Publicado el 15 marzo, 2021

Delito de sedición y contra la seguridad del Estado: qué hay tras la carta que Aucán Huilcamán envió al Ejército

Autor:

Daniela Bas

Abogados penalistas aseguran que la misiva enviada por el dirigente mapuche al Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, solicitándole “no cumplir las decisiones políticas del Presidente” en la Macrozona Sur, constituye un delito contra la seguridad interior del Estado. “Es un llamado abierto a la desobediencia y amerita una investigación”, sostienen los especialistas.

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Daniela Bas

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“Exhortamos al Ejército de Chile a no cumplir las decisiones políticas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por su fracaso con el propio pueblo chileno manifestado en el estallido social y vuestra participación sería para proteger únicamente los intereses de la clase política dominante en desmedro de la imprescindible paz en el país y en el Wallmapuche/Araucania”, son las palabras que se leen en una carta escrita por el dirigente mapuche Aucán Huilcamán, dirigida el 2 de marzo al Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

Huilcamán, ahora candidato a gobernador por La Araucanía se refiere en la misiva sobre los patrullajes mixtos de militares y policías en la Macrozona Sur que fueron implementados por el Gobierno ante la ola de violencia marcada por una seguidilla de ataques incendiarios.

En esa oportunidad, el vocero del Consejo de Todas Las Tierras, interpeló al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a desistir de este plan de trabajo  y señaló que “es la peor idea que puede tomar un gobierno, es un atentado al derecho a vivir en paz, es una amenaza a la convivencia”. Pero sus palabras no quedaron ahí.

El martes 2 de marzo tres comunidades mapuches representadas por Aucán Huilcamán llegaron hasta el regimiento Tucapel de Temuco para hacer entrega de la carta dirigida a la máxima autoridad del Ejército, solicitando a la institución castrense que se restara de los patrullajes mixtos y desobedeciera a la autoridad. 

“Pedimos a usted en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Chile a desobedecer y se abstenga a implementar las decisiones ilegítimas y arbitrarias del presidente Sebastián Piñera”, declaran en la misiva.

El acto fue repudiado por el ex comandante en jefe de la Armada y actual presidente de la Asociación de generales y almirantes en retiro, Rodolfo Codina, quien señaló en entrevista con El Líbero que “eso es sedición, eso es abierta sedición, y no pasa nada. No hay del gobierno ninguna actitud hacia este hombre que está haciendo un acto de sedición, mandándole una carta, que además queda por escrito”.

Es un llamado abierto a la desobediencia, a la no implementación y es una situación que amerita una investigación bajo la figura de la seguridad del Estado”, sostiene el penalista Gabriel Cisternas.

Consultado por El Líbero sobre qué delito se puede configurar al hacer un abierto llamado al Ejército a no respetar las instrucciones del Gobierno, el abogado penalista, Samuel Donoso coincide en que puede corresponder al artículo 274 del Código de Justicia Militar que dice que “todo individuo, militar o no, que sedujere o auxiliare tropas de las Instituciones Armadas para promover por cualquier acto directo la insubordinación en las filas, será reputado como culpable de sedición”.

En tanto, otros especialistas ven otro tipo de delito. Gabriel Cisternas, penalista de Olivares y Cisternas, comenta que “este llamamiento, esta carta podría configurarse en términos generales lo que se conocen como delitos contra la seguridad interior del Estado“. De acuerdo a Cisternas “acá hay un llamado a no implementar las instrucciones que da el Presidente de la República y además los Comandantes en Jefe le deben cierta subordinación al Presidente porque es la primera autoridad de la Nación”.

El abogado advierte que no se debe olvidar que nos encontramos en un Estado de Excepción constitucional para ponderar la situación, ya que explica que “si bien no configura delitos por su existencia, sí existen algunos agravantes de los delitos que se cometen durante la vigencia del mismo”.

Un Estado de Derecho exige que las instituciones públicas deban rechazar este tipo de discursos, ya que pueden crear una cultura antidemocrática en la relación de las FF.AA. con el Gobierno democráticamente constituido”, asegura el abogado Gonzalo García.

Por su parte, Gonzalo García, director de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, coincide con Cisternas y afirma que “las conductas de incitación a la indisciplina o desobediencia por parte de particulares a individuos pertenecientes a Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería o Policías se encuentran cubiertas por el tipo penal del art. 4 letra b) de la Ley de Seguridad del Estado”.

Según la Ley 12.927, el Artículo 4 señala que “cometen delito contra la seguridad interior del Estado los que “inciten o induzcan, de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas o a individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes del Gobierno constituido o de sus superiores jerárquicos”.

García sostiene que por tratarse de una ley diseñada para contextos especiales exige niveles de gravedad que se materializan en la seriedad de la fuente de inducción. A lo que señala que este “pareciera ser un caso más bien pintoresco y poco significativo, más asociado al intento por llamar la atención de la prensa que por crear un verdadero riesgo para la seguridad interior del Estado”.

Con esto en consideración, de todas maneras asegura que “un Estado de Derecho exige que las instituciones públicas deban rechazar este tipo de discursos, ya que pueden crear una cultura antidemocrática en la relación de las FF.AA. con el Gobierno democráticamente constituido”.

“Es una situación que amerita una investigación bajo la figura de la seguridad del Estado”

Tras la entrega de la carta en el regimiento, dirigida al Comandante en Jefe, el dirigente mapuche comentó que había  tenido un “cordial encuentro”.

 

El penalista Gabriel Cisternas indica que “la persona que recibe esa comunicación debiese poner los antecedentes en conocimiento de la justicia porque es un funcionario público. Él debiese entender que lo que están haciendo es un llamado a una forma de insubordinación. Tiene que remitir los antecedentes a la Fiscalía para que inicie la respectiva investigación”, subraya.

“Estamos hablando además de que se comete a través de una misiva, un documento escrito que lleva nombre y firma, no es un anónimo como los rayados en las calles. Por lo tanto, es un llamado abierto a la desobediencia, a la no implementación y es una situación que amerita una investigación bajo la figura de la seguridad del Estado”, sentencia Cisternas.

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