Segpres a contar del 1 de abril, por lo que recibió doble salario sólo durante el mes de marzo.
Lo que más llamó la atención de sus dos trabajos -más allá de la doble remuneración-, es que estaba contratado por la Segpres justamente para hacer “informes técnicos” del proceso constitucional y, al asesorar a un experto, se transformaba en parte interesada.
Jorge Jaraquemada: “Hay una falta a la probidad”
Para el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, la situación de Benjamín Alemparte durante marzo es “reprochable más allá de lo meramente ético”.
A su juicio acá hay “una falta a la probidad”. Al ser consultado por El Líbero explica que “aunque él esté contratado a honorarios por la Segpres, existe jurisprudencia en Contraloría en donde se señala que el principio de probidad también los obliga”.
El director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán sostiene que el abogado contratado por la Segpres “está anteponiendo el interés personal al interés general de la nación. En eso consiste precisamente un conflicto de intereses y aquí hay una abierta pugna entre dos intereses que no se satisfacen, sino que son excluyentes”.
“Incluso más, se podría sostener que si Segpres -que es el ministerio que se relaciona con la Comisión Experta y posteriormente con el Consejo Constitucional- tiene contratada a una persona que es asesor de uno de los expertos, su intención es influir de alguna forma sobre el proceso, con lo cual aquí hay una intervención en otro poder del Estado, porque no olvidemos que la Comisión y el Consejo son una derivación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo”, agrega.
*Nota actualizada el 26 de abril de 2023.