Uno de los hitos del primer cambio de gabinete que realizó la Presidenta Michelle Bachelet ayer fue la llegada del segundo ministro comunista al Gobierno, Marcos Barraza Gómez, quien además tendrá su oficina en el propio palacio de La Moneda.
Barraza fue promovido como ministro previa su gestión como subsecretario de Previsión Social, donde dirigió las políticas públicas en materia de previsión social, y dirigió la “comisión Bravo” que busca mejorar el sistema de pensiones.
Sin embargo, el nombramiento del ministro fue cuestionado por históricos dirigentes del sindicato de trabajadores de la Universidad Arcis, como la ex tesorera Jacksa Suazo, quien alega que el entonces subsecretario nunca los recibió, pese a las reiteradas solicitudes de audiencia para exponerle el drama previsional y de sueldos impagos que han vivido durante más de un año dichos trabajadores.
“Nunca jamás nos recibió, pese a las reiteradas peticiones que le hicimos como sindicato. Nunca nos respondió por los sueldos y cotizaciones impagas”, señala a “El Líbero” la ex dirigente sindical, quien debió autodespedirse de la casa de estudios luego de ocho meses de sueldos impagos y una deuda de $4,5 millones.
Suazo es parte de los 330 trabajadores de la U. Arcis -que estuvo controlada por dirigentes del Partido Comunista entre 2004 y 2014-, que no les pagan el sueldo desde septiembre de 2014. Además, los empleados tienen más de $400 millones en deudas previsionales impagas de cotizaciones a las AFP, salud y seguro de cesantía desde abril de 2014.
La compleja situación económica de la universidad la llevó al cierre de la escuela de música, a caer en 80% su matrícula -de 3.300 a 700 alumnos- y a ser investigada dos por el Ministerio de Educación, que no descarta el nombramiento de un administrador provisional.
Barraza presidió directorio que retiró millonarias utilidades de inmobiliaria
Entre mayo de 2011 y marzo de 2014 Marcos Barraza fue socio de ICAL Capacitaciones, y en septiembre de 2012 llegó a la sociedad Ediciones ICAL Ltda –ambas pertenecientes al PC-, desde la cual integró el directorio de la inmobiliaria Libertad S.A., dueña de la casa de estudios.
Según un reportaje de Ciper, el 4 de diciembre de 2012 se reunieron los cuatro socios de la inmobiliaria, ONG ICAL -representada por Claudio de Negri-, que tenía el 50,5% de la propiedad, Ediciones ICAL Ltda, -representada por Marcos Barraza-, con el 25,5%, Inversiones Salvador S.A., con un 23,1%, y Max Marambio a través de Nazareno S.A., que apenas tenía el 0,5%.
El acta de sesión indica que Barraza, como presidente del directorio, afirmó que la venta de la sede en Huérfanos 1721 ya se había concretado, y que la inmobiliaria “no contempla proyectos de nuevos inversiones propias del giro, por lo que no tiene sentido y carece de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones”.
Según el mismo sitio, los socios de la inmobiliaria procedieron a hacer cuentas para calcular el dividendo a repartir, y el excedente fue de casi $540 millones.
Incluso, Mónica González, directora de Ciper, al comparecer ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la U. Arcis, añadió que la razón que entregó el socio mayoritario de la inmobiliaria, ONG ICAL, fue porque “requería dichos fondos para las actividades propias de su institución”.
Arcis le pagó $174 millones a la sociedad de Barraza
ICAL Capacitación fue fundada en agosto de 2006 y tiene la sede en Ricardo Cumming 350, Santiago, propiedad del Partido Comunista, donde también están la inmobiliaria Libertad S.A. y ONG ICAL.
La sociedad tuvo como representante legal a Daniel Núñez, actual diputado, y el socio Marcos Barraza vendió su participación el 5 de marzo de 2014 antes de asumir el cargo.
Además, entre 2009 y 2013 la U. Arcis le traspasó a ICAL Capacitación Ldta casi $174 millones, en pagos mensuales que oscilaron entre $3,4 millones y $2,8 millones. La razón que señalaron las facturas fueron “cursos de capacitación y desarrollo social”.
Barraza fue citado tres veces a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para explicar su participación en dichos negocios, pero declinó asistir las tres veces.
Diputado Kast: “Su nombramiento es uno de los errores más graves del Gobierno”
El diputado de la UDI, José Antonio Kast, quien ha liderado las denuncias sobre la Universidad Arcis, y que fue miembro de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, señaló a este diario que el nombramiento de Barraza en el Ministerio de Desarrollo Social es “quizás uno de los errores más graves de este cambio de gabinete, toda vez que fue y está cuestionado por su gestión en lo que término con la crisis total de la Universidad Arcis. Ello porque no sólo era socio de Ediciones ICAL e ICAL Capacitación sino que presidente de la sociedad Inmobiliaria Libertad S.A. una de las vías jurídicas para retirar utilidades de la Universidad”.
El parlamentario cuestionó que como subsecretario de Previsión Social no “haya hecho nada por ayudar a resolver u orientar a cientos de trabajadores que llevan ocho meses sin sueldos. Con qué autoridad va a dirigir el Ministerio de Desarrollo Social si en su historial tiene esta situación absolutamente injusta para trabajadores chilenos”.
Kast concluyó que, al parecer, “en este cambio primó el apoyo en votos de PC a la Nueva Mayoría y no el bien de Chile que necesita autoridades que no estén cuestionadas y menos en temas tan sensibles como el trabajo y la educación”.
Pagos de la Universidad Arcis a Ical Capacitación (2009-2013)