Cuando en noviembre de 2017 la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 21.040 de “Nueva Educación Pública” de desmunicipalización de los colegios, prometió que permitiría “avanzar en acceso, calidad, equidad e inclusión”.

En su alocución en La Moneda, la Mandataria no escatimó en elogios en los múltiples beneficios que, a su juicio, tendría el traspaso de los colegios desde los municipios a servicios estatales centralizados.

“Tiene una nueva visión sobre la equidad, sobre la responsabilidad del Estado, sobre la descentralización y, sobre todo, sobre la labor pedagógica», aseguró.

La Presidenta afirmó que la nueva educación pública «es la única que puede garantizar que la educación sea un verdadero derecho para las personas en cualquier localidad, y con los mejores estándares de calidad».

«Para terminar con esas diferencias de calidad, esa tarea estará desde ahora a cargo de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública», dijo Bachelet.

La desmunicipalización alcanza el 12% de las escuelas

Dicha ley creó los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que reemplazan a los municipios como sostenedores de cinco mil colegios. En esos recintos estudian 1,3 millones de alumnos e imparten clases 115 mil docentes. A lo que se suman 77 mil niños de jardines infantiles, y 90 mil asistentes de la educación.

A la fecha, solo el 13,9% de la matrícula (176 mil alumnos) ha sido traspasado a las SLEP, y un 12,6% de las escuelas (636). Por lo que la tarea que queda por delante es gigantesca.

En 2018 y 2019 se crearon los primeros ocho servicios, siete en 2020, y 22 entre 2021 y 2022. El total de servicios a implementar en el país son 70.

Los “nudos críticos” de la desmunicipalización que reconoció el ministro de Educación en el Congreso

A casi cinco años de la promulgación de la ley, la realidad dista mucho de las promesas de la ex Presidenta Bachelet.

Marco Antonio Ávila, ministro de Educación

La cuota de realismo la puso el propio ministro de Educación del Gobierno de Gabriel Boric, Marco Antonio Ávila, en una presentación ante las comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, el pasado lunes 26 de septiembre.

En su informe de 47 páginas, “Estado de avance Implementación Sistema de Educación Pública”, el secretario de Estado reconoció cuatro “nudos críticos” de la ley.

El primero, “entregar mayor tiempo previo al traspaso de los establecimientos”.

Eso significa que se retrasará el proceso de desmunicipalización. Por ejemplo, entre 2023 y 2026 el calendario actual contempla crear 59 servicios. Sin embargo, el Mineduc amplió ese plazo a 2029.

El segundo nudo crítico tiene que ver con la falta de recursos. El ministro Ávila reconoce una reducción de la disponibilidad presupuestaria con término (2025).

Ávila aseguró que se deberá considerar también el transporte escolar, ya que han detectado una merma en la asistencia presencial. También reconoció falta de apoyo, complejidades de gestión y que el “proceso ha estado más centrado en la operación antes que en el pago de deudas”.

La senadora Yasna Provoste, quien participó de la tramitación, indicó que «la presentación (del ministro) deja hartas dudas respecto de la situación financiera, particularmente de los SLEP».

De hecho, el presidente RM de los profesores, Mario Aguilar, en carta a El Mercurio dijo que “debe abordarse el déficit financiero que se genera por los aportes municipales que dejan de recibirse, y el nuevo sistema no contempla su reposición”.

Los problemas en el traspaso de los municipios a los servicios locales

El traspaso desde los municipios a las SLEP es el tercer y complejo nudo que reconoció el ministro Ávila.

En una lista de 10 puntos, el Mineduc admite la entrega de información municipal deficiente y desactualizada y precariedad en la infraestructura. Así como de disponibilidad de oficinas, perfiles de cargo, dotación y falta de articulación entre instituciones, entre otros problemas.

El cuarto aspecto deficiente es el “bajo nivel de articulación entre la estrategia nacional y los planes locales de SLEP». A ello se suman problemas de articulación entre instituciones, necesidad de rol más protagónico de la Seremis, deuda de capacidades en todos los niveles y actores”, entre otros.

El diagnóstico del ministro es similar a otros informes de seguimiento de la reforma, que detectó cinco “nudos críticos”.

El texto sostiene que se “siguen reportando como un eje problemático la gestión presupuestaria y la ejecución correcta de los presupuestos disponibles en los SLEP ya instalados”.

Los profundos cambios a la desmunicipalización de Bachelet que anunció el Mineduc

En el Congreso, el ministro Ávila reconoció que los problemas ‘hacen imposible’ seguir con las condiciones actuales. Ello, porque “no hay capacidad técnica” para implementar el calendario original de la ley, que define que en 2025 se inicia la instalación de los últimos SLEP.

Frente a los múltiples problemas, el ministro  de Educación anunció tres estrategias de cambios.

La primera, un proyecto de ley “misceláneo” que ingresó al Congreso en julio, y contempla postergar la puesta en marcha de los SLEP.

Ese proyecto, de hecho, ha generado varias polémicas porque contempla permisos especiales para que los dirigentes del Colegio de Profesores se ausenten hasta 44 horas semanales de sus labores educativas.

La segunda estrategia es un decreto presidencial para postergar de 2027 a 2029 el calendario de creación de todos los servicios locales. La última consiste en otro proyecto de ley con diversos cambios a la ley 21.040.

Investigadora LyD: Desmunicipalización “puede decepcionar a miles de familias”

“Esta es una ley que parece no haber dimensionado lo que significaría el proceso que estaba iniciando. Es por ello que, antes de seguir avanzando en el traspaso de más escuelas, es importante ir resolviendo los problemas que se han ido identificando y extender los plazos contemplados”, afirma María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD).

María Paz Arzola, investigadora LyD

Además de los temas administrativos y nudos que ya se han diagnosticado, Arzola sostiene que se debe resolver la sobredotación docente, y viabilizar la contratación del personal idóneo para los servicios locales.

“De lo contrario, vamos a tener un nuevo sistema de educación publica que no va a cumplir con la expectativa con la cual se creó, decepcionando a las miles de familias que todavía confían en la educación pública en el país”, plantea Arzola.

Acción Educar: “Los problemas eran más complejos y profundos de los que estimaba el gobierno de Bachelet”

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, sostiene que, “desde la discusión de esta reforma había cierta claridad que los problemas que se observaban eran más complejos y profundos de los que estimaba el gobierno de la Presidenta Bachelet, y que la ley los abordaba de forma parcial y en algunos casos, equivocada”.

“Se han hecho esfuerzos importantes y ha habido avances, pero han estado limitados por problemas de diseño de la ley”, afirma Rodríguez.

Daniel Rodriguez, director ejecutivo Acción Educar

En su opinión, el principal acierto de la reforma es que, hasta cierto punto, se mantuvo a raya la idea de un control directo de los colegios por parte del Ministerio de Educación.

“Si bien la estructura actual es centralista, el Ministerio no es un sostenedor, y los colegios siguen siendo autónomos en su esencia. Es una garantía importante que debe protegerse y ojalá ampliarse”, explica el director ejecutivo.

A su vez, el principal error es que, a su juicio, por el tamaño de los servicios locales, se desacopló el poder local de la administración de la educación pública.

“Eso termina por distanciar a la ciudadanía, tanto geográfica como políticamente, de los servicios que el Estado le provee, y le quita control y poder de decisión. Los alcaldes no eran la mejor opción, pero al menos se entendía que los encargados de la educación eran elegidos democráticamente”, indica Daniel Rodríguez.

Sobre la promesa de Bachelet de que mejoraría la calidad educativa, el director ejecutivo es categórico en señalar que, “en términos de logros de aprendizaje, no se observa variación en ningún indicador, pero es apresurado sacar conclusiones. El indicador clave es que las familias vean una opción competitiva e interesante, de características específicas, y que eso se materialice en un aumento de la matrícula”.

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