La Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) dejó de percibir 193 millones de dólares en intereses en 2023 debido a la venta de ciertos instrumentos financieros. La información se hizo pública luego de que The Clinic revelara el traspasos de recursos de Corfo al gobierno por $3,4 billones, que implicaron venta de patrimonio fiscal. Por estos hechos, el diputado Johannes Kaiser adelantó en entrevista con Mirada Líbero que presentarán una querella -que se materializará en las siguientes horas- contra los funcionarios públicos que resulten responsables “porque se generó un lucro cesante de 193 millones de dólares al fisco y ahí estarían, por administración desleal y por fraude al fisco, metidos todos los directores, incluidos los ministros, con excepción del vicepresidente de la Corfo, que se abstuvo en la votación”.
La querella la firman los diputados del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser, Gonzalo de la Carrera, Gloria Naveillán y Leonidas Romero y la presentarán hoy en tribunales.
El hecho quedó consignado en el acta de la sesión del consejo extraordinario de Corfo, celebrado el 29 de noviembre de 2023, a las 15:45. Allí José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de la Corporación, explicó que la corporación dejaría de percibir alrededor de 193 millones de dólares en intereses debido a la venta anticipada de instrumentos financieros para cumplir con una solicitud del Ministerio de Hacienda.
En esa ocasión, Hacienda había solicitado 1.500 millones de dólares “a la brevedad, de manera de contar con este íntegro al Fisco antes del 8 de diciembre de 2023”.
Se lee en el acta que Carlos Álvarez, gerente de Administración y Finanzas de Corfo, explica que “frente a este requerimiento, la Corporación ha solicitado formalizar esta petición y realizar una programación de transferencias en un mayor plazo que lo indicado, debido a que los recursos solicitados ya integran el patrimonio de la Corporación y se encuentran invertidos, por lo que, con su liquidación inmediata, habría pérdida de capital”.
Pese a la advertencia, de acuerdo con la misma acta, Álvarez propone un calendario de traspasos desde Corfo hacia el Fisco, a ejecutarse en el período de diciembre 2023 a febrero de 2024, “por un total de MM$1.637.230 -correspondiente a MM$1.308.045.- (traspaso equivalente a MMUSD 1.500.-) y a MM$329.185.- (saldo de excedentes del litio); vendiendo desde lo más líquido (corto plazo) a lo menos líquido”.
Es entonces que José Miguel Benavente destaca que “la estrategia propuesta evita una pérdida de capital para la Corporación (vendiendo más barato de lo que se compró); sin perjuicio de lo cual, se dejarán de percibir los intereses de los instrumentos, por alrededor de USD193 MM”.
Benavente se abstuvo en la votación que autorizó el traspaso de los fondos.
Querella por el delito de fraude
Basados en estos hechos es que los diputados presentan la querella por los delitos de fraude y administración desleal.
En el documento, que cuenta con el patrocinio del abogado Francisco Caballero, se expone con respecto al delito de fraude que “la acción consiste en que uno o más empleados públicos… consintieron en que se defraude al Estado, en el presente caso a la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, originándole pérdidas, privándola de un lucro legítimo. Se trata de la pérdida de un lucro que afecta a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en primer lugar, en su patrimonio. Pero en último término afecta al Estado Fisco mismo y a los contribuyentes. Se trata de un lucro que el Estado en su conjunto no obtendrá, que desde ese punto de vista es irremplazable”.
En ese sentido, se señala que sacar los fondos de los instrumentos financieros le “ocasionó en forma directa” a Corfo un perjuicio de 193 millones de dólares solo por concepto de pérdida de intereses de los instrumentos respectivos, “lo que constituye un perjuicio consistente en la pérdida de un lucro legítimo, sobre sus utilidades del año 2022”.
Además, agregan que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Loafe) no permite ni autoriza al ministro de Hacienda a causar perjuicio al patrimonio de la Corporación “al ordenar un traspaso de fondos que obligaría a la Corfo a proceder a la intempestiva liquidación de inversiones ya realizadas, en instrumentos de renta fija de mediano y largo plazo, generando así la pérdida patrimonial respectiva a Corfo por aproximadamente 193 millones de dólares”.
Funcionarios “imputables”
La querella también es por el delito de administración desleal y sobre este argumentan que el acuerdo del 29 de noviembre de 2023 –y los acuerdos anteriores que aprobaron otras cuatro operaciones de venta de activos y posteriores integros al Fisco por un monto total de $1.789.463.555.220– “fue claramente contrario a los legales y legítimos intereses de la Corporación de Fomento de la Producción, al generarle una situación negativa de caja el mes de octubre de 2023, al impedirle superar la pérdida patrimonial de arrastre que dicha institución tiene hasta la fecha, al comprometer gravemente su patrimonio y la viabilidad del cumplimiento debido de sus funciones de fomento de la producción nacional para el futuro, originándole objetivamente una pérdida de un lucro legítimo, en la forma ya explicada”.
A dicha sesión, además de los representantes de Corfo, asistieron los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Economía, Nicolás Grau; de Desarrollo Social, Javiera Toro; la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente (en representación del ministro de RR.EE). En tanto, por Corfo asistieron José Miguel Benavente; María José Gatica López, secretaria general de Corfo; Naya Flores Araya, Fiscal; Carlos Álvarez Tapia, gerente de Administración y Finanzas; Pilar Prado Rosales, gerente general (S); Susana Silva, jefa de gabinete del Vicepresidente Ejecutivo; y Hugo Arias Villarroel, asesor de la Vicepresidencia Ejecutiva.
La querella señala que los miembros del Consejo de la Corporación con la excepción de su Vicepresidente Ejecutivo -que se abstuvo- “le irrogaron grave perjuicio mediante la adopción del acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2023 y omitieron otras acciones alternativas… Son ellos, por tanto, imputables de dicha conducta perjudicial, al infringir el deber legal de salvaguardia del patrimonio de la citada Corporación de Fomento”.
Benavente justificó su abstención en la votación del acuerdo sobre la entrega de excedentes del litio, señalando que, aunque Corfo cumplió con la primera solicitud sin afectar su patrimonio, la segunda requería traspasar utilidades de 2022 ya invertidas en el mercado de capitales. Advirtió que esto reducía los fondos patrimoniales que sostienen la operación a largo plazo de la entidad, que se autofinancia en más de un 95%.