En su primera entrevista tras la operación de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro, la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, cuestionó el historial de la ahora presidenta “encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Machado calificó a Rodríguez como “la principal arquitecta de las torturas” y una figura estrechamente aliada a China, Rusia e Irán. Pocas horas después, los medios estatales venezolanos informaron que Rodríguez designó al general en jefe Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Se trata de un militar acusado por la ONU de haber ordenado la comisión de crímenes de lesa humanidad.
No es la primera vez que Rodríguez y González López trabajan de manera conjunta. Como vicepresidenta de Venezuela —cargo que ocupaba desde el 14 de junio de 2018—, Rodríguez tuvo bajo su mando al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), organismo dirigido por González López en dos periodos: del 17 de febrero de 2014 al 31 de octubre de 2018, y nuevamente desde el 30 de abril de 2019 hasta el 18 de octubre de 2024.
González López además fue Ministro de Interior, Justicia y Paz desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 2 de agosto de 2016.
El 20 de septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, creada por disposición del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, emitió un informe en el que documentan crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado. Allí se concluye que “González López tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el SEBIN a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual”, y se agrega que “desempeñó un papel en varias detenciones arbitrarias, incluso por no ejecutar las órdenes de liberación”.
El documento de la Misión señala que hay «motivos razonables para creer que González López, en su calidad de Ministro del Interior, tenía conocimiento de la comisión de las violaciones y delitos comprendidos en el mandato de la Misión y que, como Director General del SEBIN, también conocía, participaba y contribuía a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y delitos, algunos de los cuales equivalían a crímenes de lesa humanidad».
Entre los expertos que integraban la Misión de la ONU que elaboró dicho informe se encuentran el abogado chileno Francisco Cox, además de Marta Valiñas de Portugal (presidenta de la misión), y Patricia Tappatá de Argentina.
¿Cerrarán El Helicoide?
La comisión de estos actos crueles incluso fue reconocida ayer por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un discurso durante el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, Trump se refirió a Nicolás Maduro como “un hombre violento”, que “ha matado a millones de personas. Tortura gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que van a cerrar ahora”. Aunque no dio su nombre, el mandatario norteamericano pudo estar haciendo mención a El Helicoide, uno de los centros de detención bajo el control del SEBIN.
El Helicoide, situado en el centro de Caracas, fue concebido como un centro comercial, pero debido a problemas de financiamiento su construcción –comenzada en la década de 1950– nunca concluyó. En principio el lugar quedó abandonado, y muchos años después se determinó que la construcción se convirtiera en sede del SEBIN y en la actualidad es conocido por ser un centro de torturas y violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con la Misión de la ONU, entre los principales objetivos del SEBIN, también conocido como la “policía política” del régimen, aparecen los opositores “reales o percibidos del Gobierno”, bien sea políticos, activistas sociales, líderes estudiantiles, hasta periodistas. Además, denuncian, el SEBIN también detiene a personas vinculadas a sus objetivos principales, como colegas y familiares, especialmente en los casos de miembros de alto nivel de la oposición política.
Delcy Rodríguez y el SEBIN
El exdirector del SEBIN, Cristopher Figuera –quien actualmente vive en el exilio en paradero desconocido–, declaró a la Misión que durante su mandato mantuvo una comunicación constante con Rodríguez «prácticamente todos los días».
“Esta comunicación incluía informes sobre escuchas telefónicas y vigilancia de políticos, entre otros. Sin embargo, aclaró que el papel de Delcy Rodríguez, Vicepresidenta durante su gestión, era principalmente administrativo y que las órdenes al SEBIN venían directamente del propio Presidente Maduro. Las órdenes eran verbales, nunca por escrito. Otras personas entrevistadas por la Misión corroboraron que las órdenes provenían directamente del Presidente Maduro”, dice el informe elaborado por la instancia de la ONU en 2022.
En el documento también queda de manifiesto que un exempleado de alto nivel del SEBIN declaró que en algunos casos Maduro quería saber lo que miembros de la oposición estaban haciendo durante las 24 horas del día, por lo que el Director General le enviaba información cada dos horas, “a veces directamente y otras veces a través de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, o la Primera Dama, Cilia Flores”, esta última también detenida por EE.UU.
El 28 de abril de 2021, Rodríguez, en nombre de Maduro, emitió un decreto por el que se adscribía el SEBIN de nuevo al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El Decreto decía que la transferencia era «para adecuar la estructura organizativa (del Ejecutivo) a los nuevos lineamientos y políticas de orden social».
González López y los crímenes de lesa humanidad
Gustavo González López fue ascendido a general en jefe de las Fuerzas Armadas -el más alto rango militar de Venezuela- el 1 de julio de 2017, por Nicolás Maduro. Durante un tiempo su cargo de Director General del SEBIN lo ejerció a la par del de Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con lo cual ejercía también el control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). También ocupó cargos como Asesor de Seguridad e Inteligencia del Presidente de la República, Director General del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y Comandante General de la Milicia Bolivariana.
“González López es considerado un aliado de confianza de Diosdado Cabello. La relación entre ambos supuestamente comenzó antes de que González López entrara en el SEBIN”, plantea el informe elaborado por la Misión de la ONU. “Según varios testigos, en su función de Director General del SEBIN, González López recibía órdenes directas de Diosdado Cabello y le rendía cuentas extraoficialmente”, agregan.
De acuerdo con la Misión, la vigilancia de los opositores realizada por el SEBIN “se realizaba siempre bajo las órdenes directas del Director General del SEBIN, Gustavo González López” y cuando sus operaciones conllevaban la detención de ciudadanas, éstas “se llevaron a cabo a menudo sin órdenes de registro o de detención”.
“Según Cristopher Figuera, el presidente Maduro decidía quiénes serían torturados, quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados. Otro exagente del SEBIN le indicó a la Misión que las torturas eran ordenadas en su mayoría por Gustavo González López (…). Muchos exdetenidos del SEBIN dijeron a la Misión que habían presenciado cómo se torturaba a otras personas en las instalaciones del SEBIN, incluso a las que estaban detenidas por motivos no políticos. Los menores de 18 años también fueron torturados, según los testigos, incluido un niño de 14 años, a quien los agentes del SEBIN asfixiaron con una bolsa de plástico y golpearon, con el fin de extraer información sobre el asesinato de un dirigente del PSUV (partido oficialista), en el que supuestamente estaba implicado”, dice el informe.
“Un exfuncionario del SEBIN le indicó a la Misión que en el SEBIN no ocurría nada sin que González López lo supiera o lo ordenara directamente. González López recibía informes diarios o semanales, y ordenaba directamente la intervención de conversaciones telefónicas y la recopilación de información sobre personas concretas. También tenía el poder de ordenar detenciones sin órdenes judiciales, decidir dónde se detendría a las personas y si serían sometidas a tortura”, detallan en el documento.
Entre los métodos de tortura utilizados estaban poner una bolsa en la cabeza de las víctimas y darles descargas eléctricas en el cuerpo, incluidos los genitales.
La salida de González López de la dirección del SEBIN en 2018 ocurrió tras la muerte del concejal de Caracas, Fernando Albán.
Albán, dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), fue detenido por el SEBIN el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras regresar de Nueva York, donde participó en actividades de la 73ª Asamblea General de la ONU. Tras su arresto, se denunció su desaparición forzada, debido a que ninguna autoridad daba razón de su paradero. El 8 de octubre de 2018, el fiscal Tarek William Saab informó que el concejal se había “suicidado” lanzándose desde el piso diez de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela.
Sin embargo, esta versión fue ampliamente rechazada por la oposición y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron que Albán fue torturado y asesinado mientras se encontraba bajo custodia del Estado.
Luego de esto designan al antes mencionado Cristopher Figuera como nuevo Director General del SEBIN, pero González López retomó el mando de la institución en abril de 2019, después de que Figuera se involucrara en la llamada “Operación Libertad”, en la que Leopoldo López escapó de prisión y Juan Guaidó llamó a los militares a levantarse contra Maduro.
Tras ese episodio de 2019, los gobiernos del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) emitieron un comunicado en el que condenaban “enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos, deploran la designación de Gustavo González López al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quien simboliza la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por dicho régimen, que se suma a los presuntos crímenes de lesa humanidad puestos a consideración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
Las sanciones que pesan sobre el militar
González López ha sido objeto de múltiples sanciones internacionales en la última década. En 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo sancionó por violaciones a los derechos humanos y presuntos abusos cometidos en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2014. En 2017, Canadá lo incorporó a su lista de funcionarios sancionados por ser “responsable o cómplice de graves violaciones” a los derechos humanos y actos significativos de corrupción. Al año siguiente, la Unión Europea y Suiza aprobaron sanciones en su contra por violaciones de derechos humanos y por socavar el Estado de Derecho, mientras que Panamá lo incluyó en su lista de personas de alto riesgo por blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. En tanto, en 2020, el Reino Unido sumó a González López a su lista consolidada de sanciones financieras por vulneraciones a los derechos humanos.
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