A las 9:00 horas de este martes 24 de mayo, un nuevo atentado terrorista se registró en La Araucanía. Un grupo de encapuchados atacó un bus con 30 trabajadores contratistas de la CMPC que transitaba en la ruta entre Capitán Pastene y Tirúa. Tras el ataque, cinco trabajadores resultaron heridos, tres a bala y horas después el de mayor gravedad, falleció.

En un nuevo «Especial Mirada Líbero«, la diputada por La Araucanía, Gloria Naveillán, y el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, se refirieron a estos hechos de violencia ocurridos y criticaron el Estado de Excepción «acotado» implementado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hace una semana.

La diputada aseguró que lo que ocurrió es la «crónica de una muerte anunciada». «Si dices que vas a controlar de manera especial sólo las carreteras principales, ¿dónde se traslada la violencia?», enfatizó. Naveillán explicó que la mayoría de los atentados que se producen en Arauco y La Araucanía no son en las carreteras principales, sino en los caminos secundarios o al interior de predios.

Por ello subrayó que «este ‘Estado de decepción’ que ha puesto el Gobierno es reírse en la cara de la gente». «El Estado de Excepción acotado no sirve de nada, es peor, porque agrava la situación», continuó.

Naveillán: «En el Sur operan guerrillas terroristas»

Tras el atentado, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) descartó ser responsable asegurando que ellos no tienen como objetivo a civiles. «La CAM realiza sabotajes a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital. La CAM no ataca a trabajadores y menos a mapuche», argumentaron desde la agrupación.

La parlamentaria representante de La Araucanía aseguró no creerle a «terroristas» y explicó que «desde la CAM se escindieron distintos grupos que son las famosas Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT)». Advirtió que no tiene ninguna certeza de cuál específicamente es el grupo que actuó, ya que al haber fallecidos es difícil que se lo atribuyan, pero señaló que en ese sector opera la Resistencia Mapuche Lafkenche y la Resistencia Mapuche.

«Al final del día todos responden a la misma ideología, todos responden a usar la palabra mapuche como que esto los uniera, cuando acaban de matar a un trabajador mapuche», subrayó.

La diputada Naveillán explicó que el ataque de este martes no es «un enfrentamiento entre facciones», sino «una guerrilla que atacó sabiendo lo que hacía». «Tú no puedes estar disparando a los vidrios de un vehículo y pensar que nadie va a salir herido», aseguró.

Tras la confirmación de la persona fallecida, el Presidente Boric le dedicó unas palabras a la familia de Juan Segundo Catril Neculqueo. «Nuevamente la violencia ha cobrado una víctima» escribió en sus redes sociales.

Patricio Santibáñez: “Al Estado le cuesta mucho llegar”

En tanto, según precisó el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, el atentado en Lumaco podría ser en respuesta a la medida del gobierno de implementar Estado de Excepción «acotado» en la zona.

Apuntó a una falta de eficiencia entre las policías, militares y la Fiscalía, sumado a la escasa dotación para acceder a rutas intermedias y hacerle frente a la violencia. “Esas rutas son normalmente blancos de ataque y al Estado le cuesta mucho llegar, a la policía le cuesta llegar, los militares no han llegado en la profundidad que se requiere”, detalló.

Añadió que, entonces, los Estados de Excepción “permiten al menos que el control territorial lo empiece a disputar el Estado y puedan funcionar las instituciones como las policías o las fiscalías”.

Adicionalmente, explicó que pese a la escalada de violencia que se ha visto en los últimos años, es precisamente desde el inicio del gobierno del Presidente Boric que se dan “malas señales”. “Han llevado a una situación desde el Estado de Excepción a aumentar 2,7 veces los hechos de violencia particularmente ataques armados, atentados incendiarios, pero también empiezan a aumentar las usurpaciones”, describió.

Santibáñez precisó que en la zona existe un historial de impunidad donde existen más de 300 vehículos y 200 casas quemados al año, sumado al fallecimiento de más de 10 personas.

“La mayoría de esos delitos nunca son sancionados. La mayoría de los casos terminan archivados, entonces esta crisis responde a la falta de funcionamiento del Estado de Derecho y que nos lleva a una situación prácticamente desbordada”, enfatizó.

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