Desde un día después de que el Presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda, algunos sectores políticos han realizado duros cuestionamientos ante la posibilidad de que el actual Jefe de Estado decida indultar a carabineros o militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido. El mandatario planteó la idea en entrevista que concedió a T13 y que se transmitió la noche del 12 de marzo.
«Estamos en eso y yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado. Y claro, hay una percepción distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables y la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar (…). Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo», dijo al ser consultado al respecto.
Este domingo, en entrevista con La Tercera, el Mandatario volvió a referirse al tema. «Estamos buscando el reencuentro. La unidad de nuevo. Todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Cuándo superamos las tensiones? En algún momento tenemos que superar las tensiones», dijo.
Voces de la oposición plantean que sería inaceptable que se otorgue la libertad a uniformados que fueron hallados culpables por la comisión de delitos como apremios ilegítimos y lesiones graves, registrados en medio de hechos como la contención de las manifestaciones violentas que hubo durante el estallido de 2019.
Más allá de que el entonces Presidente Gabriel Boric indultó en diciembre de 2022 a 11 condenados que participaron en el estallido haciendo desmanes y muchos de ellos lanzando objetos contundentes y bombas molotov a la policía, en la historia reciente de Chile son varios los perdonazos presidenciales emblemáticos, gracias a los cuales quedaron en libertad plena o recibieron algún beneficio personas que estaban privadas de libertad por homicidios, como parricidios o asesinatos de menores, que causaron polémica.
En las últimas tres décadas, según cifras oficiales, han sido indultadas 1.664 personas en el país: 943 decretos los firmó el Presidente Patricio Aylwin -es el que más perdones otorgó-, 356 los concedió Eduardo Frei, 244 fueron durante el gobierno de Ricardo Lagos, 77 los entregó Michelle Bachelet -67 en su primer mandato y 10 en el segundo, la mayoría a delincuentes comunes a los que perdonó por razones humanitarias relacionadas con temas de salud-, 39 correspondieron a Sebastián Piñera -14 en el primer gobierno y 25 en el segundo-, mientras que Gabriel Boric otorgó 15.
La lista incluye el indulto que firmó en 2005 el ex Presidente Lagos en favor de un militar condenado por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez en 1982.
El indulto por el caso Tucapel Jiménez
Corría agosto de 2005 y pese a toda la controversia que generó en la opinión pública, el entonces Presidente Lagos, argumentando que se trataba de una «señal potente para dejar las cosas en el pasado», firmó el indulto en favor de Manuel Contreras Donaire, condenado por ser el autor material del asesinato de Tucapel Jiménez. El mandatario hizo incluso la salvedad de que se trataba de una libertad condicional, debido a que el exuniformado tenía la obligación de firmar en el Patronato Nacional de Reos. Le faltaban dos años y cuatro meses de la sentencia a ocho años de cárcel que había sido dictada en su contra.
A Jiménez, que era presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscal (ANEF) y abiertamente opositor a Augusto Pinochet, lo interceptaron cuando conducía su taxi y lo trasladaron a Lampa, donde lo degollaron y le dispararon en la cabeza. Al tomar la decisión, Lagos afirmó que Contreras era «una persona que cumplió órdenes y en uso de esas órdenes cometió los hechos delictivos de los cuales él es responsable».
La decisión de perdonarle la vida a un hombre condenado de matar y violar a un niño de nueve años
Otro indulto polémico fue el que firmó el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en favor de Cupertino Andaur. Al hombre, que al momento de cometer el crimen tenía 42 años y era un delincuente habitual, lo condenaron a muerte -tipo de pena que fue abolida en Chile el 5 de junio de 2001- por haber asesinado a un niños de nueve años, Víctor Zamorano Jones, la noche del 31 de diciembre de 1992 en la propia residencia del menor, en Lo Curro, Vitacura. Había entrado para perpetrar un asalto, pero en lugar de eso estranguló a su víctima, la golpeó con un arma en la cabeza y luego abusó de ella sexualmente.
El mandatario le perdonó la vida a Andaur y ordenó que la pena capital le fuese reemplazada por cadena perpetua. El hombre falleció en octubre de 2020, a los 70 años de edad, cumpliendo su condena en el centro penitenciario Colina 1.
El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que no fue indultado una, sino dos veces
No fue poca la controversia que se generó en el país cuando, además de los 11 presos por hechos cometidos durante el estallido, el Presidente Boric incluyó en el grupo que indultó en diciembre de 2022 al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.
El exfrentista había sido condenado a 11 años de cárcel por un robo con intimidación y a cinco años más por tenencia de arma de uso bélico, por hechos ocurridos en junio de 2013, cuando según la justicia participó en el robo a un banco en Pudahuel. Durante el asalto murió un guardia y los delincuentes atacaron a un carabinero con un fusil M-16. Mateluna argumentó en el juicio que estaba en la zona de los hechos porque se reuniría con un funcionario del área de cultura de esa municipalidad, a quien le iba a presentar un proyecto.
“Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia», dijo Boric al momento de otorgarle el perdón, a quien ya había sido indultado en oportunidad anterior por el Presidente Ricardo Lagos.
Mateluna había cumplido 12 años de cárcel de la condena a cadena perpetua que se la había impuesto, cuando recibió el primer perdonazo. La sentencia era por formación y pertenencia a grupos armados de combate. Lo habían detenido en noviembre de 1992, a los 18 años, cuando asaltaba un supermercado en Conchalí, atraco en el cual murió un guardia. El exguerrillero se acogió a la Ley de indultos para exsubversivos y quedó en libertad en 2004.
Los frentistas que indultó Aylwin tres días antes de concluir su mandato
Precisamente por tratarse del gobierno de la transición, el Presidente Patricio Aylwin fue uno de los que más tuvo que lidiar con las presiones de uno y otro lado en cuanto a la firma de decretos de indulto.
El 8 de marzo de 1994, tres días antes de dejar La Moneda, el mandatario indultó a cuatro presos del gobierno militar, tres de los cuales eran integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Habían participado en el atentado de 1986 en contra de Pinochet, en el que murieron cinco escoltas, cuando la caravana en la que se trasladaban fue interceptada en el Cajón del Maipo.
Héctor Figueroa, Juan Órdenes y Héctor Maturana Urzúa dejaron de estar sometidos a la pena de presidio por la de extrañamiento por 20 años, es decir, estar en libertad en el exilio. Fueron enviados a Bélgica.
El perdón a la mujer cuyo hijo murió después de que lo extravió en el altiplano
Otro indulto emblemático y que en su momento también generó opiniones encontradas fue el que otorgó el Presidente Sebastián Piñera en 2012 en favor de Gabriela Blas. Se trató del caso de una pastora aymara que fue sentenciada a 10 años y un día de prisión por la muerte de su hijo, hecho que ocurrió en junio de 2007 luego de que el pequeño de tres años y 11 meses se perdió en el altiplano de Arica mientras la mujer cuidaba animales. El proceso fue por abandono de menor en lugar solitario con resultado de muerte.
Medios informaron en su momento que Blas acomodó a Domingo Eloy, el niño, sobre una lana y lo cubrió con una manta, mientras iba por dos llamas que se habían quedado rezagadas. Al regresar, el niño ya no estaba. El cuerpo del niño fue encontrado casi un año después de su desaparición, a unos 18 kilómetros de donde lo había dejado su madre.
El perdonazo a ocho parricidas
Aunque las cifras consolidadas se conocieron mucho después de concluido su mandato, no por eso dejó de causar revuelo que entre los 343 indultos que otorgó el Presidente Eduardo Frei, ocho fueron para beneficiar a condenados por parricidio.
El indulto al narcotraficante que ingresó 500 kilos de cocaína al país
Siguiendo con los indultos controversiales del Presidente Frei, se cuenta en la lista el perdón que recibió Ángel Vargas Parga, que en junio de 1991 fue condenado a 10 años de cárcel tras haber sido hallado culpable de ingresar 500 kilos de cocaína por Arica. El mandatario le redujo la condena a la mitad.
¿Por qué en nuestra patria mantenemos vivos los odios incubados durante la época 1964-1973 y no avanzamos hacia un país fraterno y en paz?
Pienso que ello se debe a que no hemos perdonado a quienes les tocó vivir el enfrentamiento fratricida al que nos llevaron políticos irresponsables que optaron por la vía violenta como método para conquistar el poder total, refundar a Chile y consolidar la revolución socialista.
Asimismo, pienso que la mantención de estos odios se debe a que los chilenos no hemos transitado por los caminos de la verdad; verdad indispensable para una necesaria reconciliación nacional y que, por motivos diversos, se la calla, se la oculta o se la tergiversa.
Deberíamos aprender la lección que nos diera el almirante Jorge Montt Álvarez quien, como presidente de la República y con gran prudencia política, dictó cuatro leyes de amnistía al término de la dramática y sangrienta Guerra Civil de 1891; una vía de reconciliación política con la que dicha guerra fue clausurada jurídicamente.
Los militares y carabineros que están privados de libertad deberían ser dejados en libertad o, en el peor de los casos, en libertad condicional; porque son inocentes, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal.
Todos ellos fueron condenados arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente; como resultado de sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, recaídas en procesos en los que no les fueron respetados sus derechos humanos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley y otros principios esenciales del derecho penal.
Por otra parte, es preciso considerar que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados” (PIDCP, art. 10).
No es razonable mantener encarcelados a militares y carabineros que, después de varias décadas de ocurridos los supuestos hechos delictivos, han observado una conducta intachable. Sus antecedentes personales, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza y móviles determinantes de los delitos —políticos, de contexto social histórico— permiten presumir que no volverán a delinquir y que la peligrosidad como reincidentes es inexistente.
En relación con tales militares, que están prisioneros, es preciso considerar el principio de necesidad de la pena. La pena de cárcel es innecesaria para quienes no representan peligro, además de su alto costo. No se aprecian motivos de política criminal para que a estas personas se les deje con un régimen de encierro.
Por último, no debemos olvidar el hecho de que la responsabilidad principal de las violaciones a los derechos humanos recae en los máximos dirigentes de la Unidad Popular que desataron una lucha fratricida y en quienes promovieron la violencia revolucionaria y llevaron a efecto una cruenta guerra subversiva.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política