Durante el estallido de 2019, la candidata presidencial Jeannette Jara, en su rol de abogada, se querelló en contra del ex general director de Carabineros, Mario Rozas, por “crímenes de lesa humanidad” por dos manifestantes heridos por bombas lacrimógenas, alegando homicidio frustrado. Se trataba de Juan Carlos Pereira y Alejandro Pérez, quienes protestaban en la plaza Baquedano.
En ese entonces, la militante del Partido Comunista era directora de la fundación Ideas para Conchalí, la plataforma para su fallida candidatura a alcaldesa, y con los recursos penales buscaba que “exista verdad, justicia y reparación. También queremos visibilizar estos casos, porque el ‘nunca más’ está siendo vulnerado hoy día con la represión”.
En su opinión, dichos hechos mostraban que “Carabineros están disparando directamente a las personas bombas lacrimógenas, y que eso tiene consecuencias que no sólo causan heridas, sino afecta la vida misma de las personas, incluso podrían ser delitos de lesa humanidad, y en el menor de los casos, como lesiones gravísimas”.
Según la querella presentada por Jara en enero de 2020 en representación de Juan Carlos Pereira, el lunes 29 de noviembre de 2019, alrededor de las 18:00 horas, en una manifestación en el sector de Plaza Italia hubo una fuerte represión policial. Pereira fue impactado por una lacrimógena, trasladado a la Posta Central e intervenido por traumatismo encéfalo craneano complicado con fractura frontal.
En su cuenta personal en Facebook, la ex ministra le mandaba “toda la fuerza” a Juan Carlos Pereira en la operación que le hicieron en noviembre de 2020. “Como abogada, solo puedo decir que seguiremos bregando por justicia ante las violaciones a los DD.HH.”, escribió junto a una foto del afectado con su madre.
La contratación del defendido de Jara en el Sence
Con la llegada del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Jara asumió en marzo de 2022 como ministra de Trabajo y Previsión Social, y cuatro meses después, en agosto de 2022, su antiguo representado fue contratado en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), organismo dependiente de su cartera.
Pereira, de 30 años, tenía enseñanza media y se le asignó el cargo de “administrativo de apoyo a la oficina de partes” con un sueldo de $900 mil brutos. Entre otras funciones, en 2024 integró una comisión evaluadora de una licitación realizada por el Sence, según InfoLobby.
El funcionario se mantiene trabajando hasta hoy en la entidad pública y fue trasladado a la Unidad de Coordinación y Gestión Presupuestaria.
La querella criminal por violencia intrafamiliar del ex defendido de Jara
En diciembre de 2022, cuando Juan Carlos Pereira Godoy llevaba pocos meses contratado en el Sence, fue querellado como autor de violencia intrafamiliar en contra de su expareja y madre de su hijo.
La querella la presentaron tres abogados del Centro de la Mujer Cordillera, dependiente del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, acusando a Pereira de “lesiones menos graves y delito de daños simples, ambos en contexto de violencia intrafamiliar, en calidad de autor y en grado consumado”.
Los hechos descritos en el recurso dan cuenta que, a los cinco meses de embarazo, en noviembre de 2021, Pereira “empezó a mostrar actitudes agresivas e incluso sustrajo cosas del domicilio de su conviviente”.
Cuando el niño tenía cuatro meses, el querellado se fue de la casa, pero continuaron los hostigamientos y acosos reiterados. Los hechos constitutivos de delito ocurrieron el 18 de diciembre de 2022, cuando la expareja denunció ante Carabineros de la 38 Comisaría Gabriela Mistral que su ex conviviente inició una discusión, donde se alteró en demasía, se ofuscó, fue a la pieza y empezó a tirar las cosas por la ventana.
Cuando ella le pidió que se fuera e intentó llamar a Carabineros, Juan Carlos Pereira forcejeó para quitarle el móvil, luego la lanzó violentamente sobre la cama, donde cayó encima de su pequeño hijo de 11 meses.
Producto de ello, la expareja quedó con excoriaciones y hematomas lineales en la región braquial derecha, según el diagnóstico de lesiones realizado en el consultorio. El hijo, en tanto, quedó con un moretón en su rostro.
“Es importante señalar que la víctima teme que el señor Juan vuelva a ejercer hechos de violencia y la agreda. Teniendo en consideración el factor de riesgo que es el consumo problemático de alcohol y drogas”, señala la querella.
Ex pareja: “Espero te rehabilites de las drogas”
Además, se indicó que el denunciado tenía otra causa de violencia intrafamiliar, del mes anterior, en noviembre, “en donde el denunciado reconoció las agresiones perpetradas en contra de la querellante, dictando con fecha 03 de noviembre 2022 una suspensión condicional de la dictación de la sentencia”.
El 23 de enero de 2023, en un intercambio de correos, la expareja le dijo, “espero que te rehabilites de las drogas para que seas el padre que Martín necesita”.
Como parte del acoso y hostigamiento mostrado en el juicio, la denunciante mostró correos en que Juan Carlos le decía que tenía “secuestrado” a su hijo.
“Este hostigamiento consiste en violencia psicológica ejercida por el imputado a través de correos electrónicos reiterados y enviados con pocos minutos de desfase entre uno y otro, provocando mucho miedo en mi representada”, sostiene el recurso judicial.
Imputado y cautelares de la Justicia
El 27 de mayo de 2023, la jueza de Garantía de Puente Alto, Gricelda Valenzuela, emitió el oficio 4785-2023, en que daba cuenta de que en la audiencia realizada se decretó la suspensión condicional del procedimiento por un año. Esta es una alternativa a la sentencia en casos penales, contemplada en la ley, donde el proceso se suspende por un período mientras el imputado cumple ciertas condiciones.
El fallo prohibía al imputado a acercarse a la víctima a menos de 200 metros, a su casa, lugar de trabajo, estudio o donde estuviese.
También obligaban a Juan Carlos Pereira a someterse a una evaluación y eventual tratamiento psicológico para descontrol de impulsos, con informes bimestrales en el consultorio Cosam CEIF-Centro de Puente Alto.
Sin embargo, el centro de salud replicó que no tenían los programas terapéuticos ni los profesionales para atender imputados por comportamientos agresivos. Al derivarlo a un Centro de Apoyo Familiar, explicaron que “no atiende casos constitutivos de delitos o judicializados”
En junio de 2024, el Juzgado de Garantía de Puente Alto, decretó la extinción de la acción penal por el delito de lesiones menores graves y sobreseyó en forma total y definitiva la causa.
Seguro que este protegido «modelo» de la exministra del Trabajo (¿o de la cesantía?) tiene contrato de planta en el Sence. Por lo tanto goza de inamovilidad y seguirá percibiendo más de dos millones de pesos mensuales a estas alturas. Gracias santita de la cuna de mimbre, por el favor concedido…