«Si van a ir a un referéndum para que después los partidos políticos reformen lo que el pueblo supuestamente ha decidido en la Convención, estarían incluso peor que nosotros en Bolivia. ¿Dónde participa ahí la soberanía popular? Aprobar para reformar es una incoherencia».

El que hace la advertencia es el abogado constitucionalista boliviano Marco Baldivieso Jinés, que vivió desde dentro, como asesor en el diseño del Poder Judicial, el proceso constituyente de más de 2 años y medio -impulsado por Evo Morales- que se dio en Bolivia: entre el 2 de julio de 2006, cuando fueron elegidos los asambleístas, hasta el 7 de febrero de 2009, cuando finalmente fue promulgada la Carta Magna.

El texto constitucional que se aprobó por referéndum en Bolivia con el 61,43% de los votos el 25 de noviembre de 2009, actualmente en vigencia, no era el mismo que la Asamblea Constituyente elegida por el pueblo había aprobado el 26 de diciembre de 2007.

En Bolivia hubo «cocina», una en la que se hicieron 147 modificaciones -entre reformas parciales, totales y agregados- al proyecto que había redactado y aprobado el órgano constituyente.

El texto producto de estos cambios fue el que los bolivianos votaron en las urnas. No como en la «cocina chilena» donde el oficialismo acordó impulsar una serie de reformas en la eventualidad de que gane el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

En entrevista con El Líbero, el jurista boliviano explica cómo se vivió el proceso en su país y advierte sobre el peligro de «partidizar» la elección.

-¿Los que llegaron al acuerdo de cómo iba a ser el texto que se aprobó en Bolivia no fueron entonces las mismas personas elegidas popularmente para ese fin?

-No. Burlaron la voluntad popular, no solo en ese momento, sino desde la organización de la Asamblea Constituyente, cuando los partidos políticos coparon el espacio de representación, hegemonizaron el proceso y llevaron adelante su propio proyecto de Constitución. Fueron negociaciones y modificaciones que llevaron a cabo no más de 10 personas, unas cuatro de oposición. Era un círculo muy cerrado de los principales dirigentes de los partidos políticos.

-¿Cuáles fueron los principales temas sobre los que giraron esas modificaciones?

-Fueron temas muy álgidos que no se llegaron a consensuar en la Asamblea. El tema de la plurinacionalidad y de las autonomías fueron de los más difíciles. También estuvieron el tema de tierras, la extensión máxima de los latifundio, que se estableciera que la ciudad de Sucre fuese la capital, así como temas de representación y de derechos de los pueblos indígenas.

«Hay incertidumbre sobre si van a cumplir sus promesas de reforma (…) para ver si alcanzan la mayoría calificada que se necesite para realizar las reformas a las que se han comprometido»

-¿De qué año era la anterior Constitución de Bolivia, había sido redactada por un órgano elegido popularmente para esa tarea?

-La anterior era de 1967. En esa Constitución no se establecía que Bolivia fuese un Estado plurinacional, sino un Estado multi y pluricultural, pero una sola nación. Como todas las anteriores, fueron los partidos políticos los que se encargaron de enviar sus representantes para hacerlas. En 2006 vendieron el cuento de que iba a ser el pueblo el artífice de su propio destino. Ha sido lo mismo. Lo que ha pasado en Bolivia es que se han utilizado a sectores olvidados como los indígenas, las mujeres y la comunidad LGTB, por ejemplo, para proponerles una panacea, una propuesta de Estado incluyente e igualitario, pero lo que han hecho los partidos es aprovechar a esos sectores para que aprueben su proyecto de Constitución. Ahora, una cosa es aprobar y otra aplicar. En Bolivia aprobamos hace 10 años, pero no se ha aplicado.

«García Linera era el operador político» de la «cocina» en Bolivia

-En Bolivia los medios reseñaron que Álvaro García Linera, vicepresidente de ese entonces y referente del Presidente Gabriel Boric, lideró la «cocina» de esas reformas. ¿Qué efecto cree usted que tiene en Chile que haya sido el Jefe de Estado quien propuso al oficialismo que se llegara a un acuerdo?

-García Linera era el operador político porque Evo Morales carece de la instrucción suficiente para dirimir este tipo de temas, que necesitan de cierta experiencia. El presidente de nuestra Asamblea Constituyente no tenía la instrucción mínima, no había alcanzado el bachillerato (la Media) y como él, había mucha gente que no sabía lo que hacía en la Asamblea. En cuanto a la actuación del Presidente Boric, el error en todo caso es llevar el proceso constituyente de manera partidista. No ha de entenderse la Asamblea Constituyente como la victoria de un sector político, sino como un verdadero acuerdo en el que todos hayan llegado a ceder y aceptar la posición del otro. Nosotros, lamentablemente, fuimos al referéndum con esa mentalidad de «partidizar» el proyecto, por eso ganó la opción de quienes eran la mayoría coyuntural en ese momento.

-¿En Chile, al reunirse los presidentes de los partidos del oficialismo y redactar un acuerdo sobre las reformas, se estaría respetando el objetivo tan defendido por la izquierda de tener una Constitución surgida de la soberanía popular o habría sido una gran puesta en escena para que los que están en el poder hagan los cambios?

-La Constitución boliviana ha sido un producto político de los partidos, no ha sido una decisión consciente y dialogada del pueblo boliviano y en Chile está ocurriendo lo mismo.

-¿Que lectura le da a que en Chile el oficialismo se comprometa a hacer unas reformas sobre las cuales no hay certeza de que se puedan realizar, incluso aunque quieran hacerlas, y que no las llevaron a cabo cuando estaba constituida la Convención?

-Ustedes van a estar a merced de la voluntad de la clase política, para ver si alcanzan la mayoría calificada que se necesite para realizar las reformas a las que se han comprometido. Hay incertidumbre sobre si van a cumplir sus promesas de reforma. Van a quedar peor que Bolivia si aprueban para reformar: aprobarían un compromiso político de reforma, no estarían yendo en realidad a aprobar el texto constitucional. Aprobar para reformar es una incoherencia. En Bolivia hay unas cláusulas de seguridad que establecen mayorías calificadas para tales cosas, que son difíciles de alcanzar, precisamente para que la Constitución no pueda ser modificada por cualquier gobierno o poder constituido.

«En 2006 vendieron el cuento de que iba a ser el pueblo el artífice de su propio destino. Ha sido lo mismo»

«Están repitiendo los errores del proceso constituyente en Bolivia»

-¿Cómo evalúa en términos generales el proceso constituyente chileno?

-Veo el proceso constituyente chileno como la crónica de una muerte anunciada. Prácticamente están repitiendo los errores del proceso constituyente en Bolivia. Han tenido el mismo libreto: una partidización exagerada, una ideologización innecesaria en un proceso de acuerdo político, en lo que debe ser un contrato social, una decisión de todo el pueblo. Igual que en Bolivia, han tenido una efervescencia política donde se han decidido realizar grandes reformas, porque no han ido a construir ahí la normativa, sino que ya tenían un proyecto. Sobre el proyecto se ha hecho prevalecer una mayoría, igual que en la Constitución boliviana, en un proceso en el que la oposición ha tenido una participación muy pequeña. En la aprobación vía referéndum, en la parte final del proceso, en Bolivia fue desastroso porque ha acabado con muertos y heridos, hasta tuvieron que trasladar la sede de la Asamblea Constituyente a otro lugar y entre 10 personas decidieron el texto final. ¿Que si eso desvirtúa el principio de soberanía popular y la legitimidad del texto constitucional? Por supuesto que sí.

Jaime Sanabria: «Podría ocurrir en Chile lo mismo que en Bolivia si se ideologiza el tema de los recursos naturales»

La llamada Constitución Plurinacional ha traído consecuencias negativas para Bolivia, asegura el abogado boliviano y especialista en temas mineros, Jaime Sanabria, en conversación con El Líbero.

«Si se fanatiza y se ideologiza el tema de los recursos naturales y no se brinda seguridad jurídica en el marco constitucional a las inversiones, el texto puede entrar generando un escenario de incertidumbre», explica el especialista.

«Las inversiones extranjeras se asustan fácilmente y donde no se las trata bien, simplemente no hacen ningún tipo de actividades, entonces podría ocurrir en Chile lo mismo que en Bolivia», agrega.

Aunque en la Constitución boliviana no se estableció que ese país quedara convertido en un Estado «ecológico», como sí se prevé en la propuesta de Carta Magna de Chile, el texto fundamental de esa nación contiene un capítulo referido a medio ambiente.

«Allí se establece los derechos de la madre tierra, el pachamamismo, que exalta los valores y la protección al medio ambiente», explica Sanabria.

El jurista ahonda en el asunto: «En el tema de los recursos naturales, antes se reconocía el carácter de propiedad originaria a favor del Estado boliviano, pero con el Estado plurinacional la propiedad de los recursos naturales se le transmitieron al pueblo boliviano. Se ha establecido el carácter de intransmisibles e inheredables a los recursos naturales. No se puede disponer propiedad sobre los mismos. Solamente se ha reconocido el aprovechamiento en favor de los particulares».

Sanabria explica que esto, en Bolivia, aplica por ejemplo a las minas. «Antes constituían un derecho real que podía ser vendido, hipotecado, transferido y heredable, es decir, formaba parte del patrimonio de las personas. Hoy en día se ha eliminado esa figura de propiedad y ha sido sustituida por una concesión temporal y precaria, que simplemente da un derecho de aprovechamiento y que en cualquier momento puede ser dejado sin efecto por incumplimiento de leyes sociales, laborales, etc. Eso genera un escenario de incertidumbre».

«El riesgo para invertir es muy alto»

En el caso chileno, de aprobarse el borrador, el derecho de aguas que prevé la Constitución en vigencia pasaría a ser sustituido por autorizaciones de uso, que generaría las mismas limitaciones que explicó el abogado con respecto a las minas en el caso boliviano.

La advertencia de Sanabria es clara. «Lo que ha ocurrido en Bolivia es que han ahuyentado las inversiones y consiguientemente se ha generado un estado de necesidad que difícilmente va a cumplir los planes y las declaraciones contenidas en la Constitución, de hacer una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, porque en realidad la pobreza genera marginalidad. Esta legislación ha generado un nivel alto de incertidumbre y el riesgo para invertir es muy alto. Las consecuencias las estamos viendo: no existen inversiones en Bolivia».

Deja un comentario

Cancelar la respuesta