El viernes 14 de agosto pasado el secretario de Estado de EE.UU. John Jerry, aterrizó en La Habana e izó la bandera en la embajada de su país como símbolo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura.
Un mes antes el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, había inaugurado la embajada de la isla en Washington, en lo que fue catalogado como un momento histórico en las turbulentas relaciones entre ambos países desde 1959, cuando los hermanos Fidel y Raúl Castro se tomaron el poder mediante una revolución armada, e instauraron dos años después un régimen comunista en plena Guerra Fría.
Pero agosto también hizo noticia pero por razones diferentes: Fue el mes con mayores detenciones arbitrarias de cubanos en 10 años, según denunciaron el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Según el OCDH, el régimen de Raúl Castro detuvo por razones políticas a 915 personas, de las cuales 474 eran mujeres. La mayoría de las detenciones arbitrarias ocurrieron en la provincia de La Habana (462) contra “personas que intentaban ejercer derechos universales como el derecho de asociación y expresión”.
“Esto ocurre mientras aún se respira el ambiente de celebraciones por la apertura de embajadas, y se anuncian importantes visitas de personalidades, presidentes y parlamentarios y se divulga la fecha de reuniones con la Unión Europea”, señala el observatorio, que advierte sobre “el peligro que significa una política de hechos consumados sin un claro posicionamiento en temas cruciales como los derechos y las libertades del pueblo cubano”.
El observatorio es un organismo sin fines de lucro fundado en 2009 y está integrado fundamentalmente por ex prisioneros de conciencia cubanos, pertenecientes al grupo de los 75 arrestados en la causa conocida como Primavera Negra de Cuba del 2003; asimismo, la integran miembros de la Asociación Damas de Blanco y otros activistas cubanos de derechos humanos en Cuba y el exilio.
Disidentes denuncias brutales golpizas, vejámenes y amenazas
Conclusiones similares arrojó el informe de agosto de CCDHRN, que constató 768 detenciones policiales de disidentes, «la cifra más alta en relación con el promedio mensual de los últimos diez años».
Según la comisión, fundada en 1987 por un grupo de ex prisioneros políticos y disidentes, se documentaron 21 casos de agresiones físicas, ocho víctimas de actos de repudio y al menos un acto vandálico, “ejecutados por la policía política secreta y agentes parapoliciales».
Según se detalla, «en los meses transcurridos de 2015 observamos un empeoramiento de la situación de derechos civiles y políticos en Cuba», que la CCDHRN cataloga como «la peor del Hemisferio Occidental» y considera que «el Gobierno no ha dado un solo paso significativo para mejorarla mediante la necesaria despenalización del ejercicio de tales derechos fundamentales».
En el listado que incluye el informe se destacan decenas de detenciones a las Damas de Blanco y activistas que participan en la marcha dominical por la Quinta Avenida, al oeste de la ciudad de La Habana.
“Resulta cada vez más notorio el aumento de la violencia policial contra mujeres y hombres que sufren todo género de maltratos físicos, vejámenes y amenazas con el objetivo de que depongan su posición contestataria”, señala la comisión isleña.
Entre los casos denunciados, resalta la “brutal agresión física sufrida por Fernando Vázquez Guerra, el 26 de agosto, a quien un capitán de la policía nacional de Camagüey, de apellido Molina, le propinó un culatazo en la cabeza con su pistola de reglamento luego de haberle apuntado con la misma y accionado el gatillo en tres ocasiones sin balas en el directo.
José Miguel Vivanco: La represión «no ha cambiado»
El columnista internacional, Andrés Oppenheimer, es partidario de la política de “doble carril” del Presidente Barack Obama de restablecer relaciones y que ambas naciones mantengan un diálogo para una eventual “normalización de Cuba”, pero apoyando en paralelo la causa de los derechos humanos.
José Miguel Vivanco, director para América de la ONG Human Rights Watch, señaló tras la reanudación de las relaciones que de “acuerdo con la información de que disponemos, la represión a los disidentes no ha cambiado nada».
«Es una pauta de acoso, arrestos sin proceso judicial, y hostigamiento. Por actividades que antes podían costarte 18 años de cárcel, ahora te caen tres. Es una represión calculada; una muestra del pragmatismo de Raúl, que quiere mantener el control de un Estado totalitario pero con el mínimo daño internacional. Se trata de la misma manera de pensar que ha llevado a Castro a realizar la apertura a Estados Unidos», afirmó al diario El Mundo.