Críticas transversales ha generado el decreto que publicó el gobierno en el Diario Oficial el martes pasado, y que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Secretaría General de Gobierno.
En el decreto se señala que la Comisión tendrá un carácter temporal y será compuesta por académicos y profesionales, quienes asesorarán a los señalados ministerios «en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación en Chile”. Establece también que “la Comisión se abocará a cinco temáticas. El impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, educación y desinformación, alfabetización digital, desinformación en plataformas de internet, buenas prácticas, prácticas internacionales y políticas públicas y desinformación”.
Y esto fue, precisamente lo que se abordó en una nueva edición del Podcast Constitucional, que conduce Marcela Cubillos, exconvencional y directora del Observatorio Constitucional de la Universidad San Sebastián, junto con Gonzalo Arenas, abogado y académico de la USS, y que tiene como panelista a consejero constitucional Luis Alejandro Silva (Partido Republicano).
Cubillos: «Que el Partido Comunista haga de la desinformación una causa es sospechoso.
Cubillos criticó la iniciativa del gobierno, y apuntó al Partido Comunista, diciendo que “el Partido Comunista se autopercibe como los guardianes de la verdad en democracia. Que el PC haga de la desinformación una causa es sospechoso. Disfrazarlo de esta Comisión para la Desinformación, y hacer que esté presidida por la ministra de Ciencia, como para darle un carácter científico a este combate a la desinformación… Siempre, cuando el Partido Comunista ha gobernado, ha sido una forma de callar a la oposición y de cancelarla”.
Al mismo tiempo, la exministra acusó que el gobierno está avanzando con la agenda que intentaron implementar mediante el texto que propuso la Convención y que fue rechazado el 4 de septiembre. “Lo que el gobierno no logró hacer en la Convención, lo están haciendo de hecho. Con este decreto lo que está pasando, es que en la práctica están avanzando con la agenda. El riesgo de esta agenda, que es la que tiene la izquierda refundacional, no la abandona, va a avanzar independiente de lo que diga el texto que se redacte, porque tampoco importó el texto que se rechazó”.
El consejero constitucional, Luis Silva, coincidió con lo señalado por Cubillos, e indicó que “la libertad de la información es una de las libertades políticas fundamentales”. Y puso como ejemplo la experiencia norteamericana. “Ellos están dispuestos a pagar un precio súper alto por mantener esa libertad, porque entienden que el costo alternativo, de regular la información, es más alto en términos de libertad (…) El problema es poner en la balanza los pros y contras, y yo me inclino mucho más por la solución norteamericana. Es decir, es mejor pagar los costos de una libertad que puede ser abusada, porque los costos de un Estado que decide qué cumple con los estándares de información son mucho mayores desde el punto de vista de la libertad”.
En esta línea, Silva destacó lo que establece el anteproyecto sobre el que está trabajando el Consejo Constitucional, y que fue preparado por la Comisión Experta, y señaló que “en el anteproyecto el reconocimiento de la libertad de expresión está en términos prácticamente idénticos a la Constitución vigente. Lo que me parece una novedad es que excluye, explícitamente, las posibilidades de monopolio estatal de medios de comunicación».
Y agregó: «La Constitución por sí sola nunca va a ser capaz de contener a un gobierno o al Estado si decide ir adelante, lo que realmente va a poder contenerlo es una ciudadanía celosa de su libertad de informarse”.
Por su parte, Gonzalo Arenas advirtió en la posibilidad de que lo que concluya la Comisión. “Ellos están tratando de hacer una trazabilidad de legitimidad en esto. Acordémonos que a esto lo antecedió un estudio que mandaron a hacer a universidades, y de ese estudio nació esta idea de Consejo Asesor, y de aquí va a nacer la idea de un posible proyecto de ley. O sea, están tratando de hacer una trazabilidad legal o de legitimidad para llegar a una conclusión que es mucho más profunda de lo que parece en esta comisión”.