Publicado el 6 septiembre, 2021

Diez riesgos de adelantar el debate en la Convención Constitucional

Autor:

Francisca Escalona

Modificar el quórum de 2/3, establecer plebiscitos dirimentes y sanciones a los convencionales que afectarían la libertad de expresión son parte de los temas que se han discutido en estos dos meses de definición del reglamento, cuando aún no se entra al fondo de los debates. Las alertas que esto enciende son abordadas por los convencionales Constanza Hube y Felipe Harboe, y los constitucionalistas Víctor Manuel Avilés y Javier Couso.

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Francisca Escalona

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La Convención Constitucional culminó su segundo mes de funcionamiento en el que se ha enfocado en la definición, discusión y redacción del reglamento que definirá los lineamientos para los próximos meses de trabajo.

El debate que se ha dado en este proceso y las propuestas que se han levantado, despertaron ciertas preocupaciones entre los mismos convencionales ya que, se están abordando -y posiblemente quedarían zanjadas- temas que corresponde al fondo y no netamente a aspectos reglamentarios.

El tema lo advirtió la convencional Marcela Cubillos en el Podcast Constituyente de El Líbero donde señaló que lo discutido estos meses es “un anticipo de las decisiones que se van a tomar, de las votaciones que se van a dar, de las posturas que se van a imponer. Y no podemos ser ciegos a eso”. Algo que también advirtió el constitucionalista Germán Concha: “Los reglamentos no tienen por objeto definir cuestiones de fondo sino que determinar cómo se van a definir las cuestiones de fondo”.

En este escenario El Líbero detectó 10 “riesgos” del debate constitucional. Al respecto, los constituyentes Constanza Hube y Felipe Harboe , y los abogados constitucionalistas Víctor Manuel Avilés y Javier Couso dan luces sobre la materia.

Los expertos advierten que el reglamento debe apegarse a su función normativa, no avanzar en anticipar votaciones o temáticas, ya que se trata de temas de fondo que se discutirán más adelante en el desarrollo de la propuesta del texto. Al mismo tiempo, apuntan a que el propósito de esto, es que través de una votación por simple mayoría se discutan temas de fondo para “después pretender que hay que respetar los temas de fondo porque si no se respetan equivalen a no respetar el reglamento y por ahí tratar de pasar la regla de los 2/3 por el lado”, enfatiza Avilés.

A continuación 10 riesgos potenciales que surgen tras el debate del reglamento:

1. Modificar el quórum de 2/3

La amenaza de una posible modificación al quórum de 2/3 se ha manifestado de forma creciente en la Convención. Así lo describe el constitucionalista Víctor Manuel Avilés. Subraya que la Constitución explicita que cuando no hay acuerdo para una temática, la propuesta se debe seguir trabajando para lograr ser aprobada, pero no buscar construir hipótesis para modificar dicha norma.

La constituyente por el distrito 11, Constanza Hube, sostiene que si bien el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales en el pleno no se puede alterar, a través del reglamento se está “tratando de acortar lo más posible las materias que son de 2/3, por lo que hay que tener ojo con los elementos de votación”.

Por su parte, el convencional por el distrito 19, Felipe Harboe, sostiene que efectivamente existe un sector de la Convención que “quiere es pasar aplanadora” y, por tanto, derogar las normas de origen. Al mismo tiempo, apunta a que los convencionales fueron electos por la ciudadanía y “cuando uno compite con determinadas reglas, tienes que respetarlas y, por tanto, los 2/3 nos obligan a llegar a acuerdos y creo que la mejor fórmula para que a este país le vaya bien, es que la Constitución sea la casa de todos y no la casa de algunos como es la Constitución actual o como pretenden algunos en la Convención”, enfatiza.

Se está tratando de acotar lo más posible las materias que son de 2/3, por lo que hay que tener ojo con los elementos de votación”, señala la convencional Constanza Hube.

2. Plebiscitos dirimentes

Los plebiscitos dirimentes se pusieron sobre la mesa como una forma de consultar a la ciudadanía cuando no se lograse acuerdo en una determinada materia, es decir, cuando se consiguiera apoyo de la mayoría, pero no alcance los 2/3. Primero se rechazó en la comisión de Reglamento, pero luego ingresó por la Comisión de Participación,

Sobre esta propuesta, el constitucionalista Avilés sostiene que esta propuesta es “derechamente inconstitucional” porque “el encargo que se le hace a la Convención es acordar un texto con 2/3, entonces cuando se plantea que los desacuerdos van a tener que ser resueltos en un plebiscito dirimente, se está violando derechamente esto”. Además, explica, se estaría pasando a llevar lo que ya aprobó la ciudadanía en el plebiscito, por lo cual si una medida como esta se tomara sin volver a consultar a la gente “simplemente estaría pasando por sobre un pronunciamiento de la ciudadanía y eso me parece que eso es de dudosísima constitucionalidad y por de pronto de dudosísimo carácter democrático”.

Hube, en tanto, sostiene que la Convención no tiene las facultades para realizar este tipo de consultas ciudadanas, por lo que “más que un riesgo es una vulneración a las disposiciones constitucionales”. De esta forma, apunta, “nos estamos excediendo en nuestras atribuciones expresamente están establecidos en el Capítulo 15, que tiene que ver con redactar una propuesta de nueva Constitución y eso es todo”.

Harboe enfatiza en que la experiencia comparada, los echa abajo “por tierra” y agrega que “si la regla es 2/3, tiene que ser 2/3 y punto, nada de andar inventando plebiscitos para que la gente pueda intentar revocar una decisión que no les fue favorable, entonces imagínate que por cada decisión que yo perdiera en la Convención, hiciera un plebiscito, no terminaríamos nunca”.

Si la regla es 2/3, tiene que ser 2/3 y punto, nada de andar inventando plebiscitos para que la gente pueda intentar revocar una decisión”, subraya el constituyente Felipe Harboe.

3. Sanciones a los convencionales

La Comisión de Ética de la Convención propuso incluir, como parte del reglamento, sanciones a los convencionales que realicen “toda acción que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”. Además, añade  también incluye “las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”. Las sanciones incluyen, entre otras cosas, limitar el derecho al uso de la palabra.

“Primero creo que el negacionismo es pésimo, es tonto, pero el riesgo que genera ese tipo de medidas que son tan erradas desde la lógica de los derechos humanos incluso, que a la larga van a minar la legitimidad del proceso”, sostiene Avilés. En esta línea, sostiene, “una discusión de una Constitución donde se ha partido del acallar ideas o de una verdad histórica, es un Constitución que no fue amplia y que va a quedar manchada por eso. Lo que puede ser la base de que en tres o cuatro años más hayan cuestionamientos de nuevo a la Constitución por haber sido discutido sesgadamente”, enfatiza.

“Lo de la Comisión de Ética es francamente preocupante, creo que ahí hay una especie de intento de superioridad moral que yo no sé de dónde sale. Esto de incluso sancionar y prohibir el uso de la palabra, dónde se ha visto eso, el derecho a expresarse no puede ser limitado por una sanción, luego establecer esto del negacionismo por omisión, eso es lo más parecido al totalitarismo”, describe Harboe. La convencional Hube coincide en que el tema de la “re educación”, “es un ejemplo del totalitarismo que está reinando en algunas comisiones de la Convención”.

Ahora bien, el abogado constitucionalista, Javier Couso, opina que “intentar extraer el contenido de la Constitución solamente del reglamento me parece enteramente prematuro, sin embargo, en esto estoy de acuerdo. Me parece que esto es lo único que merece especial preocupación porque es ahora cuando debiese resolverse y si se aprobara lo que la Comisión de Ética ha enviado, me parecería muy negativo particularmente sanciones como la sanción al derecho a voz y el diseño me parece muy poco amistoso con la deliberación de una Convención”.

Si se aprobara lo que la Comisión de Ética ha enviado, me parecería muy negativo particularmente sanciones como la del derecho a voz”, señala el constitucionalista Javier Couso.

4. Libertad de expresión y sanciones al negacionismo

Todos coinciden en que estas definiciones son un “mal augurio” para cuando se discuta la libertad de expresión para la redacción de la Carta Fundamental. “Hay algunos que plantean que la libertad de expresión es un derecho absoluto para ellos, porque ellos tienen la verdad, pero es un derecho condicional para otros. Eso es muy delicado porque la libertad de expresión no es absoluta y por eso existen los delitos de injurias y calumnias, pero a su vez tampoco puede ser cercenada la opinión cuando alguien piensa distinto”, sostiene Harboe.

5. Eliminar el concepto de República

Para el reglamento se decidió dejar fuera el concepto de República y aunque para Felipe Harboe fue un “gustito” innecesario de algunos constituyentes que desconocen la definición, la convencional del distrito 11, Constanza Hube, sostiene que es uno de los limites de fondo que están expresamente establecidos en el capítulo 15. En él se señala que no se puede alterar el carácter de “República Democrática de Chile”, por lo que, dice, “es lamentable que no quieran incluir la palabra república en ninguna parte del reglamento, es un límite que no se puede alterar, pero es una mala señal el hecho de ni si quiera querer incluirlo”.

6. Modificar las atribuciones al Presidente y el Congreso

Y aunque si bien en el reglamento no se abordaron las atribuciones del Presidente y el Congreso la resolución de éstos genera una preocupación. Avilés sostiene que probablemente no se quieran tomar definiciones respecto a las atribuciones de las autoridades antes de la elección presidencial y parlamentaria, por tanto, también podría ser un riesgo a largo plazo.

“Hay un grupo que podrá pensar ‘qué poder le voy a dar al presidente y dado que hay una elección tan cerca, veamos primero quién es el Presidente’, si el Presidente es una persona que satisface a la mayoría, se le darán ‘x ‘poderes y si es Sichel se le darán ‘y’ poderes. Entonces, eso también es un riesgo, que la discusión se politice a la luz de la elección que viene también creo que es un riesgo”, sostiene.

El encargo que se le hace a la Convención es acordar un texto con 2/3, entonces cuando se plantea que los desacuerdos van a tener que ser resueltos en un plebiscito dirimente, se está violando derechamente esto”, subraya el constitucionalista Víctor Manuel Avilés.

7. Intromisión a otros poderes del Estado

La primera semana de la Convención Constitucional estuvo marcada por la declaración de los constituyentes respecto de los presos post 18-O que ellos han denominados “presos de la revuelta”. Esta posible “intromisión” en otros poderes del Estado la alerta el constitucionalista Avilés. Sostiene que si bien “no usurparon un poder del Estado, exhortaron a un poder del Estado a hacerlo y, claro, no hicieron lo más grave, la verdad es que no tienen atribuciones para pedir que lo hagan, entonces, están excediendo sus atribuciones”.

Esto, explica, guarda relación con una muy poco clara conceptualización de lo que es la Convención Constitucional porque se tiende a creer  que es un poder constituyente derivado, cuando “es un organismo colegiado, reglado, por lo tanto, no es soberano y está sujeto a la ciudadanía, al pueblo que es poder que le dictó las reglas y que tiene como único objeto hacer algo específico que es preparar un texto para que el texto sea aprobado por un poder constituyente que va a ser el pueblo”.

8. Libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres

En las últimas semanas Vamos por Chile alzó la voz por la libertad de enseñanza y el derecho preferente a los padres para educar a sus hijos. Los convencionales del sector propusieron incluir en el reglamento que se dejara establecido como un tema a tratar más adelante, sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría. Hube lo considera como una mala señal y sostiene que más adelante se volverá a plantear. Además, agrega que “es una cuestión súper evidente porque está en tratados internacionales que nosotros no podemos alterar”.

El abogado Couso pone paños fríos a la discusión y sostiene que “pretender que esto anticipa cómo va a estar la cláusula de educación me parece prematuro, la gente lo va a pasar muy mal preocupándose de cosas que no han ocurrido. Es bueno anticiparse, pero tampoco es bueno estar en una situación de desvelo por cosas que no se han materializado, es muy poco probable que en Chile no haya una cláusula de educación que respete el derecho preferente a los padres de educar a sus hijos, pero no va a ser idéntica a la actual regulación”.

9. Cambiar la institucionalidad de Carabineros

La Comisión de Derechos Humanos propuso cambiar la institucionalidad de Carabineros, “sustituirla” por otra. Finalmente esto no se sumó al reglamento, pero se verá directo en el pleno. Quienes conocen el tema aseguran que será un tema controversial a futuro, ya que como sostiene Avilés “la Convención tiene la facultad por 2/3 para eliminar como fuerza de orden a Carabineros”.

“Yo creo que va a ser un tema, efectivamente se requiere hacer adecuaciones constitucionales a las policías, eso es natural porque además creo que están mal reguladas hoy día por un tema de que la norma es muy antigua, pero yo no estoy en la lógica de echar a bajo la institución y partirla de nuevo, pero sí creo que la constitución tiene que tener cambios en esta materia”, sostiene Harboe.

10. Levantar el secreto de la Comisión Valech

También en Derechos Humanos se propuso levantar el secreto de la Comisión Valech con el propósito de dar a conocer todos los casos para “crear conciencia con lo ocurrido” y particularmente utilizar esa información para las causas judiciales. Sin embargo, los convencionales coinciden en que la Convención no cuenta con las atribuciones ni en esta etapa regulatoria ni en la discusión del contenido. Esto, dice Harboe, porque es materia de ley y de acuerdo a la reforma que dio origen a la Convención éstas son propias del Congreso.

“Nadie tiene derecho a exponer y re victimizar a personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos como las relataba el informe Valech, muchas de ellas dieron sus testimonios bajo la condición de secreto y, por tanto, hoy día cambiar las condiciones me parecería un despropósito completo”, enfatiza.

  1. Manuel Rojas Asenjo dice:

    Mi pregunta es porqué los Convencionales que acá escriben – con los cuales estoy de acuerdo- no presentan los recursos judiciales correspondientes, como puede ser nulidad de derecho publico o recurrir al Tribunal Constitucional

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