El Liceo Aplicación recibió orden judicial de «proceder a la matrícula» de un alumno de primero medio que había sido expulsado por su supuesta participación en una de las tomas de esa institución educativa, luego de que un abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Recoleta interpusiera un recurso de protección en contra de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago (DEM) y del propio colegio.

Matías Rojas Hales, que actualmente es el director jurídico de Recoleta, según se señala en la página de esa municipalidad, se desempeñaba como abogado de esa misma dirección, de acuerdo con la información que sobre sí mismo publica en la red social LinkedIn, cuando interpuso el mencionado recurso, el 12 de febrero de 2020.

Una de las actuaciones del abogado de Recoleta, comuna a cargo del alcalde comunista Daniel Jadue, fue presentada incluso en papel con el membrete de la municipalidad.

«Un abogado podría asumir la defensa de cualquier persona, pero fuera de su horario de trabajo y sin recursos municipales.  Lo extraño acá es que patrocinaron el recurso de protección usando una hoja con el membrete de la municipalidad de Recoleta», explica a El Líbero, Christopher Gotschlich, que para el momento en el que Rojas interpuso el recurso era el subdirector de la Dirección de Asesoría Jurídica de la DEM. 

«La duda es si esto lo interpusieron en su calidad de abogados de la municipalidad o no, porque las municipalidades no pueden defender o patrocinar este tipo de causas para los vecinos, eso está estrictamente prohibido», agrega.

La expulsión del estudiante en cuya defensa Rojas interpuso el recurso de protección se había llevado a cabo con fundamento en la Ley Aula Segura, indica el mismo Gotschlich.

La norma en cuestión fue propuesta en septiembre de 2018 por el entonces Presidente Sebastián Piñera y aprobada a finales de ese mismo año, en medio de múltiples manifestaciones de secundarios, con el objetivo de fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, mediante un procedimiento expedito de expulsión o cancelación de matrícula de estudiantes que participaran en hechos violentos que afecten a la comunidad educativa.

Precisamente la derogación de la Ley Aula Segura está incluida en el petitorio que la Coordinadora Secundaria Revolucionaria difundió a principios de este mes y con fundamento en el cual han llevado a cabo en las últimas semanas manifestaciones que han terminado, muchas de ellas, con micros quemadas y estaciones de Metro cerradas.

«Persigue a los estudiantes y da la potestad a los directores de los establecimientos educacionales expulsar los alumnos movilizados», se señala en el número 6 de sus demandas petitorio.

De hecho mañana se realizará en el Liceo Aplicación el Segundo Encuentro Estudiantil Secundario para establecer un petitorio único. «Con lucha y organización ¡A golpear con un solo puño el mercado de la educación!», es el lema de la convocatoria.

Ante el aumento de la violencia la ministra de Interior, Carolina Tohá, incluso admitió hace unos días que detrás de las movilizaciones hay adultos.

Tras un recorrido por varios liceos, El Líbero conversó con vecinos y comerciantes de esas zonas que relataron cómo es la logística de los mayores de edad que contribuyen con los secundarios.

Presentó un escrito en papel con el membrete de la Municipalidad de Recoleta

El hecho de que el abogado Matías Rojas Hales efectuara una actuación en una hoja con el membrete de la Municipalidad de Recoleta fue denunciado en Contraloría por el entonces Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la DEM, Agustín Romero Leiva, ahora diputado por el Partido Republicano.

«Procedimos a hacer la denuncia porque nos pareció extraño que un abogado de otra municipalidad estuviera patrocinando este tipo de cosas y utilizando para ello papelería de la municipalidad de Recoleta», asevera Gotschlich.

«No corresponde que abogados de la Ilustre Municipalidad de Recoleta patrocinen recursos de protección, menos contra otra entidad edilicia y utilicen el logo o membrete oficial de dicha entidad, y tampoco que dicha entidad municipal destine recursos y sus funcionarios para patrocinar causas de índole personal a terceros», se indica en la denuncia.

El documento al que se hace referencia es uno fechado el 26 de febrero de 2020 en el que Rojas Hales delega poder a la abogada Catherine Soto Gajardo.

«Importante es señalar que el escrito presentado en donde se delega poder cuenta con el logo oficial de la Ilustre Municipalidad de Recoleta y que ambos abogados son funcionarios de dicha entidad edilicia, específicamente, de la Dirección Jurídica, según consta en la página web www.recoletatransparencia.cl», señala el denunciante.

«Presentaron el escrito con el membrete de la municipalidad de Recoleta y eso al final es un documento oficial», advierte al respecto el entonces subdirector de la Dirección de Asesoría Jurídica de la DEM.

Dictámenes previos de Contraloría hablan de asesorar, no de «asumir la defensa»

En la propia denuncia se hace referencia al Dictamen 15.868, de la propia Contraloría, en el que dicha instancia ya había señalado que no está dentro de las funciones de las municipalidades patrocinar acciones penales o civiles de los vecinos como víctimas.

Se «ha concluido que la asistencia jurídica aludida permite que los municipios puedan asesorar u orientar jurídicamente a vecinos de escasos recursos que lo requirieran, sin asumir su defensa en juicio, a menos que se trate de situaciones que comprometan el interés general de la comunidad, excluyendo los intereses particulares de quienes la integran».

El director se había comprometido a dar amnistía a todos los estudiantes de la toma

De acuerdo con lo señalado en el recurso, al estudiante en cuyo favor actuó el abogado de la municipalidad de Recoleta las autoridades del Liceo de Aplicación le comunicaron, en fecha 13 de diciembre de 2019, que se iniciaba una investigación en su contra en la que «se le imputó ingresar al recinto educacional el día 1 de diciembre cerca de las 22:40 horas, con el objeto de ocuparlo de manera ilegal, hecho que se habría mantenido hasta el 5 de diciembre de 2019».

El acto «se estimó como afectación grave a la convivencia escolar contemplado en el reglamento de convivencia escolar, el que establece como falta gravísima ‘realizar acciones o actos que entorpezcan las actividades académicas planificadas para alcanzar los objetivos y la misión institucional, tales como boicotear pruebas, realizar corta calles, paros internos y/o protestas”.

Luego de la sanción y del plazo para formular la reconsideración, la petición fue denegada. “Analizada la reconsideración y el expediente de investigación, y habiendo escuchado la opinión del Consejo de Profesores, el Director del establecimiento decidió mantener la sanción de cancelación de matrícula”, respondieron las autoridades del Liceo de Aplicación en fecha 13 de enero de 2020.

La Corte de Apelaciones de Santiago finalmente falló a favor del estudiante defendido por abogados de la municipalidad de Recoleta: «Queda de manifiesto que el acto recurrido resulta arbitrario, contrariando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dado que se ha procedido a dar un trato desigual y dispensado carente de toda justificación al actor (el estudiante) respecto de otros alumnos del Liceo de Aplicación, los que se encontraron en una situación equivalente, a quienes en virtud del acta de compromiso se les procedió a amnistiar».

Lo anterior fue decidido con fundamento en que el director de la institución, Humberto Garrido, había firmado un acta de compromiso el 4 de diciembre de 2019 en la que les aseguraba amnistía a todos los alumnos partícipes de la “toma”.

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