“¿Has visto a Pablo?”. Ese es el título de la miniserie de ficción política basada en hechos reales, dirigida por la cineasta Tatiana Gaviola, que esta semana se adjudicó un fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por $602.185.490.
La producción, que fue una de las 17 ganadoras de fondos entre más de 230 proyectos que concursaron (ver ganadores aquí), “narra la historia de Aníbal, Isabel, Carlos y Pablo, cuatro amigos socialistas en los años 70, separados por la dictadura y una supuesta traición”, dice el comunicado del CNTV.
“Cincuenta años después, Aníbal cree ver a Pablo, el compañero desaparecido, y junto a Isabel inicia una búsqueda que reabre viejas heridas. La serie alterna entre el presente y flashbacks de su juventud, planteando dudas sobre la verdadera identidad de Pablo y su rol durante la represión. Una historia íntima y vibrante que rescata la memoria histórica, el trauma de los detenidos desaparecidos y la necesidad de justicia”, se agrega.
A pesar de tener una dilatada trayectoria como cineasta y documentalista con piezas como “La mirada incendiada” -que relata la historia de Rodrigo Rojas de Negri-, “Teresa”, “Mi último hombre”, “Magnicidio” -que aborda el supuesto asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva un año antes de que la Corte Suprema descartara esa tesis- y “Ángeles” -esta última con una trama similar a “¿Has visto a Pablo?”, pues narra la historia de un grupo de amigos de izquierda que estudian en la universidad a inicios de los años 70 y que, tras la caída del gobierno de Salvador Allende, algunos son detenidos y desaparecidos-, Gaviola tuvo un cuestionado paso por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Los contratos para el registro audiovisual del gobierno de Bachelet
En febrero de 2016 salió a la luz pública que Gaviola había sido contratada por Presidencia para la realización de un documental sobre la segunda administración de Michelle Bachelet.
Si bien en un principio se habló de un acuerdo de $40 millones para esos fines, una investigación de El Líbero dio cuenta que la confección del documental tendría un costo mucho mayor.
En noviembre de 2014 Presidencia contrató a honorarios a Tatiana Gaviola por un monto de $3.382.500 como asesora de la dirección administrativa, a cargo de Cristián Riquelme. Pero el vínculo a través de ese formato se extendió sólo hasta el 31 de diciembre de ese año ($6.765.000 en total).
Según fuentes de ese gobierno que estuvieron siguiendo el tema desde cerca, siempre estuvo contemplado que Gaviola trabajara en la realización de un registro audiovisual sobre el mandato de Bachelet.
En mayo de 2015, Riquelme, que era el administrador de La Moneda, habría ideado otra fórmula para pagar por sus servicios. Mediante la resolución exenta N°1121 (ver aquí), que firma el 14 de mayo, Presidencia volvió a contratarla por trato directo a través de su empresa Gaviola y García Producciones de Cine y TV LTDA. En el documento se señalaba “la necesidad de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, de contratar los servicios de edición documental, consistente en la selección, organización y montaje del material audiovisual disponible en la cámara presidencial de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República, que testimonie la gestión presidencial de S.E. Presidenta de la República a través de los hitos más relevantes”.
Más adelante se detallaba que la empresa de Gaviola –era dueña del 95% de sus acciones- debería entregar un documental de una hora de duración en un disco duro y cinco copias en formato DVD, material por el que se le pagarían $24.800.000, en dos cuotas.
Entre julio y diciembre de 2015, la cineasta volvió a ser contratada vía honorarios por el mismo salario de antes: $3.382.500 (recibió 20.295.000 en total).
Y el 31 de diciembre de 2015, mediante resolución exenta N°3080 (ver aquí) firmada por Riquelme, se le volvió a contratar por trato directo. Pero esta vez no a su empresa, sino que a Tatiana Gaviola como persona natural. ¿La misión? La misma de antes: “Realizar la Memoria Presidencial en formato audiovisual, que permita mantener el registro de la gestión del Gobierno de S.E., la Presidenta de la República, con una vigencia de 12 meses a contar del 01 de enero de 2016”. Todo, por un monto de $40.000.000.
El formato de contratación fue cuestionado por expertos en transparencia y compras públicas, quienes advirtieron que los contratos estaban rozando la ilegalidad. De hecho, Cristián Riquelme tuvo que dejar su cargo días después de que estallara la polémica.
La oposición de ese entonces recurrió a la Contraloría para que se dejara sin efecto el contrato, pero en el buscador del ente contralor no figura publicado ningún dictamen que entregue luces de que se haya revertido la contratación. En el portal de Transparencia de la Presidencia de la República, en tanto, no figuran los datos de contrataciones de los años anteriores a 2018 para ver si Gaviola siguió contratada tras la polémica. Pero todo indica que sí.
¿Qué ocurrió con el documental?
El año 2020 el medio Interferencia consultó a Gaviola por el documental. Según la publicación, “Gaviola aclaró haber entregado el documental a finales del periodo presidencial de Bachelet, es decir, a comienzos de 2018. Además, agregó no recordar el nombre específico del departamento o unidad donde hizo entrega del material”.
En marzo de 2016, un mes después de la polémica, la propia cineasta explicó en revista Sábado en qué consistía el trabajo que estaba realizando para la Presidencia. “Se creyó que esto lo iba a empezar a hacer ahora, para este año, y no es así. Yo lo vengo trabajando desde fines de 2014 y lo terminaré en marzo de 2018. Semestralmente entrego material audiovisual de aproximadamente una hora de duración cada uno, con todo lo que se hizo esos meses en cuanto a gestión presidencial (de Bachelet). Esos dos semestres luego los sintetizo en una hora. Y, a su vez, los cuatro años de gobierno estarán sintetizados en una hora y media, de manera que puedas ver, temáticamente, qué se hizo en el período”, dijo.
Ahí aclaró que lo que ella hacía no era un documental propiamente tal: “No es para ser proyectado públicamente. La idea es que quede en La Moneda como patrimonio. Y cuando mires en perspectiva este período puedas tener material de base para investigar lo que fue la reforma educacional o el tema de las relaciones internacionales. Está muy lejos de ser propaganda política. No tiene nada que ver. Quien lo mire se va a dar cuenta de que no está construido como documental propagandístico o promocional”.
No les creo nada. Este documental es un panfleto político que debe resaltar la figura de Bachelet.