Hugo Armando Espinoza Grimalt, histórico militante socialista vinculado a Gendarmería durante las últimas tres décadas, volvió a aparecer en el tapete público ayer luego de que se revelara que el Ministerio de Justicia decidió terminar su contrato de asesor.
El sociólog,o que milita desde los 17 años en el PS, dirigió la institución entre 1998 y 2002, luego siguió vinculado a la planta funcionaria durante el primer gobierno de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010 –aunque trabajaba en la Segpres-; pero el director de Gendarmería, Luis Masferrer, nombrado por el gobierno de Sebastián Piñera, le pidió la renuncia.
Sin embargo, la vuelta de Bachelet a La Moneda le permitió a Espinoza regresar en agosto de 2014 a Gendarmería como jefe del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, y con un sueldo bruto superior a $3 millones.
Los cargos de sus familiares en Gendarmería
De ese cargo salió en medio de denuncias de abusos laborales a los funcionarios, y fue derivado a hacer clases en la Escuela de Gendarmería y asesorar al director por un sueldo muy similar, cercano a los $3 millones, y grado cinco, equivalente al de jefaturas de departamento.
La presidenta de la Asociación de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), Viviana Camilo, afirmó a este medio que el subdepartamento de Servicios Sociales investigó las denuncias de abusos laborales de Espinoza contra cuatro funcionarios. “Le dije que cómo siendo ex director de Gendarmería era maltratador”, señaló la dirigenta.
Su primo, el coronel Maurice Grimalt, es el segundo en el mando en Gendarmería con el cargo de subdirector operativo; y su hermano Mario Espinoza Grimalt es jefe administrativo de unidad.
Sin embargo, ante una consulta de La Tercera sobre las funciones de Espinoza en la institución, en el Ministerio de Justicia señalaron este jueves que “en las últimas horas” se había tomado la decisión de desvincularlo, lo que estaba en proceso de notificación.
Pagó millonarias asesorías a dirigentes de la Concertación
Durante su gestión como director de Gendarmería, Espinoza pagó millonarias asesorías a dirigentes políticos de la entonces Concertación, como los ex ministros Carlos Maldonado ($15 millones), Osvaldo Puccio ($20 millones) y Marigen Hornkohl ($40 millones).
El 17 de octubre de 2007 el ex director declaró ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y dijo que las contrataciones de los políticos se justificaban porque tenían experiencia en el sistema penitenciario y en la reforma procesal penal que se implementaba en el país.
Espinoza reconoció que en 2000 se duplicó el número de contrataciones a honorarios en Gendarmería, que significaron un gasto de $400 millones, muy superior a los $100 millones que se pagaron en años anteriores.
También admitió que las personas a honorarios no realizaban labores a tiempo completo, sino que cumplían una función específica que consistía en brindar una asesoría al director nacional “en todo aquello que tuviera que ver con la modernización del sistema penitenciario, para ajustarlo a los requerimientos de la reforma procesal penal”.
El ex director reconoció que no recordaba haber leído los informes que debían presentar los asesores, pero presume que, por tratarse de 18 documentos oficiales, debían hallarse archivados en la repartición correspondiente de Gendarmería. Admitió, por otro lado, haber prestado asesoría a ésta durante algún tiempo, también en calidad de honorarios, pero ese vínculo cesó un mes antes de asumir como director institucional. Por dichas asesorías recibió casi $18 millones.
Además, admitió que siendo director del organismo, se pagó a los jefes de gabinete del ministerio de Justicia un honorario con fondos de la repartición a su cargo.
En su currículum político está el haber sido fundador y subdirector de la Oficina de Seguridad Pública durante los 90′, entidad de contra-inteligencia cuya tarea era neutralizar, desarticular y eliminar a las organizaciones revolucionarias de izquierda.
La polémica licencia médica de Espinoza
En noviembre de 2007, el entonces ministro de Justicia de Bachelet, Carlos Maldonado (PR), debió dar explicaciones ante dicha comisión investigadora por la denuncia de que Hugo Espinoza presentó una licencia médica de 11 días como funcionario de Gendarmería en 2005, aunque había renunciado en 2002, y trabajaba a tiempo completo como asesor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La licencia fue enviada a la Dirección de Previsión de Carabineros a nombre de Espinoza en calidad de “profesional” de Gendarmería y residente en la “Dirección Nacional”.
La explicación del involucrado fue que pese a que había salido de la institución mantenía un cargo de funcionario de planta, institución en la que en esa época ya llevaba más de 15 años. También dijo que otra persona cumplía su labor y que sólo recibía el sueldo de la Segpres pero que accedía a los beneficios previsionales y de salud en Gendarmería.
“Por tener un cargo de planta profesional en Gendarmería pertenezco al sistema de salud de Dipreca, donde hago mis cotizaciones y donde paso todas mis licencias. Pero sólo recibo el sueldo de la Segpres y mi cargo en Gendarmería, por suplencia, se encuentra ocupado por otra persona”, explicó a La Tercera en noviembre de 2007.
Su función en el centro de estudios del PS
Además del trabajo que tenía en Gendarmería, el sociólogo está encargado de la coordinación general de programas y áreas del Instituto Igualdad, que es una fundación de derecho privado creada por el Partido Socialista, y que busca “fortalecer las instituciones democráticas y republicanas de Chile, en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad”.
En ese cargo integró la Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana de la campaña presidencial de Bachelet en 2013, que estuvo liderada por la ahora ministra de Justicia, Javiera Blanco.
En abril pasado integró una comisión especial de la Nueva Mayoría para abordar el proceso constituyente y promover los cabildos ciudadanos.
Incluso, Espinoza colaboró en la redacción de un documento que se distribuyó entre los militantes socialistas y que define la postura del PS frente a una nueva Constitución.
“El PS ha definido en sus últimos congresos apoyar la asamblea constituyente como mecanismo para elaborar una nueva Constitución”, señala el texto, que enumera los derechos fundamentales defendidos por los socialistas.