Tras la muerte esta semana del carabinero Alex Salazar -que fue atropellado por un delincuente en el centro de Concepción-, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha intentado marcar el punto de que los temas de seguridad están entre los más prioritarios de su agenda.
Y una de las cosas que hizo para demostrarlo fue presentar 16 urgencias legislativas a proyectos de ley de esta materia que actualmente están en tramitación en el Congreso.
Entre las iniciativas se encuentra el proyecto para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, el que sanciona el delito de sicariato y el que agrava las penas del delito de secuestro.
Boric y sus ministros rechazaron proyectos de seguridad cuando estaban en el Congreso
Pero en esta área el gobierno ha debido lidiar con los cuestionamientos por su comportamiento pasado, cuando el Mandatario y algunos de sus ministros -como Camila Vallejo y Giorgio Jackson– rechazaron como diputados los proyectos de seguridad que impulsaba la administración del Presidente Sebastián Piñera, como la ley de fuegos artificiales, la ley Juan Barrios, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección de Infraestructura Crítica (ver nota aquí sobre los proyectos que rechazaron).
En ese entonces, la estrategia de parlamentarios del Frente Amplio, el PC y otros partidos de izquierda no era solamente bloquear la agenda de seguridad de Piñera rechazando sus proyectos. Sino que también presentaron iniciativas para derogar leyes que estaban vigentes, que servían para combatir de mejor manera algunos delitos y que permitían a las policías hacer un trabajo preventivo.
El proyecto de Orsini y diputados de izquierda para derogar el Control Preventivo de Identidad, la Ley Antibarricadas y la Ley de Seguridad del Estado
Un ejemplo fue lo que ocurrió el 5 de enero de 2021, cuando Maite Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez, Jorge Brito, Boris Barrera, Claudia Mix, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado y Cristina Girardi presentaron un proyecto de ley que buscaba derogar el Control Preventivo de Identidad, la Ley antibarricadas y la Ley de Seguridad del Estado.
La iniciativa -que se encuentra en primer trámite en la Cámara y que no ha tenido ningún movimiento desde que ingresó- sostiene que estas tres leyes “se han utilizado únicamente para neutralizar a los adversarios políticos, para silenciar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social, y para estigmatizar a sectores de la población que ven vulneradas sus garantías constitucionales por parte de policías que ejercen un control discrecional sobre ellos”.
Respecto de la Ley antibarricadas, los diputados firmantes sostienen que es “una legislación penal profundamente lesiva de los derechos fundamentales de libertad de reunión, de asociación, de expresión y el derecho a la protesta (…). La ley en comento no es otra cosa que la expresión del populismo penal cómo única respuesta a las demandas y reivindicaciones sociales”.
Sobre la Ley de Seguridad del Estado señalan que “no sólo contraría gravemente los estándares internacionales, así como las propias garantías constitucionales vigentes, sino que constituye una norma absolutamente innecesaria desde el punto de vista jurídico”.
Por último, sobre el Control Preventivo de Identidad, agregan que también corresponde a un “populismo penal” y que fue una iniciativa “sin evidencia empírica y llevada adelante a través de argumentos de corte emocional o de sentido común, que poco tenían que ver con la realidad pero que, sin embargo, triunfaron en el Congreso, a costa de los derechos de las personas”.
En el año 2019, por ejemplo, el Control Preventivo de Identidad permitió la detención de 95.740 personas, lo que a juicio de los diputados fue poco, pues representa un 2% de los controles hechos. “¿La gente necesita que Carabineros realice aproximadamente cinco millones de controles preventivos de identidad para lograr solamente un 2% de detenciones?”, sostuvo la diputada Maite Orsini.
Cabe recordar que hace algunas semanas Orsini se vio envuelta en una polémica relacionado con esto, pues se supo que llamó a una general de Carabineros para interceder luego que el ex futbolista, Jorge Valdivia, fuera detenido en un control preventivo de identidad en el mes de enero de este año.
Jackson: “Son tres normas que no aportan en absoluto”
Al momento de presenta el proyecto, el entonces diputado Giorgio Jackson señaló que estas “son tres normas que no aportan en absoluto, sino que hacen retroceder los derechos de las personas y no aportan en el control del delito, sino que lo que fortalecen es la discrecionalidad que un gobierno y el aparato estatal tiene por sobre las libertades de las personas”.
El programa de gobierno de Gabriel Boric también proponía derogar la Ley de Seguridad del Estado, pero paradójicamente, ahora en La Moneda, la utilizó para querellarse en contra de los camioneros que protestaron bloqueando algunas carreteras del país.