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Publicado el 07 de agosto, 2016

Creador de la reforma procesal raya la cancha al activismo de los fiscales en Twitter: “Sería sano tener algún tipo de regulación”

Autor:

Uziel Gomez

El académico de la UDP, Mauricio Duce, defiende la libertad de expresión pero plantea que el Ministerio Público debería establecer un protocolo de las cosas que se pueden informar por las redes sociales. Fiscales que investigan los casos de corrupción han arremetido en Twitter contra las AFP, las isapres y las clínicas privadas.
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Uziel Gomez

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“Quítale una i a afiliado y encontrará la mejor definición de usuarios de AFP e Isapres”; “más que una AFP estatal se requiere terminar con las AFP”, son una “frescura legalizada”; “las clínicas ganan tremendas cifras, un síntoma más de un país enfermo donde la salud claramente no es un derecho”.

Éstas son algunas de las frases de los fiscales Manuel Guerra, Carlos Gajardo y Ximena Chong, que investigan los casos de financiamiento irregular en la política, como SQM, Penta y Corpesca, y que llevó al propio fiscal Gajardo a borrar algunos de los tuits en que criticaba el sistema de las AFP tras la publicación de un artículo de este medio.

manuel guerra fiscalGuerra es fiscal regional metropolitano oriente y ha criticado con dureza a las AFP, las isapres y las clínicas privadas, compañías a las que ha estado vinculado comercialmente el grupo Penta, que investiga precisamente el fiscal que antes fue militante del PRSD y ex asesor del ministro de Defensa del gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, también del partido radical.

De hecho, el artículo 55 de la ley 19.640 orgánica constitucional  del Ministerio Público establece como causal de inhabilitación  de los fiscales “tener con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida objetividad”.

Para profundizar en este tema, “El Líbero” conversó con el abogado Mauricio Duce, quien fue asesor del Ministerio de Justicia entre 1996 y 2000 mientras se elaboró la reforma procesal penal, de la que es uno de sus creadores.

El académico titular de la Universidad Diego Portales y máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford, EE.UU., es autor de numerosas publicaciones sobre justicia criminal, sistema procesal penal chileno, proceso penal juvenil y nuevas metodologías de enseñanza del derecho.

Mauricio Duce: «Hay un área delicada en que los fiscales tienen deberes de lealtad institucional bajo los cuales deberían tener cuidado y ciertas restricciones respecto de  qué comunican en las redes»

-Cuándo se hizo la ley que creó el Ministerio Público, ¿cuál fue el espíritu de las inhabilidades que se establecieron para los fiscales?

-Obviamente las redes sociales y su impacto no es un tema que existía siquiera cuando se pensó la reforma a mediados de los 90’, hace 20 años. Creo que evidentemente no hay una regla pensada para regular esta situación. Hay dos grandes cuestiones. Obviamente los fiscales tienen libertad de expresión como todo ciudadano y, por lo mismo, tienen derecho a exponer sus puntos de vista en materia de interés nacional. Ahí rigen reglas generales, además, creo que el hecho de que los fiscales tengan espacio en redes sociales puede ser un activo institucional en la medida en que también son personas que tienen  opiniones y conocimientos interesantes.  Por eso no me espanto que haya fiscales tuiteros y tengan presencia en los medios. Lo que sí hay un área que está desregulada en la práctica, y en las zonas de conflicto evidente ellos debieran cuidarse en términos de que las opiniones que formulen por esa vía no puedan transmitir información que tiene reserva por los casos en que trabajan, o no anticipen posiciones en casos que les podrían llegar o podrían ser objeto de tratamiento institucional. Hay un área delicada en que los fiscales tienen deberes de lealtad institucional bajo los cuales deberían tener cuidado y ciertas restricciones respecto de  qué comunican en las redes. No me parece bueno que por esa vía se comuniquen decisiones institucionales. Para eso debiera haber canales institucionales y formales. Creo que el Ministerio Público debería hacer un protocolo que fije o demarque cuáles son los ejercicios de legítimos de estas expresiones, y donde hay valores institucionales que se ven satisfechos con los fiscales con presencia social y donde los fiscales deberían tener más cuidado y ser reservados.

Duce: «Lo mejor es tener un protocolo de actuación en estos temas, que le permita al Ministerio Público minimizar los riesgos»

-El artículo 55 de la ley 19.640 establece como causal de inhabilitación  de un fiscal “tener el fiscal con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento”. ¿Eso debe llevar a los fiscales a ser cuidadosos en sus opiniones?

-Por eso los fiscales tienen que cuidarse en sus opiniones, no pueden tomar posición fuerte sobre casos o cuestiones que les podrían llegar. Esta norma lo que dice es que si eso se ha dado, si una persona tiene legítimo temor de que puede estar enfrentando a un fiscal podría pedir la inhabilidad. Pero esa es una norma que regula una situación de hecho que se ha producido, no es una norma para decir o prohibir que los fiscales le tengan enemistad a alguien. Si tengo un enemigo de infancia esta norma lo que dice es que si ese fiscal ha sido enemigo históricamente se pueda inhabilitar, pero no es una prohibición de que los fiscales no pueden tener enemigos. Lo mejor es tener un protocolo de actuación en estos temas, que le permita al Ministerio Público minimizar los riesgos. Pero creo que es impajaritable en la sociedad actual que  ellos puedan ocupar las redes sociales.

-El fiscal Manuel Guerra ha planteado fuertes críticas contra las AFP, las clínicas privadas y las isapres e investiga al mismo tiempo al grupo Penta, que ha estado involucrado en los tres. ¿Se debería inhabilitar por su animadversión?

-No he visto en particular sus tuits, pero en general hay que compatibilizar la libertad de expresión con  ciertos deberes institucionales. Obviamente un fiscal regional está en  cierta posición en el sistema que hace que esos deberes estén reforzados, y tengan que tener particular cuidado. Pero en la medida que sean opiniones generales, que no imputen cuestiones específicas a grupos específicos, me parece que probablemente pueden pasar, y si una parte considera que ha sido afectada podría pedir la inhabilitación, que es un espacio de garantía y transparencia. Los fiscales tienen deberes institucionales y una posición de mayor responsabilidad en la institución, hay que ver qué dicen, cuál es el vínculo, no quisiera pronunciarme sobre el detalle de un caso concreto.

Mauricio Duce: «Sería sano tener algún tipo de regulación interna, incluso en cosas tan sencillas como que si las decisiones institucionales se comunican por Twitter personal o deberían comunicarse por canales institucionales»

-¿Las inhabilidades buscan resguardar la debida objetividad del proceso penal?

– Se debe  tratar de minimizar las zonas de natural conflicto que se producen entre un ejercicio activo y la libertad de expresión y los deberes institucionales. Esos son los dos extremos que hay que cuidar. A un fiscal no se le puede privar de su derecho a la  libertad de expresión, y el uso de las redes sociales es parte de eso  pero, por otra parte, hay que cuidar el funcionamiento de la institución y eso genera ciertos deberes que no tiene un ciudadano común y corriente. Sería sano tener algún tipo de regulación interna, incluso en cosas tan sencillas como que si las decisiones institucionales se comunican  por Twitter personal o deberían comunicarse por canales institucionales. No sé cuán regulado esté eso en el Ministerio Público.

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