Publicado el 08 de julio, 2020

Denegación de servicio y denegación de auxilio, los delitos que investiga la Justicia en el caso de Carabineros y el Hospital de Melipilla

Autor:

Bastián Garcés

En el Juzgado de Garantía de Melipilla se encuentra la querella interpuesta por tres carabineros, dos mujeres y un hombre, contra los funcionarios del Hospital San José de Melipilla que resulten responsables por haberles negado la atención médica al momento de solicitar exámenes de PCR. «No atenderemos pacos», habrían sido las palabras del médico a cargo, según consigna el escrito. Los hechos ocurrieron el 18 de junio y fueron calificados por las autoridades de gobierno como «un acto de discriminación inaceptable». El Líbero accedió al texto completo de la querella.

 

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«El hecho aquí descrito configura los delitos de denegación de servicio y denegación de auxilio y, previstos y sancionados en los artículo 257 y 253 del Código Penal», se lee en la querella (ver completa al final del artículo) que los sargentos segundos Irene Aravena y Sammy Alvarado, y la carabinera Marilyn Riquelme presentaron el 25 de junio en el Juzgado de Garantía de Melipilla en contra del personal médico del Hospital San José de Melipilla que se habrían negado a prestarles atención médica 9 días antes, cuando asistieron al centro médico para realizarse exámenes para detectar el Covid-19, tras presentar malestares físicos.

Según establece el artículo 257 del Código Penal, «el empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificación o testimonio, o impidiere la presentación o el curso de una solicitud, será penado con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales» y en caso de que «el testimonio, certificación o solicitud versaren sobre un abuso cometido por el mismo empleado, la multa será de once a veinte unidades tributarias mensuales». Mientras el artículo 253 señala que «el empleado público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente, no prestare, en el ejercicio de su ministerio, la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, será penado con suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales».

Además, los querellantes señalan que de acuerdo a los numerales 10 y 11 del artículo 494, del Código Penal, serán penados con una multa de 1 a 4 UTM los médicos, cirujanos, farmacéuticos, dentistas o matrones que incurriesen «en descuido culpable en el desempeño de su profesión, sin causar daño a las personas» o por no prestar «los servicios de su profesión durante el turno que les señale la autoridad administrativa».

El caso se hizo conocido hace tres semanas, y si bien aún no terminan las investigaciones judiciales ni los sumarios, generó que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, cuestionara al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien tras conocer la denuncia de los uniformados señaló que negar atención era un «acto de discriminación inaceptable». De hecho, a través de un comunicado público el Colmed afirmó que luego de recabar antecedentes habían «llegado a la convicción de que tales acusaciones no se ajustan a la verdad» y además exigían que el secretario de Estado entregara disculpas públicas contra el principal acusado de la situación, el jefe de Urgencias del recinto, Rubén Ibarra.

«Hay mucho pacos, no atenderemos pacos»

Según se puede leer en el relato que realizan los querellantes, el jueves 18 de junio, a las cuatro de la tarde, los uniformados llegaron al recinto hospitalario para ser atendidos ya que presentaban síntomas asociados al Covid-19. Una vez dentro del centro médico e ingresados al sistema de atención, la enfermera Pamela Rodríguez encargada de realizar la categorización de los pacientes les preguntó el motivo de la consulta. En ese momento, los querellantes afirman que «pese a no habernos realizado la toma de signos vitales, ni comprobar nuestro estado febril, fuimos categorizados como C5», que significa que los pacientes tienen una gravedad «no pertinente» y por lo tanto su atención es tardía.

Mientras esperaban la atención en el hall principal del recinto, los afectados escucharon como llamaban al carabinero David Avello para ser atendido en un box de la urgencia respiratoria. Después de eso, continúa el relato, la enfermera Rodríguez llamó a la sargento segunda Aravena para preguntarle por qué motivo no había acudido al Hospital Institucional de Carabineros o a la Clínica los Maitenes, establecimiento que cuenta con un convenio con Dipreca. «Luego, realizó un llamado telefónico desde su equipo celular y ante la respuesta positiva que recibió a este llamado, manifestó que debíamos esperar, instantes en que salió desde el interior del box de urgencia respiratoria el carabinero Avello Urrutia, quien nos señala que le habían realizado el examen PCR», afirman los carabineros.

Luego de que saliera Avello del box y mientras esperaban en el hall de urgencias que se encontraba en silencio los sargentos segundos Irene Aravena y Sammy Alavarado escucharon desde el interior de la sala de urgencias respiratorias una conversación que sostenían tres médicos al interior de la sala.  Según la versión que entregan al tribunal los afectados, los facultativos «comentaban entre ellos, sobre nuestra atención, momento en que se oye que uno de ellos señala a viva voz ‘hay muchos pacos, no atenderemos pacos’, médico quien fue identificado posteriormente como Rubén Ibarra«, jefe de urgencias del hospital.

Minutos después, la carabinero Marilyn Riquelme ingresó al box, luego de ser llamada por el médico Ibarra. Riquelme estuvo en el box cerca de cinco minutos, tiempo en el que el jefe de urgencias le «manifestó textualmente que sería la vocera para entregarle una información a sus colegas y a sus jefes directos, manifestando que él no podía otorgar licencia médica a personal de Carabineros debido a que el sistema no lo permitía, y por ende, no se les podía realizar el examen PCR correspondiente, solicitando el número telefónico de algún mando superior de la Unidad». El número de contacto no fue otorgado por la carabinera, quien argumentó que eso se trataba de información privada, razón por la cual Ibarra le entregó su número personal, nombre y el de la oficina de urgencias para poder entrevistarse con alguno de sus superiores, «ya que se mantenía una información errónea acerca de la concurrencia de los carabineros a ese centro asistencial, y que no ‘correspondía otorgarles dicha atención'».

Tras esta situación, Riquelme salió del box y se dirigió al hall principal, con un trozo de papel en sus manos en el que estaba escrito el nombre del doctor de turno y dos números telefónicos, «manifestando dicha funcionaria que el doctor había solicitado que el mando tomara contacto a esos números de teléfono para instruir que funcionarios de Carabineros se trasladaran a su ‘Hospital Institucional o a la Clínica Los Maitenes en donde existe convenio para nuestra atención‘».

Según señala la querella, la víctimas afirman que «después de un rato, desde la ventanilla de atención al público nos hacen devolución de la fotocopia de la tarjeta de medicina curativa y el acta de dicho Hospital donde aparece la individualización del paciente con convenio con las Fuerzas Armadas, por lo que solicitamos de inmediato el libro de reclamos correspondiente, el que cual fue negado en todo momento por el personal de la Salud que allí se encontraba, señalando que el libro no se encontraba en ese recinto hospitalario».

«Ante la negativa de nuestra atención médica, y de entrega del libro de reclamos, el sargento 2° Sammy Alvarado Chávez se entrevistó con un enfermero, en el sector de portería, a quien le mencionó que le diera el nombre del funcionario que señaló que no atendía “pacos” ya que es un centro asistencial de la salud y no podían negar la atención médica, solicitando, además, que el médico certificara por qué no lo atendería, ante lo cual el enfermero se retira desde la ventanilla señalando ‘el médico se niega a entregar certificado'», se lee en el documento presentado ante el Juzgado de Garantías de Melipilla el pasado 25 de junio, y que el tribunal declaró admisible el viernes pasado.

Cerca de las seis de la tarde, la encargada de recepción nuevamente les solicitó a los carabineros sus documentos para reingresarlos al sistema, tras lo cual la sargento segunda Aravena y la carabinero Riquelme fueron llamadas al box de atención de urgencias respiratorias por el médico Rony Navas, quien les preguntó sobre los síntomas que tenían y explicándoles que les realizaría el examen de PCR, cuyos resultados serían entregados de forma telefónica, tras los cual un enfermero ingresó con un tórula para realizar el test, pero en ese instante «se presentó el doctor Ibarra, quien manifestó al doctor Navas que no les realizara el examen correspondiente, motivo por el cual el enfermero se retiró«.

Según la versión de los afectados, el jefe de urgencias argumentó que «había enviado a la sala de espera una nota con su número telefónico para que nuestro mando directo tomase contacto con él y expresar que teniendo síntomas positivos necesitábamos tener 14 días de cuarentena«. El médico también afirmó que «desconocía el motivo por cual nos habían devuelto el bono de convenio de Fuerzas Armadas en la ventanilla de recepción y que su intención no era negarnos la atención de urgencias, pero según su apreciación, no era recomendable realizarnos el examen PCR».

Tras este hecho, las carabineras solicitaron sus datos de atención, sin haberse tomado las muestras PCR, pese a que en ellos se estipulaba que «se habría tomado muestra para Covid-19» y en las indicaciones del alta médica se recomendaba beber líquidos, medicamentos, además de entregar instrucciones para prevenir los contagios de enfermedades respiratorias. En el documento además se mencionaba que debían tomar contacto de manera «telefónica para entregarles un resultado de un examen que nunca se realizaron y que deben consultar en urgencias de ese mismo hospital en caso de tener dificultad respiratoria o fiebre persistente».

El relato finaliza explicando que después de toda esta situación la sargento segunda Irene Aravena, quien «mantenía claros síntomas atribuibles a la enfermedad del Covid19, tuvo que trasladarse hacia el Hospital Institucional con la finalidad de que se le realizara el Examen PCR», establecimiento que se ubica a casi 80 kilómetros de distancia de donde las uniformadas se encontraban para ser atendidas.

 

Querella presentadas por carabineros contra personal de salud del Hospital de Melipilla 

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