Junto con la noticia de que Chile había identificado a Junior Misael Castillo Betancourt, alias “Junior Enano”, como uno de los líderes del Tren de Aragua, quien se encontraba preso en el país con una identidad falsa, también se dio a conocer que las autoridades venezolanas habían solicitado su extradición por su vinculación con delitos como terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. La solicitud la hizo la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que tiene entre sus integrantes al magistrado Maikel Moreno Pérez, por quien Estados Unidos había ofrecido una recompensa de US$ 5 millones, cuando éste era el Presidente del máximo tribunal de Venezuela.
Entonces, EE.UU. alertaba que sobre Moreno pesaba “una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de activos en relación con la presunta recepción corrupta o intento de recepción de decenas de millones de dólares y sobornos para manipular ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela”.
El caso de Castillo Betancourt no es el primero en el que la Sala de Casación Penal del TSJ actúa pidiendo la extradición, sino que tribunales de España y Colombia también han recibido requerimientos para repatriar a distintos cabecillas del Tren de Aragua, que se basan en un documento firmado por Moreno en marzo de 2024.
En ese texto se pedía a España el retorno a Venezuela para ser juzgado de Gerson Isaac Guerrero Flores, hermano de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, principal líder de la organización criminal. En el documento no solo se mencionaba a los Guerrero Flores, sino que se enumeraba a 17 cabecillas del grupo de crimen organizado. En la posición número 10 estaba el nombre Junior Misael Castillo Betancourt, conocido bajo el seudónimo de “Junior Enano”.
Muchos de esos cabecillas del Tren de Aragua se dieron a la fuga después del 19 de septiembre de 2023, cuando cuerpos de seguridad de Venezuela llevaron a cabo lo que el régimen de Nicolás Maduro llamó “Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro” que, según el régimen, pretendía la restitución y el orden del Centro Penitenciario Tocorón, que en la práctica se había convertido en el centro de operaciones del grupo criminal. No obstante, cuando se llevó a cabo el operativo los principales cabecillas del Tren de Aragua ya se habían dado a la fuga.
De hecho, hay indicios de que entre el régimen y el Tren de Aragua existe una alianza estratégica, que en Chile quedó de manifiesto con el asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda.
Nexo del que también hay indicios en el libro ‘El Tren de Aragua’, de la periodista venezolana Ronna Rísquez. El libro de Rísquez señala que los reclusos de la cárcel de Tocorón fueron utilizados como fuerzas de choque en las manifestaciones que se registraron en contra de Maduro en 2017 y 2018. “También los utilizan para desplazar por la fuerza, y mediante enfrentamientos armados, a otros grupos delincuenciales con los que las autoridades no logran negociar”, se lee en el texto.
Es por ello que las decisiones de Moreno generan suspicacia en entendidos en los temas de seguridad venezolana que, por razones de seguridad, prefieren el anonimato. Se sospecha que si los magistrados de la Sala de Casación Penal están pidiendo estas extradiciones es porque el régimen se los ordena para, entre otras razones, evitar que se ventilen antecedentes de su vínculo en un juicio oral.
Ya una investigación de El Líbero dio cuenta de que Venezuela estaría tratando de entorpecer los planes de extraditar a los delincuentes vinculados con el asesinato de Ojeda a Chile para evitar que sean enjuiciados y condenados en terreno nacional. Esto sería para proteger a estos delincuentes y evitar que entreguen información concreta que vincule al gobierno de Nicolás Maduro con el homicidio por encargo.
Maikel Moreno y el control político del Poder Judicial
El magistrado Maikel Moreno presidió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela entre 2017 y 2022. Sus estrechos vínculos con el chavismo son conocidos. De hecho, Moreno fue una pieza clave para el control político del Poder Judicial por parte del régimen de Maduro.
Un informe de 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU relata un episodio que deja de manifiesto la relación: La exfiscal nacional Luisa Ortega Díaz denunció que, tras los esfuerzos de la oposición por recoger firmas en 2016 para destituir a Maduro, Moreno visitó su despacho y le dijo: “Quiero que inicies una investigación contra la oposición que solicite el revocatorio”. “Cuando ella le preguntó qué delito se había cometido, él le respondió: ‘No hay delito, es algo que tenemos que hacer. Maduro lo ordenó’”. Ortega aseguró que se negó a cumplir la instrucción, por lo que la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Valera, trasladó a unos 300 presos a las afueras de su despacho para intimidarla.
En otro hecho recogido en el mismo informe se señala que cada 15 días los jueces eran convocados para indicarles cómo resolver casos emblemáticos. La instrucción se las daba el presidente del Circuito Judicial Penal quien decía a los jueces que las instrucciones venían de la Sala de Casación Penal y/o del Presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno.
Por hechos como estos, la Misión de la ONU concluyó que “el sistema de justicia (venezolano) ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos”.
El origen del juez
En sus inicios Moreno fue funcionario de la antigua policía de inteligencia (Disip) en la década de los 80 y 90. En ese mismo período enfrentó acusaciones penales, incluyendo una condena por el homicidio de una mujer en 1987 (por la cual estuvo preso alrededor de dos años, pero logró beneficios penitenciarios que le permitieron reincorporarse al cuerpo policial) y una investigación por la muerte de un hombre en 1989, de la que resultó absuelto.
Después de eso se tituló como abogado en 1995, ingresó a la carrera judicial con la llegada de Hugo Chávez al poder y ascendió en el Poder Judicial por su participación en casos de tinte político, como el que resultó con la condena del detective criminalista Iván Simonovis, considerado uno de los primeros presos políticos del chavismo; integró la sala que confirmó la condena de casi 14 años de prisión contra el dirigente opositor Leopoldo López en 2017 y autorizó el cierre de investigaciones por corrupción en contra de altos funcionarios venezolanos. En 2019, el TSJ de Moreno levantó la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la oposición, incluyendo a Juan Guaidó, reconocido entonces como presidente interino por decenas de países.
Las sanciones de EE.UU. y de la UE contra Maikel Moreno
EE.UU. no solo le ha puesto precio a su cabeza. En 2017 impuso sanciones a ocho magistrados venezolanos acusándolos de usurpar las funciones del Parlamento, entre los que se encontraba Moreno. Para ese entonces, la Asamblea Nacional (el Congreso) estaba controlada por la oposición tras los resultados de las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Sin embargo, el TSJ poco a poco les fue arrebatando sus facultades legislativas. Las sanciones implicaban congelar todos sus bienes en EE.UU., la prohibición de ingresar a ese país y la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos.
En enero de 2018 la Unión Europea también anunció sanciones contra Moreno. Al igual que en EE.UU. la decisión se adoptó al considerar que Moreno, como titular del TSJ, fue «responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad» del Congreso venezolano controlado por la oposición. Las sanciones consistían en congelar sus activos y prohibirles la entrada a territorio comunitario. En 2023 fue noticia que las autoridades italianas confiscaron una villa en La Toscana, avaluada en US$6 millones, que estaba a nombre de la esposa de Moreno: la modelo Debora Menicucci.
Cuestionamientos en informes de derechos humanos
No solo la Misión Internacional de determinación de hechos sobre Venezuela ha destacado el rol de Moreno en la crisis institucional de Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuando tenía a Michelle Bachelet a la cabeza, también emitió informes que hablaban de la cooptación del sistema de justicia por parte del Ejecutivo venezolano en momentos en que Moreno dirigía el máximo tribunal.
En un informe de 2019 se indica que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
La ONG venezolana Acceso a la Justicia advirtió entonces que “el TSJ se convirtió en el brazo ejecutor de la dictadura al anular mediante 100 sentencias hasta la fecha, las competencias del Legislativo. El quiebre institucional generado ha derivado en el colapso del país en todos los ámbitos, pues el Estado dejó de cumplir con sus funciones y la población sufre hoy en día las consecuencias en medio de una emergencia humanitaria compleja, en la que los derechos básicos esenciales sólo quedaron en el papel”.
En tanto el abogado chileno Francisco Cox, quien integra la misión de determinación de hechos de Venezuela creada por la ONU, dijo en 2024 a T13 Radio que al analizar cómo se comporta el sistema de justicia venezolano respecto a los delitos contra los DD.HH. “llegamos a la conclusión de que efectivamente las investigaciones no eran serias, que Maikel Moreno, quien es el presidente del Tribunal Supremo, recibía indicaciones desde el Poder Ejecutivo de cómo fallar los casos (…) Es muy compleja la situación porque hay una unidad absoluta entre los poderes Ejecutivo y Judicial».
Esta misión ha denunciado la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la responsabilidad de Nicolás Maduro en ellos.
Apartan a fiscal de la Corte Internacional Penal por falta de imparcialidad con Venezuela
No solo el sistema judicial venezolano y Moreno están cuestionados en el mundo. El viernes la Corte Penal Internacional (CPI) decidió apartar de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan, que llevaba la indagatoria desde 2018. ¿La razón? Su cuñada, Venkateswari Alagendra, representa legalmente al gobierno venezolano ante el tribunal, por lo que la CPI consideró que la situación podría comprometer la imparcialidad del fiscal y afectar la percepción pública de la independencia de la Corte.
El llamado caso “Venezuela I”, es uno de los más politizados de la CPI y Chile está dentro de los países denunciantes.
La decisión de la Corte responde a una denuncia presentada por la Fundación Arcadia ante la CPI el año pasado. La organización basada en Estados Unidos representa a disidentes venezolanos de alta connotación y se relaciona con Chile porque está colaborando con la familia del teniente Ronald Ojeda para lograr la extradición a Chile de Adrián Rafael Gámez Finol, “El Turko”, autor intelectual del secuestro y asesinato de Ojeda y que está detenido en Texas. El «turko» pertenecía a los «Piratas de Aragua», una célula del Tren de Aragua en Chile.