“Me amenazaron de muerte en dos ocasiones y estuve con carabineros desde al año 2020 hasta que me fui de la Cámara”. Es parte del relato del ex diputado Sebastián Torrealba que grafica la dedicación que tuvo en los temas de crimen organizado y narcotráfico.

Hoy, fuera del Poder Legislativo y dedicado al mundo privado relacionado con la ciencia y tecnología, Torrealba sigue al tanto del debate público como “militante de Chile Vamos” tras renunciar a Renovación Nacional.

El pasado martes 29 de noviembre pensó que sería un buen día. El proyecto de ley que busca mejorar la persecución al crimen organizado y al narcotráfico vivía su tercer trámite en la Cámara y podía ser ley.

Pero la insistencia en una indicación sobre cannabis medicinal de la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) terminó llevando el texto legal a comisión mixta.

Torrealba -relata- no lo podía creer. En carne propia vivió los escollos de una tramitación que tiene años de espera y que pudo ver la luz. Pero no fue así.

En conversación con El Líbero, el ex diputado alerta sobre los problemas que puede generar lo ocurrido esta semana en la Cámara.

-¿Cuál es la importancia de este proyecto que busca entregar más herramientas para perseguir al crimen organizado? 

-Es un proyecto de ley del ex Presidente Piñera con respecto a la inseguridad que estábamos viviendo. Estaba el proyecto de inteligencia en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, también el de asociación ilícita y de asociación delictual en la comisión de Seguridad. Y en la comisión de Constitución estaba este de narcotráfico y crimen organizado. Yo pedí estar en ese trámite porque me interesaba mucho el tema y tenía ideas e información para aportar. Este proyecto lo empezamos a ver a mediados del año 2020 en la comisión de Constitución de la Cámara. Ahí presenté muchas indicaciones que tenían que ver con quitarle sus bienes a los narcotraficantes. Hoy ellos tienen dos cosas que son sus principales activos: sus redes de contacto y la plata y los bienes que manejan. 

Y ejemplifica: «Hoy cuando la PDI encuentra drogas, plata, bienes de mucho valor, la policía no puede requisar el dinero hasta que demuestre que tiene un origen ilícito, por lo tanto, el peso de la prueba está en el lado del que investiga y no en el lado del que está siendo investigado. En el proyecto de ley dimos vuelta el peso de la prueba en el imputado para que él explique a la justicia por qué tiene tal cantidad de dinero, por ejemplo.

También sumamos que cuando exista una formalización de una causa, la policía, a través de una orden de la fiscalía, pueda allanar esos bienes, por lo tanto, se le quita parte importante de la fuerza que tienen los narcotraficantes».

-¿Y cuáles fueron los problemas que enfrentaron en la tramitación de esta ley el año pasado?

-El principal problema fue la tozudez de la diputada Karol Cariola, que estaba en la comisión de Constitución, y del diputado Tomás Hirsch que ingresaron una indicación redactada, yo no sé si de puño y letra por la Fundación Daya, en que buscaban en este proyecto de ley legislar sobre la cannabis medicinal.

Yo no tengo ningún problema con la cannabis medicinal, los mismo con el autocultivo, es algo que hay que regular, pero eso va por otro carril.

-¿Por qué le da ese rol a la Fundación Daya creada por la actual diputada Ana María Gazmuri? 

-Ellos han estado en todo el proceso, en la discusión en general y en particular. Es normal que asistan distintos invitados a las comisiones. Pero lo que no es normal es que una empresa o una institución intervenga en la discusión en particular de un proyecto, porque eso es prerrogativa de los parlamentarios. Gazmuri junto con la revista Cáñamo insistieron mucho en «asesor» a los parlamentarios. Y creo que constantemente mandaban indicaciones, argumentos a los diputados. Fue un lobby feroz de la Fundación Daya.

-¿Qué tiene que ver el proyecto que da más herramientas para perseguir el crimen organizado con regular la cannabis medicinal?

-Absolutamente nada. La única explicación que tenía es que yo pedí que este proyecto de ley tuviera discusión inmediata o suma urgencia, por lo tanto, estaba avanzando muy rápido y ellos aprovecharon la oportunidad de meter ahí la indicación, cosa de regular el tema que les interesaba. Después de mucho trámite, la discutimos y se rechazó. El proyecto, así, se fue al Senado sin esa indicación. Pero ahí no se vio por mucho tiempo. Yo insistía que le dieran urgencia. Incluso me amenazaron de muerte en dos ocasiones y estuve con carabineros desde al año 2020 hasta que me fui de la Cámara.

Pero dos meses atrás el actual Gobierno le puso suma urgencia y empezó la discusión en el Senado. Ana María Gazmuri ahora era diputada y la fundación seguía haciendo lobby.

Nuevamente en la Cámara Alta se ingresó la indicación sobre la cannabis medicinal. Se rechazó con los mismos argumentos de antes, es decir, que no tenía que ver con el proyecto de crimen organizado sino que tenía que verse en la ley de autocultivo o en cannabis medicinal, que está en su primer trámite en el Senado.

«La diputada Gazmuri tiene un conflicto de interés gigantesco»

El exparlamentario relata que, tras ser aprobado en el Senado, el proyecto de crimen organizado volvió a la Cámara de Diputados. Pero cuando se fue a sala para ser votado, la diputada Gazmuri repuso la indicación. «Ella hizo lobby para que aprobaran una votación separada que implicaba llevar el proyecto a comisión mixta y, por lo tanto, a través de su capricho, su causa o su negocio, logra instalar su indicación y el proyecto de crimen organizado -que lleva esperando tres años- se retrasa nuevamente.

-¿En concreto cuál es el problema que usted observa en la actuación de la diputada?

-El problema es que Ana María Gazmuri, hoy día diputada, fue fundadora de la Fundación Daya, directora ejecutiva de la Fundación Daya. Hizo toda su campaña política con la lógica de su causa que es la cannabis medicinal, que no tengo problemas con eso, pero ella siendo diputada tiene un conflicto de interés gigantesco. Su hermana, su hermano y su marido son directores de la Fundación Daya: Victoria Gazmuri, Renato Gazmuri y Nicolás Dormal. Y si se aprobara esta indicación, en los hechos pasaría que la Fundación Daya -que es la única autorizada hoy junto con Mama Cultiva de poder producir marihuana para el consumo medicinal- quedaría en una posición dominante en un mercado que se abriría para todos. Por lo tanto, las ganancias que podría tener la Fundación Daya y Mamá Cultiva son gigantescas.

Lo que debería haber hecho Ana María Gazmuri es inhabilitarse de esta votación, ni siquiera haber presentado indicaciones. Me llama mucho la atención que nadie hiciera notar esto en la sala. Gazmuri, por un capricho o por un negocio, está postergando una ley clave, la llave maestra para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico

-¿Qué se puede ahora de la tramitación del proyecto?

-Pudimos haber tenido una gran noticia de haber aprobado la ley de crimen organizado y narcotráfico y esto hace que se vaya a mixta, que se tenga que constituir esa comisión para discutir las indicaciones. Si esto no se hace de aquí al 29 de enero, que es cuando termina el período legislativo, vamos a llegar a marzo sin esta ley. Es muy grave, de una irresponsabilidad gigantesca porque vemos cómo el narco avanza y avanza y la legislación se va quedando atrás.

Veo que hay desidia no solo por parte de una parlamentaria sino también de Gobierno, porque ellos debieron haber advertido esto. La demora de esta legislación es grave porque el narco ya está presente y nos podemos convertir en un Estado fallido. Está en los portonazos, en los productos pirateados, etc.

Torrealba subraya: «Me llama la atención que en el Congreso nadie haya estado atento a esto. Y que nuestro sector se calle ante este tipo de cosas, ¿dónde están nuestros diputados?»

-¿Qué pasaría si en la tramitación se aprueba la indicación de la cannabis medicinal? 

-Si aprueba la indicación de la cannabis medicinal en el proyecto de crimen organizado, lo enreda, lo confunde, le mete «pelos en la sopa» a los fiscales y a los jueces para tomar buenas decisiones. Enreda una ley que es persecutoria con otra que quiere regular un mercado y hacer legal el consumo de marihuana.

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1 comentario

  1. La Diputada Gazmuri debiera ser pasada a la comisión de ética sin duda alguna, pues lo que logró fue favorecer sus propios intereses en lugar de legislar por el bien del país y sus habitantes. Inaceptable lo que ocurrió e incomprensible que en la discusión parlamentaria no se le haya solicitado inhabilitarse.

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