Publicado el 10 noviembre, 2021

[Columna Constituyente] Víctor Manuel Avilés: Una Democracia que funcione

Abogado. Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile Víctor Manuel Avilés

Mantener el sistema presidencial, pero atenuando algunas potestades del Presidente en el proceso de formación de la ley, para que los congresistas se validen frente a la ciudadanía.

Víctor Manuel Avilés Abogado. Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile
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En los días recientes se ha iniciado la discusión de fondo en la Convención Constitucional y una de las Comisiones que más ha avanzado, recibiendo opiniones de expertos y asociaciones, es la relativa a Régimen de Gobierno (Comisión Sistema Político), entre otras materias. Se trata de una comisión en donde existe una mezcla de personas con conocimientos técnicos y otros que no los tienen, ciudadanos todos electos de manera igualmente legítima.

En dicha comisión me tocó exponer, en representación del Instituto Libertad, del que soy director. Nuestra propuesta fue simple, pues prima facie lo que se debate no es un asunto de principios. La propuesta fue: “Una Democracia que Funcione”. Ello, pues el sistema de gobierno que se implemente debe permitir que las mayorías puedan plasmar sus programas de gobierno a través de las leyes -no de reglamentos dictados tras bambalinas por el Ejecutivo- con pleno respeto a los derechos fundamentales de todos. 

Sobre esa base, señalamos los ajustes básicos que creemos deben hacerse al sistema electoral parlamentario y proporcional -asumiendo pragmáticamente que no hay mayorías para modificarlo-. En lo medular, sostenemos que (i) se deben establecer umbrales de votación porcentuales, bajo los cuales los partidos deben entenderse disueltos y, en todo caso, no pueden resultar electos parlamentarios; (ii) que las elecciones parlamentarias se hagan en la segunda vuelta presidencial -si se da- o en una fecha especial al efecto, de manera de que la gente vote sabiendo qué parlamentarios serán los que trabajarán en equipo con quien finalmente será Presidente, entre otros efectos positivos, y; (iii) que si un parlamentario es electo habiendo sido presentado por un partido, en caso de renuncia, debe perder el cargo. Ello, pues uno no es dueño de los votos a modo de “bolitas”, sino que ha sido electo precisamente por las ideas que representa la chapa que ha usado.

Fuimos más allá, y nos jugamos por una opción de régimen de gobierno, haciendo presente que no descartamos otras como el semipresidencial, donde la ciudadanía seguiría eligiendo directamente al Jefe de Estado, con lo cual este enredo constitucional en que estamos no termina privándola de ese derecho tan apreciado por ella históricamente. Nuestra propuesta fue la que creemos más simple de aprobar, y se funda en (i) mantener el sistema presidencial, pero atenuando algunas potestades del Presidente en el proceso de formación de la ley, para que los congresistas se validen frente a la ciudadanía precisamente por tener algún espacio para sacar adelante los proyectos que proponen en sus campañas, evitando el descrédito parlamentario, y; (ii) que el Presidente, por una vez, pueda -con o sin cuestión de confianza previa- disolver el Congreso para llamar de inmediato a elecciones parlamentarias. Este mecanismo, finalmente, devuelve a la ciudadanía la capacidad de resolver en caso de un bloqueo de proyectos por parte del Congreso al Presidente.

La amenaza del posible ejercicio de esta facultad, debería hacer que los parlamentarios fueran más responsables al momento de oponerse a las iniciativas del Presidente. Por su parte, para éste, la jugada no es simple, pues si finalmente la señal electoral luego de la disolución es a favor de la mayoría opositora, tendrá que presentar proyectos más consensuados con ella en el Congreso. En cualquier caso, se termina el empate entre la autoridad legítima del Presidente y el Congreso que llevó a la ciudadanía -entre otras cosas- a decir “que se vayan todos para la casa”. 

Comparto estas iniciativas y sus motivaciones a efectos de informar el avance en materias técnicas a nivel de la Convencional, las que sin duda estarán mucho menos visibles que las generales, sobre los nuevos derechos que la ciudadanía espera obtener del proceso. Pues acá, permítanme decirlo, si algún convencional cree que puede restar derechos y libertades de los existentes, está en un gran error. Primero, pues los tratados internacionales sobre derechos fundamentales establecen el principio de la “progresividad y no regresividad” -se va hacia adelante, nunca hacia atrás- y, segundo, pues no habría entendido ni remotamente el alcance del sentir ciudadano que ha sido la fuente del proceso. Nadie entró acá esperando salir con menos de lo que tenía, pues ni la componente ideológica colectivista ni la preocupación por el todo son las que abundan estos días.

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