La abogada de la Universidad Católica, Catalina Salem, e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, no solo sigue desde la academia el proceso de la Convención, sino que también desde «dentro». Le ha correspondido exponer en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la Comisión de Sistemas de Justicia.
Sostiene que luego de seis meses cumplidos de la Convención, empieza un segundo tiempo marcado por el nuevo Congreso y la premura de sacar el nuevo texto adelante.
“Cuando se acordó el cronograma, algunos convencionales deslizaron la opción de extender ese plazo en caso de que en un año no se pudiera entregar la propuesta de nueva Constitución, pero ahora con un Congreso Nacional que tiene equiparadas sus fuerzas es bastante difícil aprobar una reforma constitucional que permita modificar el plazo”, recalca.
-¿Cree que un año es un tiempo apropiado para tener un nuevo texto constitucional?
– En mi opinión, el plazo que tiene la Convención es apropiado, quizás se demoró mucho en la parte inicial, pero era entendible porque es un órgano nuevo que tenía que instalarse. Y recordemos que lo logró, fundamentalmente gracias al apoyo y la experiencia que han aportado funcionarios del Congreso Nacional en la organización del trabajo de la Convención. La gran tensión que existe actualmente en el cumplimiento del plazo está en que la Convención Constitucional se ha propuesto tener muchos procesos de participación popular, lo que requiere tiempo. Se trata de instancias de legitimación de las futuras normas constitucionales que buscan hacer partícipe a la sociedad civil, traduciéndose en un apoyo al texto constitucional. En ese sentido, creo que la Convención va a tener que renunciar a ese objetivo que tenía en su Reglamento. En cualquier caso, el cronograma aprobado por el Pleno prevé que las primeras normas constitucionales se voten en el mes de febrero.
-Ahora hay un nuevo Congreso y vemos fuerzas políticas equiparadas, ¿qué significa para la Convención?
-Es una lectura que hay que hacer en este momento porque tenemos una segunda vuelta presidencial muy ajustada. Esto marca un segundo tiempo de la Convención y una de sus características es que algunas materias que la Convención quería modificar en la actual Constitución, ya no se podrán llevar a cabo. Por ejemplo, la extensión del plazo de redacción de la nueva Carta Política. Cuando se acordó el cronograma hace unas semanas atrás, algunos convencionales deslizaron la opción de extender ese plazo en caso de que en un año no se pueda entregar la propuesta de nueva Constitución, pero ahora con un Congreso Nacional que tiene equiparadas fuerzas distintas es bastante difícil aprobar una reforma constitucional que permitiera la extensión de este plazo. Por ello, la mayor prioridad en este segundo tiempo es cumplir con este plazo. En consecuencia, hoy se discute reducir semanas distritales para enfocarse en la redacción de la Constitución. Los convencionales se dieron cuenta que no existe la alternativa de ampliar ese plazo constitucional”.
El Partido Comunista, al querer saltarse los dos tercios, estaba infringiendo la Constitución vigente».
-La propuesta viene del Partido Comunista, pues le interesaba mucho evitar el cumplimiento de la regla de los dos tercios para la votación de las normas constitucionales, quedando plasmado en el Reglamento de Participación Popular. Así, si una norma no alcanzaba los dos tercios de los convencionales en ejercicio, pero sí los tres quintos, podría ser sometida a plebiscito dirimente. No obstante, para llevarlo acabo, se requiere de una reforma constitucional que debe pasar por el Congreso Nacional. Quizás, otra lectura de la elección reciente, es que la ciudadanía valora la búsqueda de acuerdos, y de no aprobarse una reforma constitucional por el nuevo Congreso que autorice el plebiscito dirimente, se va a reforzar la regla de los dos tercios.
–El PC y, otros sectores al interior de la Convención, al querer saltarse la norma de los dos tercios, ¿qué se estaba transgrediendo?
-En el Acuerdo por la Paz de noviembre del 2019 y en la actual Constitución, se establece que, para aprobarse las normas del texto constitucional que se propondrá a la ciudadanía, deben ser votadas por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Entonces, esa es la regla que se ha tratado de evitar por algunos sectores al interior de la Convención Constitucional. Lo que se infringe es la Constitución vigente. En este punto, volvemos al origen del inicio del proceso, cuando se planteó si la Convención es o no un poder constituyente originario. Y lo cierto es que la Convención está sujeta a límites, no tiene un poder ilimitado, aunque en el discurso político algunos sectores afirmen lo contrario.
El nuevo Presidente y la Convención
-Ambos candidatos presidenciales, Gabriel Boric y José Antonio Kast, tuvieron un rol activo en las campañas del Apruebo y Rechazo, respectivamente. Quien sea electo como Presidente, ¿puede incidir en el resultado del Plebiscito de Salida?
– Actualmente, hemos tenido un Presidente de la República ausente del proceso, que se ha relegado de participar y de opinar del desarrollo y debate de la nueva Constitución. Es más, se ha limitado a dar el apoyo financiero y técnico que le exige la Constitución a una Convención Constitucional. Esta situación el próximo año va a cambiar, con cualquiera que resulte electo como Presidente de la República, y habrán tres actores institucionales relevantes: el Presidente, el Congreso Nacional y la Convención Constitucional.
-Dependiendo del resultado electoral, ¿ve factible que se modifique el periodo parlamentario y presidencial?
-Desde el punto de vista de la redacción de un texto constitucional, todo nuevo texto contempla una parte transitoria, en donde se ubican artículos de esta índole, que regulan el tránsito desde el antiguo orden constitucional al nuevo orden constitucional. El texto vigente de la Constitución le señala a la Convención Constitucional que no puede poner término anticipado al periodo de aquellas autoridades que han sido electas por votación popular. A menos que se suprima el cargo presidencial o que sufra una modificación sustancial. En este caso, la Convención sí podría establecer un término anticipado.
-Ante una eventual fuga de convencionales para ser parte de un gobierno u de otro, ¿qué tendría que ocurrir constitucionalmente?
-De asumir un cargo retribuido con fondos fiscales, se produciría una incompatibilidad, cesando en el cargo de convencional constituyente, tal como sucede con los parlamentarios cuando, por ejemplo, asumen como Ministros de Estado. El problema es que el actual estatuto de los convencionales constituyentes, a diferencia del estatuto parlamentario, no contempla mecanismos de reemplazo para las vacantes que se produzcan, y ello requiere de una reforma constitucional que lo regule. En este escenario, la convención quedaría integrada por menos miembros.
¿Hacia qué régimen de gobierno transitar?
-Históricamente, se ha dicho que Chile tiene un régimen de presidencialismo exacerbado. A su juicio, ¿qué es lo más idóneo para Chile?
-Al interior de la Convención se van a presentar distintas posturas: Una, es mantener el régimen presidencial atenuando algunas atribuciones del Presidente de la República, pero siempre conservando la iniciativa exclusiva en materia económica, porque tiene que haber un responsable de las finanzas del Estado. Nuestra historia constitucional demostró que el Congreso Nacional no fue responsable en la administración financiera del Estado, lo que generó muchos perjuicios para el devenir de Chile. En este punto, hay algunas atribuciones del Presidente de la República que siempre se mencionan como que serían parte de un presidencialismo exacerbado, como por ejemplo, las urgencias legislativas, pero no son tales, sino atribuciones políticas que tiene el Presidente en su relación con el Congreso Nacional. Entonces, no es una atribución en realidad tan exacerbada, es simplemente una señal política al Parlamento en la cual el Presidente de la República le indica cuáles son los proyectos legislativos prioritarios para su agenda.
Crear un Parlamento unicameral y un sistema parlamentario es lo más peligroso, porque se borran los contrapesos».
-Una de las opciones que se plantea es avanzar hacia un régimen parlamentario. ¿Qué significaría para la institucionalidad?
-Algunos sectores han propuesto crear un Parlamento unicameral e implementar un sistema parlamentario, es decir, el gobierno lo generan los mismos miembros del Congreso. Esta postura es la más peligrosa para la democracia constitucional, porque se borran muchos contrapesos que tiene hoy el Parlamento, entre ellos, uno interno que es la existencia de dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas tienen una composición distinta en cuanto a la elección de sus integrantes, así como también de sus atribuciones. A lo que apuntan las modificaciones al sistema político es hacerse cargo del problema que se ha dado en nuestro país a lo largo de su historia, donde ha tenido a Presidentes de la República con apoyo minoritario en el Congreso Nacional, debido a que nuestro sistema de partidos se ha caracterizado por ser multipartidista y eso dificulta la formación de coaliciones que acompañen el programa de gobierno del Presidente de la República.
-¿Cómo fue su experiencia como expositora en la Convención Constitucional?
-Expuse por primera vez el 9 de noviembre ante la Comisión de Derechos Fundamentales. Y, una segunda vez, el pasado 2 de diciembre ante la Comisión de Sistemas de Justicia. En ambas oportunidades conté con la escucha activa de sus integrantes y las preguntas fueron muy interesantes. Pero fue notorio que algunos convencionales no compartían mis ideas, se notaba en su lenguaje no verbal. Ahí me quedó la duda si realmente existía alguna posibilidad de persuadirlos o ya estaban muy comprometidos con sus propias ideas. En cualquier caso, el solo hecho de escuchar creo que es un ejercicio democrático importante, porque cualquiera que sea el camino que se adopte, de alguna forma se hará cargo de aquellas otras alternativas que se plantearon y que fueron descartadas en el proceso.
*Nota actualizada lunes 13 de diciembre a las 12:00 horas.