Publicado el 05 de marzo, 2020

Fiscalía opta por no pedir prisión preventiva para detenidos de la «primera línea» y tribunal los deja en libertad

Autor:

Sofía Del Río y Sebastián Edwards

Luego de que Carabineros estrenara una nueva táctica y lograra detener a 44 integrantes de la llamada «primera línea», en el sector de Plaza Italia, la justicia decidió dejar en libertad a 43 de ellos: 16 menores de edad y, con firma bimensual, 27 adultos. Solo los querellantes del Ministerio del Interior pidieron prisión preventiva, algo que no hizo la Fiscalía. El penalista Gabriel Zaliasnik señala: «Es muy grave que Carabineros haga la pega que toda la ciudadanía demanda y a delincuentes de ‘primera línea’, la indolencia o falta de celo en la persecución penal, los devuelva a la ‘primera línea'».

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Sofía Del Río y Sebastián Edwards

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Tapándose un ojo y con puño en alto salieron algunos de los imputados que fueron detenidos el martes 3 de marzo. «Aguante cabros», se escuchó afuera del edificio C del Centro de Justicia, tras la audiencia de control de detención. Familiares y amigos los esperaban para recibirlos.

Primero fue el turno de los 16 menos de edad formalizados a la luz de la nueva ley «anti barricadas», en concreto el artículo 268 septies -en su incisos primero y segundo-, la que sanciona las barricadas, los saqueos y conductas como «el que baila pasa» y también el delito de perturbar el orden público. Luego fueron formalizados los 27 adultos que fueron detenidos por la misma razón. De los 44 acusados de ser «primera línea», 43 quedaron en libertad.

La detención que realizó carabineros, fue celebrada temprano en la mañana por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel: «Hubo una buena noticia con la actuación policial, que hicieron una estrategia distinta y permitió la detención de una treintena de violentistas», dijo en relación a un nuevo método implementado por la policía para detener a quienes provocan desmanes en el sector de Plaza Italia, que consistió en realizar una «encerrona» a los manifestantes a cargo de Fuerzas Especiales.

De hecho, en un registro audiovisual se muestra cómo un grupo de manifestantes es detenido tras ser cercado por un carro lanza aguas. Al respecto el general de Carabineros, Mauricio Rodríguez, señaló que «acá hay un trabajo que se ha hecho en el tiempo, análisis, información, donde los vecinos han sido extremadamente fundamentales en cooperar».

La estrategia policial dio frutos y durante la jornada del martes casi 70 personas fueron aprehendidas en las inmediaciones de la Plaza Italia. De ese grupo, 28 adultos y 16 menores de edad fueron los que ayer pasaron a control de detención. Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva solo para una de las 44 personas involucradas. Por tener antecedentes penales deberá pagar una fianza de $250 mil para quedar en libertad bajo la medida de firma mensual.

Me parece muy grave que Carabineros haga la pega que toda la ciudadanía demanda y a delincuentes de primera línea la indolencia o falta de celo en la persecución penal los devuelva a la primera línea», señala el abogado Gabriel Zaliasnik

La intervención del Ministerio Público a través de los persecutores Miguel Ángel Orellana y Debora Quintana de la Fiscalía Centro Norte, es cuestionada por expertos en la materia. En este sentido, durante la formalización de los mayores de edad, el Ministerio Público solo pidió la prisión preventiva para uno de los 27 imputados mayores de edad, debido a que tenía antecedentes penales. Esto fue la causa principal, comentan, para que la jueza Carolina Gajardo, optara por dejar al resto en libertad con firma bimensual durante los últimos 5 días de los meses correspondientes, como medida cautelar. Por su parte, el ministerio del Interior sí solicitó, a través de su abogada Sofía Hamilton, prisión preventiva.

El mismo ministro Blumel, a través de su cuenta de Twitter anunció que apelarán  la decisión del Ministerio Público. «El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público.

En esta línea, el abogado penalista, Gabriel Zaliasnik, afirma que le parece «muy grave que Carabineros haga la pega que toda la ciudadanía demanda y a delincuentes de primera línea la indolencia o falta de celo en la persecución penal los devuelva a la primera línea».

Por su parte, el abogado y docente de la Universidad de Los Andes Gonzalo García, explica que «lo natural de este tipo de cosas es que no queden en prisión preventiva cuando los delitos imputados tienen una pena muy baja». Y agrega que «si nunca van a cumplir la pena privados de libertad, aún cuando sean finalmente condenados, eso significa que no puede dictarse una prisión preventiva. Si lo que se buscaba era mantenerlos privados de libertad, deberían haberle imputado un delito más grave necesariamente».

El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público», publicó ayer el ministro Blumel en Twitter.

Tras el control de detención, la fiscal Debora Quintana sostuvo que se trataba de «imputados que, previamente organizados, por lo que se aprecia en las grabaciones de los funcionarios de carabineros, comienzan a agolparse en este lugar interrumpiendo el libre tránsito tanto de los vehículos como de los peatones, interrumpiendo hasta aproximadamente las 18 horas el tránsito de forma total».

Durante los disturbios, explicó Quintana, los manifestantes impidieron que los transeúntes y conductores pudieran circular libremente por la calle. «Son imputados que, previamente organizados, por lo que se aprecia en las grabaciones de los funcionarios de carabineros, comienzan a agolparse en este lugar (sector Ramón Corvalán-Alameda)  interrumpiendo el libre tránsito tanto de los vehículos como de los peatones». Y agregó: «Se visualiza en los elementos investigativos con los que contamos, cómo los transeúntes y los conductores dejan de transitar por esta calle en atención a la conducta desplegada por los imputados, las cuales además están evidentemente relacionadas con el arrojamiento de elementos contundentes: fierros, palos, piedras, adoquines, tuercas y otros, contra personas de carabineros, pero también contra los mismos autos que intentar circular por esta vía pública».

Por tales razones la formalización fue por la «ley antibarricadas». El texto legal, aprobado recientemente, establece que «el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo».

Además de castigar con la «pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave».

Un 30%  de los formalizados contaba con detenciones anteriores

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros de Chile, un 11% de los detenidos, es decir, un total de 5 personas, corresponden a extranjeros. Entre ellas se encuentran 3 colombianos, un ecuatoriano y un peruano. De estos, 3 presentaban visa de turista, 1 contaba con residencia definitiva y el de nacionalidad peruana se encontraba en situación irregular.

En tanto, afirman que un 25% de las personas detenidas pertenecen a algún club deportivo de fútbol o barras, destacando entre ellos Colo Colo y la Universidad de Chile. Serían 11 los detenidos en este segmento, de los cuales 8 dicen ser hinchas del equipo de Macul.

Los detenidos residen principalmente en las comunas de San Bernardo, Quinta Normal Renca, Santiago, La Reina, Las Condes, La Pintana, Nuñoa, San Ramón, Recoleta, Peñalolén, Padre Hurtado, Maipú, Lo Prado,Estación Central, El Bosque y Conchalí. Los detenidos con domicilio en regiones son de Valdivia, Castro y Viña del Mar.

El 30% de los formalizados ha sido detenido con anterioridad. De estas 13 personas, 3 registran una detención anterior y el resto (10) registran entre 2 y 21 detenciones anteriores. 

Respecto a los detenidos con reiteraciones: 5 de ellos registran antecedentes por desórdenes públicos, 2 por oponerse a la autoridad y 2 por daños.

Del total de formalizados, 3 tenían condenas anteriores, de las cuales dos están prescritas.

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