El 4 de julio marcará nuevamente un hito histórico en nuestra historia constitucional. La fecha es simbólica, coincidiendo con la instalación del primer Congreso Nacional en 1811. El día también se inspiró en la declaración de la independencia de Estados Unidos, que marcó un punto de inicio en el constitucionalismo mundial, con una visión de la representación popular, de un sistema político fundado en la libertad e igualdad política, y del inicio de un nuevo régimen democrático.

Lo ocurrido en los siglos XVIII y XIX fue una revolución; un proceso constituyente como el nuestro no es una revolución, sino una evolución. Y no se trata de un juego de palabras. Mientras que la revolución supone el quiebre de un antiguo régimen, de romper con el colonialismo y lo que representó la monarquía absoluta; la evolución adopta una mirada revisionista y profunda, pero sin desprenderse de los grandes triunfos del constitucionalismo. 

La evolución implica un progreso constitucional, es decir, continuar en la senda de lo sembrado desde la fundación de un constitucionalismo moderno, pero corrigiendo la estructura y alcances. El constitucionalismo posterior a la segunda guerra es fiel reflejo de este proceso: no se renunció a la idea de la igualdad constitucional de las revoluciones francesa e inglesa, ni a la que inspiró a los procesos emancipadores del siglo XIX, sino a dotar de mayor sentido a esa igualdad, incrementando los espacios de participación política, hasta llegar al sufragio universal. Y en materia de derechos, supuso complementar a los derechos de libertad (expresión y de prensa, vida y propiedad) con derechos sociales.

Volviendo al 4 de julio de 2021, como todo evento esperado por muchos, estuvo cargado de nerviosismo, de expectativas y reclamaciones históricas. Las primeras horas de la Convención pusieron en evidencia que Chile necesita evolucionar sin refundar. Un proceso constituyente que evoluciona busca incrementar sus espacios democráticos, refleja que, por ejemplo, si se quiso ampliar la participación de la mujer y de los pueblos originarios, se logró llegar a una Convención paritaria y con fuerte presencia de nuestra identidad. 

La idea refundacional tiene el peligro de retroceder en nuestro constitucionalismo. La tentación de que nuestros representantes pretendan desafiar el principio de separación de funciones (poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Constituyente), debiera tenernos a los ciudadanos en alerta. Nuestros representantes fueron elegidos en un proceso democrático y participativo para cumplir con la misión de ofrecernos un texto que tendremos que aprobar. Ello escapa a la posibilidad de cualquier reforma a la ley, que sigue estando en manos del Congreso y del Presidente de la República. 

Enseguida, la idea de mejorar nuestro sistema institucional demanda también esfuerzos de perfeccionamiento y no detrimento en la capacidad deliberativa. De diseñar una forma de gobierno más equilibrada entre el Ejecutivo y Legislativo, superando el hiperpresidencialismo, pero resaltando el rol e importancia que tienen los sistemas bicamerales en el Congreso Nacional, que sin duda han sido uno de los aciertos que ha tenido el constitucionalismo. En materia de derechos, una evolución progresa en la extensión y protección de los derechos sociales (como la salud o la seguridad social) de forma responsable, pero permite continuar y expandir el espacio histórico de los derechos de libertad (como los de libertad de expresión, reunión o libertad religiosa y económica) como enriquecedores de la democracia. Y en el control constitucional, importa no debilitar el papel histórico del Tribunal Constitucional, institución que se multiplica en las constituciones luego del dramático aprendizaje del constitucionalismo de postguerra.     

Los anteriores son solo algunos ejemplos que nos llaman a evolucionar, no a retroceder. A aprender de los hitos del constitucionalismo a nivel internacional y chileno, de valorarlos, potenciarlos y mejorarlos. El peor enemigo de un proceso constituyente -quizás junto con la soberbia y poca capacidad de diálogo cívico- es la amnesia constitucional, el suponer que olvidándonos de los logros históricos tendremos un sistema mejor.

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