Tras la promulgación de la nueva Ley de Migraciones en abril de este año -para avanzar hacia una migración más ordenada, segura y regular- el Gobierno se propuso expulsar a 2.700 migrantes en 2021, este miércoles a las 8:00 am se concretaría otro de estos procesos. En el vuelo se incluye la deportación de 11 inmigrantes que deberán abandonar el país porque fueron condenados por delitos que van desde el robo con violencia, el tráfico de drogas, hasta la posesión de armas.
Los inmigrantes que serán expulsados fueron condenados a penas que van desde los tres años y un día hasta los cinco años y un día de cárcel. Se trata de 3 haitianos, 3 dominicanos y 5 bolivianos. En el caso de los ciudadanos haitianos fueron considerados culpables: uno por el delito robo en lugar habitado y dos por robo con intimidación. Además, tres dominicanos también forman parte del grupo de deportados, una por robo con intimidación, otra por tráfico ilícito de estupefacientes y otra por porte de arma de fuego modificada. Por último, cinco bolivianos fueron imputados por tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.
La mayoría de los ciudadanos expulsados residía en Santiago, mientras que el grupo de ciudadanos bolivianos estaban domiciliados en Antofagasta o Arica. En detalle, cuatro de los cinco andinos conformaba un grupo de narcotraficantes que se ubicaba en la frontera. «Tras diversas diligencias investigativas por la Brianco Arica, se determinó que los extranjeros junto a otros sujetos, se encontraban realizando distintas coordinaciones para la entrega de una cantidad indeterminada de droga, internada a nuestro país por pasos fronterizos no habilitados, siendo detenidos por personal policial en la Región de Arica y Parinacota», describe parte de la sentencia.
También con drogas tiene que ver el delito que se le imputa a F.M.D.M., quien al momento de su detención mantenía 5 bolsas contenedoras de clorhidrato de cocaína y 11 bolsas de marihuana. Mientras que en el interior de su vivienda se encontró clorhidrato de cocaína y cannabis a granel. Fue acusado y condenado por tráfico de sustancias estupefacientes. Mientras G.A.H. fue condenado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de tráfico ilícito de drogas por hechos ocurridos en la comuna de Antofagasta ya que transportaba dos paquetes, ambos contenedores de cocaína base, con un peso bruto total de 2 kilos 244 gramos.
L.Y.F., por su parte, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte de arma de fuego modificada. Este individuo fue sorprendido por Carabineros de Chile a bordo de un automóvil, manteniendo en su poder un arma de fogueo adaptada al calibre .38, «siendo apta para
su disparo como arma convencional y en su cargador 2 municiones, también aptos para ser disparados, sin contar con las autorizaciones legales para el porte, tenencia o transporte».
En cuanto a los robos, en el caso de M.W., el individuo -junto con otros dos sujetos- forzó la puerta del domicilio de la víctima, para sustraer diversas especies, pero fue detenido y condenado a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de robo con fuerza en lugar habitado.
D.J. recibió la misma condena por el delito de robo con intimidación. En su caso el hecho ocurrió en la comuna de Santiago -en las inmediaciones del Parque de Los Reyes- cuando apuntaron a las víctimas con un arma de fuego, intimidándolas para asaltarlas.
Por robo con intimidación también fue condenado J.H., quien al chocar el vehículo de la víctima con su motocicleta, la amenazó con un arma de fuego y le quitó su vehículo, documentos personales, dinero y su teléfono celular. Por su parte, F.M.H. amenazó a su víctima con un arma blanca en la Plaza de Armas de Santiago para robarla.
El problema de la política de «puertas abiertas»
Se trata de personas que ingresaron entre 2016 y febrero de 2018 por el Aeropuerto Merino Benítez de Santiago durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esto, luego de que exmandataria impulsara en enero de 2017 el proyecto de ley de migración que, entre otras cosas creaba el Registro Nacional de Extranjeros y definía una catálogo de derechos y deberes para los inmigrantes. «Estamos dando un paso importante para la convivencia en Chile», celebró Bachelet cuando fue promulgado en agosto de ese mismo año.
La normativa, además, apuntaba a flexibilizar el ingreso y permanencia de los migrantes en el país y, el artículo que generaba más polémica, establece que la realización de un delito no obligaría una expulsión inmediata. Desde esa fecha, ocurrió un boom de migraciones descontroladas al país, del que le alertaron a través de un oficio a la expresidenta, específicamente sobre los ciudadanos haitianos. La advertencia la firmaba el entonces director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, Carlos Appelgren.
Ya desde entonces el oficio alertaba de “graves situaciones de vulneración de derechos que están afectando a los propios nacionales haitianos”.
Desde el Servicio Nacional de Migraciones han advertido que consideran un riesgo volver a retomar la política migratoria que se aplicaba en el país antes de 2018, porque se “dejó que ingresaran a un flujo de más de 300 mil personas al año sin visa ni carnet de identidad, sin revisar antecedentes penales, donde la gran mayoría quedó irregular, invisibles a la administración del Estado, y con un sobrecargo enorme a los servicios de comunas como Arica, Iquique, Antofagasta, Independencia, Santiago y Estación Central. Esto generó graves problemas de convivencia, abusos laborales, hacinamiento en materias de vivienda, y problemas de cohesión con los nacionales”.