Publicado el 10 de diciembre, 2019

Cómo Irlanda del Norte reinventó a sus policías con un acuerdo transversal de las fuerzas políticas

Autor:

Bastián Garcés

A comienzos de la década pasada, el gobierno norirlandés modificó completamente su fuerza de seguridad, la que estaba cuestionada por su rol en el conflicto que se vivió entre 1968 y 1998 en la nación que forma parte del Reino Unido. La participación de todos los colores políticos -incluso de los sectores más radicalizados, como el IRA- en el proceso; el cambio de nombre de la institución y un mayor control por parte del mundo civil, fueron algunos de los elementos de la reforma. Un modelo que se asoma como un ejemplo para el consejo que convocó La Moneda para realizar una modificación profunda a Carabineros.

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Defensores emblemáticos de los Derechos Humanos, ex ministros de la Concertación, ex integrantes de la Corte Suprema, académicos y representantes de la sociedad civil. Este es el perfil del consejo para reformar Carabineros que La Moneda citó ayer para sesionar por primera vez. El organismo que es encabezado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tiene por objetivo entregar en el corto plazo «conclusiones con las nuevas propuestas para fortalecer el orden público con apego a los Derechos Humanos».

Tras la cita el secretario de Estado afirmó que «la situación que ha vivido nuestro país en estas últimas semanas nos deja como lección la necesidad de avanzar a una reforma modernizadora en Carabineros». En esa línea Blumel sostuvo que las prioridades del equipo de trabajo son «impulsar mecanismos, reformas, innovaciones y cambios, que permitan fortalecer el orden público y también garantizar el resguardo absoluto de los Derechos Humanos» y agregó que el plazo para trabajar en las medidas será de 50 días.

La medida tomada por el Ejecutivo se hace cargo de una de las principales conclusiones del informe que Human Rights Watch emitió a fines de noviembre. En el texto, el organismo internacional señaló que “las autoridades chilenas deberían implementar reformas policiales tras la evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza y de graves abusos contra manifestantes”.

El cambio estructural a Carabineros fue un tema que se trató en el primer programa de El Líbero y TV+ 2020. Más que una decisión. El economista y ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche (PS), comentó que un buen ejemplo para esta reforma sería el proceso que se llevó a cabo en Irlanda del Norte a comienzos de la década del 2000.

Landerretche además sostuvo sobre el proceso de reforma a Carabineros que «es evidente que Carabineros de Chile quedó determinado por la experiencia de la dictadura en Chile. Y no entiendo que en el proceso de transición no se haya considerado reformar a las policías».

Pero, ¿por qué la nación que forma parte de Reino Unido se ha transformado en un modelo a seguir en términos de modificaciones estructurales a las fuerzas de seguridad? La historia se remonta a finales de la década del 60, cuando a comienzos de octubre de 1968 comenzó el conflicto intracomunitario, conocido popularmente como Los Problemas en el que murieron más de 3.500 personas, en los que los republicanos católicos, que abogaban por la independencia de la Corona Británica y una unificación con Irlanda del Sur, se enfrentaron con los unionistas protestantes, que buscaban mantener a Irlanda del Norte como parte del Reino Unido.

El conflicto escaló en violencia luego de la creación del Ejército Republicano Irlandés Provisional, quienes realizaron una serie de atentados contra la población y las fuerzas de seguridad, además de enfrentarse en reiteradas ocasiones con la Policía Real del Ulster (RUC) y grupos paramilitares unionistas.

Durante el conflicto grupos militares de ambos bandos realizaron actos violentistas, algunos de ellos calificados como terroristas, lo que influyó en una militarización de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la RUC no estuvo exenta de cuestionamientos. De hecho, fueron acusadas de violar derechos humanos de militantes del IRA y de colaborar en violaciones a DD.HH. realizadas por las fuerzas paramilitares unionistas. Algo que fue reconocido por el propio gobierno británico.

Casi 30 años después de que se iniciara el conflicto social se logró dar con una salida política. Esta se concretó con la firma del Acuerdo de Belfast, también conocido como el Acuerdo de Viernes Santo por ser firmado justo en el de Semana Santa de 1998. En dicho texto, uno de los puntos principales era la transformación de la militarizada Policía Real del Ulster en un servicio de policía civil.

Con este acuerdo se buscaba que las fuerzas de seguridad garantizaran una representación justa y un trato equitativo de las comunidades. Además de tener una neutralidad política y una mejor rendición de cuentas, incluso a través de una organización policial «que pueda disfrutar de un amplio apoyo de la comunidad en su conjunto y que sea vista como parte integral de ella».

El camino para lograrlo fue complejo, pero en este cambio estructural la Comisión Patten -llamada así porque fue encabezada por el ex gobernador de Hong Kong Chris Patten-, jugó un rol fundamental. La mesa de trabajo redactó un informe un año después. En el texto, publicado el 9 de septiembre de 1999, se realizaron 175 recomendaciones -tanto simbólicas como prácticas-, entre las que destacaban renombrar la Policía Real del Ulster como Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI); la creación de una nueva Junta de Control para garantizar la rendición de cuentas; la creación de un Defensor del Pueblo de la Policía y un Tribunal de Quejas; un nuevo código de ética y juramento del cargo, los que tenían un especial énfasis en Derechos Humanos; y, una nueva política de reclutamiento para que tanto los católicos y protestantes estuvieran representados de formas igualitarias.

Varias de estas medidas fueron concretadas a través de las reformas a la Ley de la Policía de Irlanda del Norte realizadas en 2000 y 2003. Sin embargo, la mayor legitimidad de la reforma ocurrió tras la firma del Acuerdo de St. Andrew, en el que se restableció el gobierno delegado en dicha nación, el que consiste en que todas las fuerzas políticas logran formar parte del Ejecutivo según sus resultados electorales.

Un año después de la firma del Acuerdo de St. Andrew, el 29 de enero de 2017, el brazo político del IRA -el partido Sinn Fein-, reconoció a la PSNI y comenzó a formar parte de la Junta de Policía de Irlanda del Norte, que es la autoridad policial que rige a las fuerzas de seguridad y que está compuesta por miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte y ciudadanos independientes que son nombrados por el ministro de Justicia. Lo que terminó de legitimar a la Policía.

En este sentido, la mayor representación de los católicos al interior de la policía también contribuyó a aumentar la legitimidad de la PSNI. Si bien la política paritaria se extendió entre 2001 y 2011, según un informe del Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo publicado en octubre de este año, dicha política aumentó la representatividad del cuerpo “especialmente en las comunidades católicas nacionalistas que se habían percibido marginadas o tratadas de manera diferente por la policía”.

El Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo en su informe reconoce los avances que ha tenido la reforma a la Policía Norirlandesa y destaca su modelo. “El proceso integral de reforma policial derivado del Acuerdo del Viernes Santo ha logrado un éxito considerable en asegurar una mayor legitimidad policial y en la reconstrucción de las relaciones con las comunidades afectadas por el conflicto”, señala el texto.

No obstante, el organismo señala una serie de desafíos pendientes. En el documento se explica que, si bien la tasa de delincuencia ha disminuido, el miedo al crimen organizado ha ido en aumento, algo que podría incidir en una menor confianza en el rigor de la autoridad. Un hecho en el que incluso el Brexit puede jugar un rol importante. Otro tema que aún se mantiene pendiente es la promesa de verdad y justicia por los crímenes perpetrados durante el conflicto armado.

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