El jueves fue el último día de Fernando Molina como asesor jurídico de la Municipalidad de Santiago. La salida del exfuncionario se sumó a la lista de renuncias que han marcado a la administración de la alcaldesa comunista Irací Hassler. Una semana agitada para la edil en la que también tuvo una advertencia de Contraloría con respecto a su participación en el comando de Gabriel Boric: “No podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado”. 

Gastón Llona fue la primera baja de la Dirección de Educación. Tal como asegura el concejal de la comuna, Juan Mena, las salidas se deberían a las diferencias con la edil y el resto del equipo. «Después hubo una segunda que fue la encargada de comunicaciones, Melissa Gutiérrez que ella también al parecer tenía problemas personales, pero dejó el municipio. No habría estado de acuerdo en algunas directrices con respecto al lineamiento que tenía la municipalidad». 

Los malos tratos de parte de las autoridades serían la razón detrás de las renuncias y así lo habría dejado en evidencia Melissa Gutiérrez, quien se desempeñaba como Directora de Comunicaciones. Según consigna La Segunda, la excolaboradora de la diputada Camila Vallejo (PC) habría puesto en su cuenta de Twitter: “No es fácil decirle no al acoso y al maltrato. Renuncié a una pega que parecía estupenda, pero insostenible para mi salud física y mental”. Al ser consultada por El Líbero, Gutiérrez indicó que dejó el cargo por razones personales. 

Asimismo, fuentes cercanas a la municipalidad acusan que habría gritos hacia los trabajadores y una relación distante con la alcaldesa.

En el caso del director jurídico, Fernando Molina, “hasta la semana pasada todavía estaba, pero tenía entendido que duraba hasta fin de mes (30 de septiembre), que también había renunciado. Creo que obedece a un tema de que hubo acusaciones que nos hicieron llegar a todos los concejales por parte de funcionarios municipales con respecto a maltratos que habrían existido por parte de la dirección«, agrega Mena.  

Desde la Asociación de Funcionarios Municipales ya habían mostrado su disconformidad con las funciones de Hassler donde, por medio de una carta con copia a todos los concejales, expresaron la necesidad de mejorar las condiciones que estaban enfrentando. «Consideramos equivocado el camino porque ni la amenaza, ni la coerción son una forma correcta de encantar, de construir equipos y de mejorar los desempeños. Como Asociación de Profesionales consideramos que el trabajo debe tender a elevar los estándares en conjunto con los trabajadores y no sin ellos», dice la misiva enviada el 7 de septiembre, en la que aluden principalmente a hechos ocurridos en la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Sin embargo, tiempo después enviaron una similar en la que agradecían el cambio positivo en las funciones. Situación que habría molestado a algunos.  

El concejal opina que eso pudo haber influido en la renuncia del asesor: “Me imagino que al Director Jurídico no le tiene que haber gustado que finalmente estas asociaciones dieran la mano a torcer o fueran oídos por parte de la administración”. Molina fue consultado sobre su renuncia, pero al cierre de esta edición aún no se había recibido su respuesta. 

En conversación con El Líbero, el exdirector jurídico del mandato de Felipe Alessandri, Agustín Romero asegura que apenas asumió la nueva administración municipal y Molina entró en el cargo, dos funcionarios del área fueron desvinculados de forma inmediata en lo que califica como una política «de puertas cerradas». Asimismo, el actual candidato a diputado dice que aplicaron otras cuestionadas estrategias con sus funcionarios.

Orlando Hasbún es uno de los afectados. El trabajador que tenía la mayor antigüedad de la Dirección Jurídica fue cambiado de sus funciones y trasladado a uno de los juzgados de Policía Local de la comuna. El abogado, que llevaba más de 35 años de servicio en el área –según cuenta Romero–  habría sido cambiado tras en una política e «injusta» decisión.

Los nudos con la campaña de Boric

Las renuncias en su equipo no ha sido lo único que ha acontecido en la semana de Hassler. Luego de que La Tercera afirmara que la alcaldesa asumiría la vocería del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), se desataron una serie de cuestionamientos sobre la legalidad de la participación de la autoridad comunal en una campaña política. Horas más tarde, fue la propia alcaldesa quien aclaró que participaría como co-coordinadora. 

La Contraloría se pronunció sobre el caso y, por medio del Twitter de ‘Contralorito’, le hizo un recordatorio a la alcaldesa sobre sus responsabilidades. Tal como aseguró la entidad, dichas autoridades se encuentran bajo probidad administrativa, lo que implica que, en el ejercicio de sus cargos, deben abstenerse de realizar actividades políticas, “para velar por el cumplimiento de sus funciones, a esto se le suman los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija”.

Asimismo, desde la institución recordaron que los alcaldes “están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines”.

“Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”, explica el tuit.

Tras la aclaración y por medio de la misma red, Hassler agradeció a ‘Contralorito’ y aseguró que ya había revisado las instrucciones y dictámenes de la Contraloría “para obviamente cumplir al pie de la letra: sin participación en jornada laboral y sin utilización de ningún bien municipal”.

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