Durante el primer semestre del año 2021 hubo 165 denuncias de usurpaciones en la Macrozona Sur, de acuerdo con cifras de Carabineros; y aunque se realizaron 95 desalojos aún existen 17 predios tomados a la espera de una orden judicial que permita restituir el terreno.
Se trata de un delito que va al alza, pues solo durante el primer semestre del año, las cifras de usurpaciones más que duplican el número total de este delito que hubo en los tres años que precedieron. Entre 2018 y 2020, hubo en total 77 causas por usurpaciones de terrenos en la Macrozona Sur, según un estudio del Observatorio Judicial.
Es por esto que un grupo de parlamentarios ha intentando en tres ocasiones -a través de un proyecto de ley impulsado por el diputado Miguel Mellado, una indicación del diputado Andrés Molina y una iniciativa de la senadora Carmen Gloria Aravena- aumentar las sanciones e incluir la pena de cárcel en este tipo de delitos. Ahora, hay una nueva propuesta, esta vez del senador Felipe Kast para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
Kast presentó el proyecto de ley iniciado por moción, junto a sus pares Marcela Sabat y Ena Von Baer, para modificar el Código Penal. Tras 8 meses de discusión en la Comisión de Seguridad, el 24 de agosto la instancia aprobó en general el proyecto de ley que endurece las sanciones al delito de usurpación.
Para el Gobierno avanzar en esta línea es crucial, en especial para contrarrestar los hechos de violencia en las cuatro regiones que componen la Macrozona Sur. Quienes conocen el tema incluso sugieren que este tiene un interés geopolítico por el control territorial que ejercen las organizaciones radicales en ciertas áreas que les permite seguir desarrollando delitos asociados a la violencia en esa zona, como el narcotráfico, y el tráfico de armas y municiones. Del total de denuncias en el primer semestre de 2021, 90% corresponde a la Región de La Araucanía (Malleco 59 y Cautín 90), 6% a Biobío (Arauco 9 y Biobío 1); 2% a Los Ríos (Valdivia 3) y 2% a Los Lagos (Osorno 3).
????Toma ilegal de propiedad privada a predio las Delicias conocido mas por Agricola Santa Gabriela SPA sector California.
-Camino Victoria-Curacautin Km 27 de la comuna de Victoria.????????LOF KOYAM MAPU se adjudica el ilícito.
— APRA ARAUCANíA (@aprachile) September 13, 2021
Pese a esto la regulación actual de este delito en el Código Penal data de 1874, y se ha mantenido intacta desde hace 147 años. La sanción para quienes incurran en esto oscila entre las 6 y 10 UTM de ser una usurpación no violenta; mientras que en caso de ser violenta la multa va de 11 a 20 UTM (entre $550 mil y un millón de pesos).
El coordinador de la Macrozona Sur encargado de la Región del Biobío, Roberto Coloma, explica que es importante modernizar la legislación, porque «es el mecanismo que utilizan grupos violentos bajo la bandera de reivindicaciones territoriales para usurpar propiedad privadas». Coloma agrega que “grupos organizados operan tomándose predios, aprovechándose de las debilidades de la regulación actual y con ello afectando el derecho de propiedad de las víctimas en el marco de la denominada violencia rural”.
En la práctica, además, la acción de las autoridades para contrarrestar este tipo de acciones se complica, pues ante un posible delito de usurpación si se hace la denuncia respectiva y previa orden judicial -salvo que exista flagrancia en un marco de 12 horas- los Carabineros van a desalojar la propiedad sin posibilidad alguna de detener a los ocupantes. Desde las autoridades de la Macrozona Sur trasciende que lo que ocurre es que una vez hecho el desalojo, generalmente vuelven a usurpar el terreno.
Herramientas legislativas
En la Comisión de Seguridad del Senado fue presentado el proyecto de Kast y otro impulsado por la senadora Aravena. Sin embargo, solo el del senador logró avanzar. Los legisladores acordaron que durante la votación en Sala se pedirá refundir ambas iniciativas.
Kast explica que la propuesta fue elaborada por una mesa de trabajo de víctimas de la Región de La Araucanía y el abogado Rolando Franco. “Es fundamental la aprobación de este proyecto con un sentido de urgencia porque claramente las usurpaciones son el mecanismo que tienen muchos de los grupos violentistas para amedrentar y hacer sufrir a miles de familias en la región”, dice el legislador.
Como parte de la Agenda Legislativa de Seguridad de la Macrozona Sur, el gobierno puso suma urgencia al proyecto de ley presentado por los senadores Kast, Von Baer y Sabat, con lo que luego de 8 meses de discusión en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se aprobó en general la iniciativa, con 3 votos a favor (de los senadores Felipe Kast, Iván Moreira y Jorge Pizarro), una abstención del senador José Miguel Insulza y un voto en contra de Jaime Quintana. Ahora la propuesta pasará a la Sala del Senado para votación en el pleno dentro de las próximas semanas.
Muy buena noticia para MZS se aprobó en general en la comisión de Seguridad Pública del Senado el proyecto que eleva las penas de la usurpación a penas privativas de libertad, regula la flagrancia y da más herramientas a las policías para detener. El Coordinador Nacional MZS ???? pic.twitter.com/v3OKLAeB1l
— Macrozona Sur (@macrozonasur) August 24, 2021
“Nos interesa de sobremanera avanzar en este proyecto de ley, que permita tanto al Gobierno como a las policías poder tener herramientas más eficaces para combatir este delito y para que los tribunales una vez hecha la parte del trabajo policial, apliquen sanciones acorde con el impacto social de este delito sobre todo en la Macrozona Sur”, enfatiza Coloma.
Kast subraya que con una sanción de multa “Carabinero ni si quiera puede tomar detenida a la persona que está realizando la usurpación, entonces esta ley lo que hace es cambiar esa situación”. Adicionalmente, modifica el período de flagrancia con lo que “genera una aclaración al tema del tiempo que tiene que transcurrir calificando la usurpación como un delito permanente”, explica el senador.
Respecto a posibles complicaciones del proyecto para superar la votación en Sala, Kast asegura que tienen la esperanza de que “la centroizquierda pueda finalmente cambiar su posición que está más influenciada por la extrema izquierda; que los sectores moderados finalmente se pongan del lado de la ciudanía y terminen con la impunidad”.
Desde la Cámara de Diputados, Miguel Mellado sostiene que “no existe en la izquierda la conciencia de que una usurpación es un delito. Cuando te quitan la posesión de un bien en el cual tu estás produciendo, no es pacífica, sino que es violenta, te destruyen cercos, te destruyen galpones, te quitan la propiedad de un bien”.
Al mismo tiempo, respecto a la votación que se dio en la Comisión en la que el senador Jaime Quinta se manifestó en contra, Mellado plantea: “El senador Quintana dice que esta ley es en contra de las comunidades mapuche y no se trata de eso. Es en contra de los violentistas que se toman propiedades, van en contra del Estado de Derecho y eso es lo que hay que buscar que no suceda”.
No es novedad que el delito de usurpación tenga penas privativas de libertad. En Europa es así en países como Reino Unido, Alemania, Holanda, España o Francia. Mientras que en América también recibe penas privativas de libertad en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay o Panamá.
La trastienda
El pasado 27 de abril la Comisión de Seguridad Pública del Senado recibió al Subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, al subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli y al arquitecto Iván Poduje, para referirse a la iniciativa. El senador José Miguel Insulza asevera que de este modo el Ejecutivo llegó a la instancia con la intención de generar una serie de modificaciones al proyecto para, fundamentalmente, tratar de separar distintos tipos de tomas.
Con esto se busca poner el acento en las que se produzcan con violencia y “probablemente para eso, incluso, podría haber hasta disposición de algunos senadores para avanzar”, asegura Insulza. “Se ha planteado que probablemente haya que distinguir a los que promuevan con determinados fines las tomas de terreno. El problema es que el proyecto no está acotado y tal como está no creo que vaya a pasar”, anticipa Insulza.
Al mismo tiempo añade que el proyecto de Kast no “toma en cuenta la basta experiencia que hay en cuanto a toma de terrenos”, ni considera que existen una serie de terrenos tomados en Valparaíso, por ejemplo, o las tomas que se producen en el marco de las movilizaciones y que serían de carácter punible con la modificación.
Sobre esto, Coloma responde que el proyecto de ley cumple con establecer normas generales aplicables a cualquier situación de usurpación, por lo demás “más que modificar el tipo penal -conducta descrita en la norma-, modificar la sanción aplicable con el aumento de las penas, y por esta vía facilitar que Carabineros pueda proceder a la detención de imputados en flagrancia, que ahora está prohibida por tener solo pena de multa”.
Coloma agrega que, por tanto, el proyecto cumple con establecer normas generales aplicables a cualquier situación de usurpación independiente de la zona geográfica.
En todo caso, apunta Insulza que aunque el Gobierno quiera cambiar ese proyecto, “primero tiene que pasar la Sala en la votación en general y yo me temo que haya bastantes votos en contra de la idea de legislar, precisamente por el texto que se aprobó”.