Actualidad Informativa es presentado por:
Publicado el 04 de noviembre, 2015

El veredicto de 13 expertos sobre cómo resolver la colusión, después de estudiar seis meses el tema

Autor:

Uziel Gomez

Incluir la sanción de cárcel generó divisiones al interior de la comisión asesora presidencial, pero sí hubo consenso en que las multas deben aplicarse según las utilidades obtenidas y en que los infractores deben quedar inhabilitados en cargos públicos y en directorios.
Autor:

Uziel Gomez

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Las mediáticas colusiones de los pollos y de las farmacias llevaron al entonces Presidente Sebastián Piñera a crear en diciembre de 2011 una comisión asesora “para la defensa de la libre competencia”, que fue presidida por el decano de Economía de la Universidad Católica, Francisco Rosende, y que entregó una serie de recomendaciones tras seis meses de intenso debate, en mayo de 2012.

La polémica por las colusiones vuelve a la palestra pública con la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las empresas productoras de papel tissue CMPC y SCA Chile, escándalo que llevó al Gobierno a ponerle suma urgencia al proyecto presentado en marzo pasado que fortalece la libre competencia y establece las sanciones de hasta 10 años de cárcel a los infractores, entre otras medidas.

Precisamente, muchas de esas propuestas provienen de la comisión asesora presidencial, que congregó a 13 destacados académicos, principalmente, y que tuvo de secretario ejecutivo a Tomás Flores, ex subsecretario de Economía.

“No obstante los progresos alcanzados en la modernización de la institucionalidad de defensa de la libre competencia, quedan tareas pendientes. En especial en el ámbito del perfeccionamiento del mecanismo de la delación compensada; el sistema de sanciones; la modernización del sistema de consultas en los casos de fusiones y; en la construcción de una “doctrina” del TDLC”, planteó dicha comisión.

La comisión se pronunció sobre los cuatro aspectos más relevantes en el debate de la colusión: La sanción de cárcel, las multas, la delación compensada y las inhabilidades.

Desacuerdo sobre la sanción de cárcel para los coludidos

Sancionar con penas de cárcel fue un tema muy controvertido y “objeto de un riguroso análisis” en la comisión, dado que si bien en EE.UU. se aplican en Europa no.

Algunos miembros de la comisión defendieron no incluir el presidio debido a la adopción de un marco institucional que al elevar las multas y potenciar la labor de la FNE “pareciera estar funcionando adecuadamente”. Pero los que sí pidieron cárcel plantearon la “necesidad de manifestar clara y expresamente el rechazo hacia aquellas prácticas lesivas, en especial las referidas a la colusión”,  y que sería más efectivo “en la contención de las prácticas anticompetitivas”.

Proyecto de ley: El proyecto que se debate en el Congreso establece una pena principal de crimen, esto es, reclusión mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).

Multas según las utilidades de la empresa

La comisión observó que  las multas de hasta 3.000 UTA (Unidad Tributaria Anual) no fueron una restricción a las decisiones de los tribunales, considerando que el promedio de las multas aplicadas hasta 2010 no superó el 30%  de la máxima sanción.

La propuesta que concitó “un importante grado de coincidencia” fue recomendar la práctica existente en diversos países de fijar la multa como un porcentaje de las ventas de la empresa durante el período del ilícito. En la Comunidad Europea se aplica el 30%, y la legislación de EE.UU. no es explícita pero se aplica alrededor del 20%.

“Dado las dificultades prácticas que involucra disponer de mediciones certeras y oportunas del ‘beneficio monopólico’, se recomienda que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia adopte una política de multas basada en un porcentaje de las ventas materializada por los partícipes del ilícito”, concluyó la comisión, sin establecer un monto específico.

Proyecto de ley: La propuesta del Gobierno es que el monto máximo de la multa ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que éste puede ser claramente determinado por el Tribunal, o, en caso contrario, al 30% de las ventas del infractor correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.

Fortalecer  la delación compensada

En forma unánime, la comisión observó que el principal problema que posee la delación compensada es su poca efectividad desde su implementación porque no provee de inmunidad penal efectiva a quienes se  acerquen a la FNE a delatar el cartel.

Las acciones judiciales pueden ser emprendidas por la FNE y por el Ministerio Público, lo que en el caso de esta segunda vía incluye la posibilidad de sanciones penales. “Como es obvio, esta situación ha desincentivado su uso en la práctica. Es necesario elaborar algún marco jurídico que entregue inmunidad a quienes se delaten y lleguen a un acuerdo de delación compensada ante la FNE”, plantea la comisión.

Proyecto de ley: Mantiene que el ejecutor de la conducta que primero aporte antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica pueda acceder a la exención de la multa, e incluye la exención de responsabilidad criminal.

Inhabilidades por cinco años

Los especialistas recomendaron establecer inhabilidades a cargos de representación pública -incluyendo la participación en directorios de sociedades anónimas abiertas- a las personas naturales involucradas en la elaboración y/o puesta en práctica de una colusión.

También sostienen que los ejecutivos principales de sociedades anónimas abiertas o directivos de servicios públicos o reparticiones estatales queden inhabilitados por un período de hasta cinco años, para ejercer tales cargos en sociedades anónimas o entidades públicas.

Proyecto de ley: Para las personas naturales establece una pena accesoria de inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas, así como cualquier cargo directivo en asociaciones o colegios profesionales, por un plazo de cinco años contados desde que la sentencia definitiva quedare ejecutoriada.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: