Para el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, la Pensión Garantiza Universal (PGU) es «la primera piedra sólida» sobre la cual se puede comenzar a construir la tan ansiada reforma de pensiones.

«En el caso de la PGU, se trata de una medida que fue un común denominador en las propuestas de distintas candidaturas, es decir hay bastante unanimidad respecto de aquello, y por tanto es bien transversal», argumenta. Dice que otro punto a favor es que al ser un tema que genera consensos sobre su necesidad, «es posible ponerse de acuerdo, sabiendo que hay otros temas que van a venir luego que van a ser mas difíciles de concordar y van a requerir más tiempo».

Incluso, pese a los reparos que recibió el proyecto por su financiamiento, el lunes pasado la Cámara de Diputados lo aprobó de manera unánime con 138 votos a favor y ninguno en contra.

«Es conveniente para el gobierno saliente y para el gobierno entrante, porque va a permitir que el gobierno entrante asuma la nueva administración a partir de un cierto consenso básico». En este sentido, Bravo apunta que el tema de los recursos que se necesitarán para costear la política pública se debe resolver desde el punto de vista técnico.

 

«Esto no solamente requiere críticas, sino que trabajo específico de propuestas, básicamente un mesa técnica para viabilizar que esta reforma se haga. Para eso el gobierno entrante también debe manifestar su opinión y su voluntad. En el fondo, lo que tenemos acá es un Gobierno saliente y un Congreso saliente, entonces tiene que haber un cierto acuerdo con las autoridades de Piñera de que esta es una medida positiva, y creo que se puede resolver mucho habiendo voluntad política», destaca el economista en el programa radial Mirada Líbero en Agricultura. 

«La PGU puede representar un paso adelante en la dirección correcta, deberíamos hacer todo lo posible por no irnos de vacaciones sin haber aprobado esta primera piedra. Quedan algunos obstáculos que remover todavía», dice el experto, que además valora mucho que se esté generando este debate, porque «incluso que quienes empujaron los retiros ahora están hablando de la responsabilidad fiscal, es una avance respecto de lo que hemos vivido el último tiempo y es muy bienvenido».

En opinión de Bravo, los retiros de los fondos de pensiones se legislaron libremente, sin ningún informe financiero, pese a que representan gastos a futuro que en la práctica se van a tener que pagar en el sistema solidario de pensiones. Eso, «se manejó sin haberle pedido un informe al Ministerio de Hacienda, entonces se usaron muchos subterfugios para traspasar normas básicas de cómo se hacen las políticas públicas».

«El CFA no es un obstáculo, sino que ofrece un camino para que ese diálogo técnico se haga»

El cómo se va a financiar esta iniciativa sigue siendo el principal nudo del debate con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo. Por eso es que este jueves el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió un informe al Congreso planteando «ciertas precauciones» y sugiere «revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objetivo de asegurar que esta política pública pueda implementarse adecuada y sosteniblemente».

Frente al documento, Bravo releva que es fundamental que la discusión ahora se haga en torno al informe del CFA, «que es una entidad autónoma y técnica, que ha estado siguiendo la política fiscal y ha manifestado sus opiniones. Por lo tanto, tiene todos los elementos básicos para levantar las advertencias».

«Si hay voluntad política creo que eso se puede resolver. El CFA no está ofreciendo un obstáculo, sino que ofrece un camino para que ese diálogo técnico se haga; y se requiere abordarlo con la premura, pero con rigurosidad técnica», precisa.

Además, Bravo aclara que cuando habla de voluntad política se refiere a que se «reconozca la importancia de dar el paso, que esté más allá de la importancia de quién sea quien finalmente firme el proyecto de ley, si Piñera o Boric. Las señales son que esto debe ir adelante y esa voluntad necesita viabilizar todos los mecanismos», advierte.

Sin embargo, reconoce que es muy difícil para un gobierno impulsar una medida en sus últimas semanas y con mayor razón en el período que nos encontramos, «donde el desarrollo político ha sido muy complejo», pero insiste en que debía hacerse.

En consecuencia, una de las soluciones que plantea Bravo con respecto al financiamiento de la PGU, sería el mecanismo de la exenciones, «ver cómo se puede profundizar aquello a partir de las mismas estimaciones que hizo el gobierno en la comisión en la que estuvo en su oportunidad el exministro Ignacio Briones». E insiste en que hay que «encontrar un camino que responda a los comentarios que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, eventualmente profundizando el proyecto de las exenciones que ya está y, por su puesto, todo esto se tiene que hacer muy rápido si es que queremos que efectivamente quede aprobado en enero».

Por impuesto a los súper ricos: «Una propuesta de esa naturaleza no puede ser de iniciativa parlamentaria»

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó algunas indicaciones que eliminan o reducen las exenciones tributarias, y el denominado impuesto a los súper ricos en el marco de la discusión sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal. 

No obstante, la medida aprobada por parlamentarios de oposición generó que desde el oficialismo anunciaran una reserva de constitucionalidad y no descartan recurrir al Tribunal Constitucional.

«Me parece que una propuesta de esa naturaleza no puede ser de iniciativa parlamentaria. Ya hemos legislado de manera horrenda a través de retiros de fondos de pensiones con iniciativas parlamentarias que inicialmente son una mala práctica, aparte de ser de dudosa constitucionalidad», advierte.

Agrega, que además es una mala práctica porque básicamente las medidas de esa naturaleza son «atractivas y populares», pero en realidad generan daños permanentes, por lo tanto no corresponde esa salida.

Finalmente, explica Bravo, esto «va a requerir  de informes técnicos que digan cuál es la magnitud de esa recaudación, porque eso requiere tiempo, y ahora sería una forma evidentemente de no colaborar. Puede ser parte de la negociación en la que se encuentran las partes, pero no es lo que debiera primar a mi juicio en la discusión de hoy».

Deja un comentario

Cancelar la respuesta