La justicia estadounidense sentenció a Adrián Rafael Gámez Finol, alias «el turko», a 13 meses de prisión por el delito de reingreso ilegal a Estados Unidos. La condena, dictada el pasado 25 de junio, podría entorpecer que el sindicado como el autor intelectual del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, llegue a nuestro país para enfrentar el juicio que se desarrollaría en 2026, pues el plazo máximo de investigación de dos años, vence en febrero.
Desde ya, la defensa de uno de los sospechosos, Maickel Villegas, extraditado desde Costa Rica, está pidiendo el cierre de la investigación cuyo plazo vence mañana 3 de julio, mientras que la Fiscalía pedirá una nueva prórroga en la audiencia de mañana argumentando que aún faltan diligencias que concretar. Si el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accediera a cerrar la indagatoria, se acelerarían los plazos para un juicio, pese a que varios sospechosos aún no han sido extraditados a Chile.
Según la Fiscalía, “el turko” es uno de los líderes de “Los Piratas de Aragua» en Chile y él habría informado por chat que los estamentos superiores de la organización autorizaron el operativo en el que los secuestradores debían vestir como la Policía de Investigaciones. “No es un autor material derechamente, sino un autor intelectual, quien articula y da órdenes desde el extranjero para la ejecución de este tipo de delitos”, dijo el subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos a La Tercera cuando Estados Unidos anunció su captura en Texas en diciembre de 2024, mientras que en marzo, Estados Unidos informó a Chile de una pronta extradición que aún no se concreta.
Piden intensificar acciones diplomáticas
Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda en Chile, expresó su preocupación por esta situación y por el tiempo que están tomando las extradiciones pendientes.
«Si no existe un tratado de entrega temporal o transferencia de condenados desde Estados Unidos a Chile, se dificultaría la extradición de Gámez Finol, puesto que debe cumplir 13 meses de condena ya otorgada por tribunales americanos», señaló Manríquez a El Líbero. Su principal inquietud radica en que el cumplimiento íntegro de esta pena no coincidiría con el plazo de dos años de investigación desde la formalización en el caso Ojeda, que vence en febrero de 2026.
«Lo que cabría, a fin de que aquello no entorpezca su extradición o el juicio oral en Chile, sería intensificar las gestiones diplomáticas para lograr ya sea esa entrega temporal o que ese condenado esté en Chile antes de la etapa de cierre, sea acusado, llevado a juicio y eventualmente pactar con Estados Unidos que cumpla ambas penas en Chile«, añadió Manríquez, subrayando la urgencia de la acción diplomática.
Además, “el turko” también está siendo investigado por delitos de tráfico de personas, incluyendo menores de edad, por lo que a esta sentencia de 13 meses -de la cual se declaró culpable informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a El Líbero– podrían sumarse nuevas condenas. Además, EE.UU. estaría investigando si Gámez fue guardaespaldas de Daniella Desirée Cabello, hija de Diosdado Cabello, figura clave del régimen de Nicolás Maduro.
Robert Carmona-Rojas, chief executive officer de la Fundación Arcadia, una ONG de disidentes venezolanos de alta figuración en EE.UU. y que fue contactada por el hermano de Ronald Ojeda para coordinar con autoridades locales, desestimó que la condena de Gámez sea el factor principal del retraso y apuntó más bien a temas diplomáticos.
«La dilación en la extradición del imputado Gámez no derivaría, en ningún caso, de la reciente sentencia dictada, sino más bien de posibles deficiencias estratégicas o procedimentales por parte de las autoridades chilenas en la tramitación y comunicación de la importancia estratégica y geopolítica que esta extradición conlleva para ambos países», sostuvo.
La Fundación Arcadia solicitó una audiencia con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, con el objetivo de «establecer un marco de cooperación estratégica orientado al fortalecimiento de la justicia» y coadyuvar a la eliminación de «trabas burocráticas». Sin embargo, Carmona-Rojas lamentó que dicha reunión «aún no ha podido concretarse, precisamente debido a demoras burocráticas que consideramos injustificadas e impropias de una gestión diplomática moderna y efectiva».
A su juicio, la posibilidad de cargos adicionales contra Gámez por tráfico humano «no constituirían por sí mismos un impedimento sustancial para avanzar con su extradición hacia Chile», y recalcó que la experiencia judicial estadounidense permite el desarrollo paralelo de múltiples procesos penales y extradiciones cuando existe «voluntad política y una gestión efectiva».
Otra alternativa es que el abogado, que cobra bastante caro, pida a justicia en Chile ampliar el plazo de investigación para calzar los tiempos. Esperar algo del embajador de Chile en USA o de RREE respecto de Colombia, es ser muy inocente o algo parecido, más feo…….