Publicado el 04 de diciembre, 2019

El camino que han recorrido las 11 Constituciones de Chile

Autor:

Javiera Barrueto

Desde el primer reglamento fundamental creado bajo el periodo de Bernardo O’Higgins en 1811, hasta la actual Carta Magna gestada durante el gobierno militar. Ese ha sido el recorrido constitucional en Chile. El constitucionalista Germán Concha explica que una de las razones de la oposición para cambiar el texto de 1980 es para «desmonumentalizar» a sus creadores con el principal símbolo del periodo.

 

 

 

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Javiera Barrueto

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Desde que se firmó el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución entre Chile Vamos y la oposición, empezó a correr el reloj para lograr que el plebiscito se realice en abril del próximo año. Pero, ¿cómo llegamos a la Constitución actual? Desde el periodo de la Patria Nueva hasta ahora, ha habido 11 Cartas Fundamentales.

Y ese número, explica el constitucionalista y académico de la Universidad Católica, Germán Concha: “No es ni tanto ni tampoco si uno se compara con Francia. Si uno se compara con Latinoamérica no es ni tan bueno ni tan malo. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a Constituciones estables desde la de 1833 hacia acá. Hay algunos autores que sostienen que en este país hay un terremoto cada 10 años y un problema institucional cada 40”.

O’Higgins, creador del primer reglamento constitucional

Entre los años 1810 y 1814, se crearon los primeros tres reglamentos constitucionales con el fin de convertir la primera Junta de Gobierno en una acción de independencia. Paralelamente a que Napoleón Bonaparte tomara el control de España, en Chile se eligió a Mateo de Toro y Zambrano para que le «protegiera» los dominios al rey de España, Fernando VII, y asumiera el gobierno temporal no sujeto a Madrid. Se comenzó a debatir sobre la independencia de Chile en los cabildos organizados en Santiago con la participación de la comunidad de Concepción. El principal impulsor de un camino independiente a España fue José Miguel Carrera.

Así, en 1811 se firmó el primer reglamento constitucional que declaró la independencia de Chile. Pero el país enfrentaba una pugna interna entre los caudillos de ese periodo: Bernardo O’Higgins, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez. Además, se presentó una diferencia entre Santiago y el sur, representado por Concepción. División que el académico explica va a “agravar” la pugna porque “la base política, cultural y social de José Miguel Carrera estaba en Santiago y la base cultural y política de O’Higgins estaba en el sur”.

Pero, ¿qué es lo que tuvo que hacer O’Higgins cuando fue designado director supremo? El constitucionalista explica que la primera meta era “garantizar que Chile fuera independiente, por lo tanto hacer una serie de cosas institucionales” y “apoyar la independencia de Perú, lo que, finalmente, le va a costar el gobierno porque va a gastar tanta plata en apoyar a financiar la expedición libertador del Perú que le va a pasar la cuenta”.

En 1818 creó la primera Carta Fundamental por unanimidad a través del sufragio censitario. «Con esa Constitución estabiliza Chile, le permite crear la Escuela Militar y conseguir a Lord Cochrane para estar a cargo de la armada», relata Concha. En ese texto refleja la idea de que el “gobernante es una especie de tutor del pueblo y que hay que enseñarle para que se comporte. De alguna manera está conectado con la Ilustración”, detalla el constitucionalista.

Esa visión le hará enfrentarse con el sector liberal, quienes consideran que O’Higgins es un “dictador” que se quiere perpetuar en el poder. Y en 1822 establece la segunda Constitución de su periodo, lo que va a desencadenar en un “incendio” político entre las regiones de Coquimbo, Concepción y Santiago. Finalmente, el director supremo optó por abdicar para que no se generara una guerra civil en 1823 y la Carta Fundamental del año anterior se declara “caída”.

El comienzo de la Constitución moralista y el fracaso del Estado federal

Ya con O’Higgins fuera del poder, la primera pregunta que surgió fue “¿qué hacemos?” La respuesta se volvió a repetir: crear una nueva Constitución. Así, se eligió a Juan Egaña, un abogado e ilustrado de la época, quien redactó la Carta Fundamental denominada “Moralidad Nacional”.

“Hizo una Constitución completamente rara para el Chile de la época. De hecho, era una Constitución que tenía 277 artículos, de las más largas que se había visto nunca. Se llamó moralista porque intenta mezclar cosas que son de planos distintos: una cosa es la moral, otra el derecho y otras son las reglas sociales. Cada una hace su tarea”, sostiene el constitucionalista.

Ese texto también fracasa porque el sector liberal la considera “impresentable” y, según comenta el académico, “tenía tanto que ver con la vida privada de la gente que se convierte en un instrumento inaplicable, muy difícil de hacer operativo”. En 1826, José Miguel Infante plantea la posibilidad de hacer de Chile un Estado federal, idea que no estuvo exenta de problemas. “El conjunto no era suficiente, no diseña un Estado federal en régimen, por lo tanto se produjo el problema que se aprueban unas leyes que son como la partida de un Estado federal pero no terminan de armar el Estado federal. Y no se da cuenta que el secreto del éxito de EE.UU. es que las 13 colonias son más o menos equiparables entre sí”, dice Concha.

Un año después se derogaron las leyes federales. Se volvió a levantar la idea de una Carta Fundamental, pero esta vez con foco liberal, puesto que se consideró que el sistema presidencial no había funcionado y que era el turno de reforzar el Congreso. Estuvo redactada por Melchor de Santiago Concha y José Joaquín de Mora, pero el constitucionalista explica que se consideró como “utópica” entre los historiadores.

Y aclara que ese texto “tuvo una situación bastante especial, planteó entre sus normas hacer una convención en 1836 para revisarla porque los redactores de la Constitución tenían la idea de que Chile ya parecía ‘chacota’ con tantas Constituciones”. Pero no se alcanzó a revisar el documento porque previamente hubo una elección presidencial, la revolución de 1829, la batalla de Lircay en 1830 y, finalmente, se creó la Constitución de 1833. Etapas que se “nutren” del “O’Higginismo” que creían en gobernantes fuertes, los conservadores y los estanqueros, sector liderado por Diego Portales quien tiene una visión de “estabilidad”.

La Constitución de 1833: un gobernante fuerte

“Se dice que la Constitución de 1833 es autoritaria por contraposición a la liberal de 1828. Hay autores, sin embargo, que sostienen que más que ser autoritaria es pragmática”, explica Concha. Ese año Portales hizo una alianza con Mariano Egaña -hijo de Juan Egaña el redactor de la Constitución moralista- para crear la Carta Fundamental de 1833. Además, en 1837 redacta las leyes marianas que son las primeras normas civiles en Chile.

Y ese texto se instala durante los gobiernos de dos presidentes militares: José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. “Entre los dos hacen que la Constitución del 33 funcione y echan a andar la idea portaliana del Presidente como el gran orientador”, asegura el académico. Pero el periodo “crítico” de esta Carta Magna surgió en el gobierno de Manuel Montt, quien fue el único chileno Presidente de los tres poderes del Estado de manera sucesiva.

“Institucionalmente Montt representa varias cosas, es el primer civil a cargo de la Constitución del 33 formalmente. Se enfrentó con mucha gente y retoma la línea de Portales de que el gobierno debe ser fuerte, desorden no. Además se enfrentó con la Iglesia porque Chile tenía la unidad Iglesia-Estado”, subraya Concha. Y, durante la etapa de Montt, se generó la “Cuestión del Sacristán” que incendió políticamente la relación del gobierno con la iglesia y “demolió” la derecha chilena.

“La alianza conservadora que sostenía a Montt se parte entre los que se denominan conservadores ultramontanos que son los que van a defender los privilegios de la Iglesia y van a dar origen al posterior partido conservador en Chile y los que se denominan Montt Varistas”, apunta el académico. Y así surgió el Partido Nacional bajo la consigna del poder fuerte, impulsado por Diego Portales.

Después se elige a José Joaquín Pérez como Jefe de Estado, quien comienza a darle una interpretación liberal a la Constitución. “El Presidente empieza a bajar de a poco, esta figura casi de rey que está en lo que dice O’Higgins y en Portales, de Pérez en adelante disminuye. La fuerza del Presidente empieza a diluirse hacia el Congreso, pero sin que el Congreso asuma un poder equivalente”, explica Concha.

Se desató una “pelea de contenidos” entre la Iglesia y el Estado, así, durante la gestión de Domingo Santa María se generó la discusión sobre las leyes laicas en tres temas: cementerios, registro civil y matrimonio. “¿Por qué esto es importante? Termina de dividir la base de apoyo de lo que quedaba de Portales. Si la mirada de Portales había sido apoyada por el O’Higginismo, por el mundo conservador y por el Montt Varismo, entonces el sector empieza a tener un problema con la actitud de Santa María porque no les «fluye el gobierno». La base del gobierno fuerte se empieza a disolver”, dice Concha.

Y en paralelo, el Congreso empieza a ganar fuerza como “controlador”. “El que paga los ‘platos rotos’ es el Presidente Balmaceda, quien intenta mantener el esquema anterior, pero no se da cuenta que su base de apoyo cambió”, explica el académico. Finalmente se desata la crisis de ese gobierno en 1891 luego de que el Congreso no le aprobara la Ley de Presupuestos, por lo que Balmaceda deja en vigencia la del año anterior. Se desató la guerra civil que terminó con el suicidio de Balmaceda.

“El Congreso triunfante interpreta la Constitución como una Constitución parlamentaria pero sin que estén las normas de un régimen parlamentario. En todos los libros de historia dice que tuvimos un régimen parlamentario que fracasó, no hemos tenido nunca un régimen parlamentario porque el aspecto fundamental es que el Jefe de Gobierno salga del Parlamento y el Presidente seguía siendo el Presidente, lo que podía hacer el Congreso era botarle a los ministros, pero no es un régimen parlamentario es un bloqueo”, sostiene el abogado.

En ese escenario se sumó la crisis del salitre que derivó en un problema social. “Chile no tenía impuesto a la renta, era un país terriblemente libre, era un Estado chiquitito sin impuesto a la renta, sin impuestos a las propiedades. Vivía de pequeñas contribuciones, fundamentalmente el salitre”, expresa el constitucionalista.

Ya en 1920 fue electo Arturo Alessandri Palma con “una de las primeras plataformas políticas en Chile que uno llamaría hoy populista”, según indica Concha. Una vez en el poder se encuentra con que uno de sus principales problemas era la Constitución que “no le permitía gobernar”. De esta manera, se vuelve a la tesis de que se necesita crear una nueva Carta Fundamental con un sistema presidencial.

Tras cuatro meses de discusión de una comisión consultiva, se promulgó la Constitución en 1925: texto creado en una lógica de derechos sociales y separó la Iglesia del Estado. Y por esos días, el tema de la educación se convirtió en uno de los ejes centrales, especialmente en los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. El constitucionalista sostiene que esos tres periodos fueron “el gran momento de la Constitución de 1925”.

La Carta Fundamental de 1980, ¿se hizo entre cuatro paredes?

“El gran problema de la Constitución del 25 inmediatamente terminado el gobierno de los radicales la fuertísima dependencia del Presidente de los partidos, no se había notado con los radicales porque tenían una coalición que los soportaba suficientemente fuerte”, dice el abogado. Y, explica, que queda en evidencia durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1952, con Jorge Alessandri y con Salvador Allende.

“Queda la sensación de que el intento de la Constitución de 1925 de volver sobre lo mejor de la Constitución del 33 no cuaja”, indica el constitucionalista. Ello deriva en que la comisión de revisión que hizo la Constitución de 1980 -o más conocida como “Ortúzar”- concluyera que Chile tiene tendencia al populismo, por lo que se debe generar caminos para evitar ese escenario. Además, determinó que los “mejores tiempos” del país fue durante los periodos presidenciales fuertes y que se debe controlar el rol de los partidos políticos.

Otra idea que surgió a partir de la comisión es que se debe fortalecer la autonomía del Poder Judicial y que hay que reconocer el rol de las personas. “La gente que dice que la Constitución la escribieron entre cuatro paredes… la Constitución del 80 se redactó por fases: primero la comisión Ortúzar que trabajó cinco años entre 1973 y 1978; después el proyecto fue revisado por el Consejo de Estado que incorporó, entre otras figuras, a los ex presidentes Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla. Esto significa que cuando el proyecto de Constitución le llega a la Junta de Gobierno redactado completo han pasado 7 años de trabajo. La Junta lo revisa un mes más con Sergio Fernández y Mónica Madariaga a la cabeza”.

Finalmente, el documento fue presentado a plebiscito en septiembre de 1980 y comenzó su vigencia el 11 de marzo de 1981. Y tras su aprobación se generaron dos tipo de críticas: a la legitimidad del proceso y al contenido del texto, puesto que se dice que es “profundamente ideológica y autoritaria”. “Desde el año 81 hay gente que no solo critica el contenido sino que critica la legitimidad del instrumento”, dice Concha.

En 1989, luego del triunfo del NO en el Plebiscito, se generó la primera reforma a la Constitución y en 2005 el Presidente Ricardo Lagos también se inclinó por el mismo camino más de 30 temas. “Decir que es ilegítima a estas alturas parecía raro, si es tan raro, entonces uno dice por qué reflota”, explica Concha.

Así, el constitucionalista apunta a dos ideas: la derrota presidencial de la oposición en 2009 a manos del Presidente Sebastián Piñera y a la «desmonumentalización».

“Se había instalado en la oposición a la Constitución el hecho de que los partidarios de la Constitución no podían ser gobierno”, explica el docente. Y de ahí que surgen los autoflagelantes y los autocomplacientes de la ex Concertación.  Además, se genera un proceso de desmonumentalización, es decir, “echar abajo” el símbolo que representa la Carta Magna actual: el gobierno de Augusto Pinochet.

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