La participación ciudadana como eje principal dentro del proceso constituyente. Desde el periodo de campaña rumbo a la Convención se dijo que la Constitución se escribía junto a la ciudadanía y que el órgano sería la “casa de todos”. En consecuencia, ha existido bastante expectación por la participación popular. Justo que expiró el plazo para subir iniciativas populares de normas en plataforma.chileconvencion.cl, surge la pregunta sobre cómo se resguardan los datos de las personas que ingresan su información al sistema. Esto porque se requiere entregar una detallada información personal (RUT, nombre, teléfono y, obviamente, marcar la o las iniciativas que se apoyan).

El plazo para patrocinar iniciativas finaliza el 1 de febrero.

Según el Artículo 30 del Reglamento de Participación Popular, la Secretaría de Participación Popular, entre otras cosas, tiene la responsabilidad de “sistematizar la información suministrada a través del mismo. Será responsabilidad también disponer de un registro público y actualizado”.

Y el Artículo 29 señala que esa misma secretaría «velará por la protección de los datos personales y sensibles, conforme a la ley N° 19.628, (relativa a la protección de la vida privada) suministrados en virtud del formulario, estableciendo los lineamientos para ello».

El convencional Felipe Mena (UDI) integra la Comisión de Participación Popular, recalca: “Las bases de datos no pueden ser utilizadas por nadie y se tienen que resguardar como corresponde acorde al Reglamento”.

Agrega: “Estamos pendientes de la cantidad de iniciativas que se están ingresando, y el tiempo en espera para que estén disponibles en la plataforma. Además de estar preocupados de su incidencia y que lleguen en el momento preciso a las comisiones”. Esto porque, a su vez, Mena participa en la subcomisión mixta de la Comisión de Participación, que es la encargada de revisar la viabilidad de las iniciativas. El convencional explica cómo opera: “Nosotros revisamos lo que antes ve la Secretaría de Participación Popular. No obstante, tenemos la facultad y mandato para declarar inadmisible algo. Es un trabajo en conjunto”.

Con el fin de optimizar el trabajo, existe el software Ucampus y que pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y es con ese software que funciona la plataforma para que la ciudadanía puede subir las iniciativas populares de normas o apoyar las ya publicadas.

Quien jugó un rol fundamental en la puesta en marcha de la plataforma para subir las iniciativas de normas populares y patrocinios, fue el convencional Jorge Baradit (Colectivo Socialista). Consultado acerca de su participación, desde el equipo del convencional se limitaron a decir: “Efectivamente, Jorge fue el enlace entre la Universidad y la Convención, pero no más que eso”.

Baradit tomó la palabra y dijo que no nos preocupáramos. Que él estaba viendo el tema de la plataforma y que había mucha gente interesada en aportar desinteresadamente”, cuentan desde la Comisión de Participación Popular.

Así también lo confirman desde la Comisión de Participación Popular: “Baradit llegó con la propuesta de Ucampus y presentó la plataforma ante la comisión. Lo agradecimos, porque de lo contrario, no habríamos llegado en los tiempos».

Convencionales que estuvieron presentes relatan qué les contestó Jorge Baradit ante una serie de consultas, como por ejemplo, los costos que tendría: “Tomó la palabra y dijo que no nos preocupáramos, que él lo estaba viendo, que había ofrecimientos de académicos, de universidades, etc. Que había mucha gente interesada y que no tenían problemas en aportar desinteresadamente”.

«Baradit es quien más se maneja en términos de software y procedimientos, así se vio, incluso, cuando estábamos en la comisión transitoria”, destacan.

En off comentan que hubo extrañeza entre algunos constituyentes de que no hubiera costo asociado, ya que hay propiedad intelectual de por medio. “Quién va a cobrar lo que se está haciendo y bajo qué norma”, se cuestionaron.

De todas formas, el propio convencional que representa al Distrito 10, en su cuenta de Instagram  mostró un trabajo sobre participación junto a académicos de la Universidad de Chile y Usach.

Previo a la implementación de la plataforma, tuvieron que finalizar las audiencias públicas, posteriormente se formó la Comisión de Participación Popular y, para desarrollar un puente entre la Convención y la ciudadanía, se creó la plataforma.

A su vez, se instalaron tres subcomisiones: Plataforma (en la que participaba Baradit), Metodología y Educación.

Quien también forma parte de la subcomisión de plataforma es la convencional Geoconda Navarrete (Evópoli). Al respecto cuenta que ella como funcionaria pública «de toda la vida» (entre otros cargos, fue intendenta de Aysén), hubo aspectos que no le cuadraron, como cuál iba a ser el procedimiento para llegar a tener esta plataforma.

“Yo entendía que a nosotros como Comisión nos correspondía entregar los términos de referencia del producto que queríamos, y que esto se licitara porque debía ser pagado con platas públicas para que después se ejecutara y exigir: los tipos de alojamiento, software, los respaldos, y la titularidad del producto. Porque ahí tenías la certeza de que el producto era estatal, y que tenía que quedar alojado en una institución pública”, relata.

La convencional apunta: “Yo decía ‘mira esto no cuesta 4 o 5 chauchas y, por lo tanto, respondiendo al monto que se estime que va a costar este software son los días de licitación que se tenían que tener”.

En este sentido, al interior de la Comisión, dicen que existe incertidumbre con respecto a qué ocurrirá con los datos una vez que finalice el proceso: “¿Hay alguna persona que administra la plataforma propiamente tal? Si tienen antecedentes míos y saben cuál es mi visión sobre un determinado tema, ¿pueden estos ser ocupados para otros fines?”.

Para dar respuestas a estas interrogantes, El Líbero contactó por vía telefónica y por correo a Ucampus de la U. de Chile, quienes no contestaron y derivaron al coordinador de la Comisión de Participación Popular, el convencional Bastián Labbé (Movimientos Sociales).

Vía mail, el constituyente explicó: Con respecto a la seguridad de los datos, la plataforma cuenta con un cerco de ciberseguridad de altos estándares, revisados por académicos de la misma universidad, que protegen la información de las personas”.

Y añade: “La colaboración con Ucampus se enmarca dentro del convenio de colaboración con la Universidad de Chile, quien ha facilitado y proporcionando instalaciones y ayuda técnica en las distintas fases de funcionamiento de la Convención. Un ejemplo del buen rol que está cumpliendo en el país una Universidad Pública”.

La plataforma no solo cuenta con el apoyo de la Universidad de Chile, sino que también con una serie de instituciones: Ciudadanía Inteligente, La Constitución es Nuestra, Registro Civil, Consorcio Universidad Estado de Chile, Gobierno Digital, Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad de Santiago de Chile. Todo esto dentro del contexto que la Mesa Directiva anterior, presidida por Elisa Loncón, firmó varios acuerdos de colaboración con distintas instituciones.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta