Con el nombre de Disposiciones fundamentales, un grupo de convencionales ha presentado una propuesta articulada para el capítulo I de la Constitución. Redactada, según se ha dicho, por Agustín Squella, la firman entre otros Felipe Harboe, Fuad Chahín, Miguel Ángel Botto y Rodrigo Logan.

Cabe celebrar que después de seis meses del inicio de sus actividades la Convención esté pronta a ocuparse de la tarea que justificó su creación, cual es la discusión y aprobación de una nueva Constitución. Y para ello una propuesta y articulado, abiertos como expresan sus firmantes a “ser mejorados, gracias a otras iniciativas de normas constitucionales, ya sean populares o provenientes de otros constituyentes”, es un buen paso.

Por su importancia, ya que “sus disposiciones van a constituir la base del restante articulado constitucional y el marco al que este deberá ceñirse”, el capítulo I debiera ser el primero en ser discutido y votado por el pleno, como sugieren los firmantes de la propuesta y que es de toda lógica constitucional.

Es de gran interés, entonces, dar una visión general de esta propuesta de capítulo inicial sobre Disposiciones fundamentales de la Constitución.

Encontramos, en el mismo, propuestas que, seguramente, serán ampliamente compartidas, junto a otras que muestran un fuerte tinte ideológico, y también silencios sobre materias fundamentales que no debieran estar ausentes en el capítulo que es base del nuevo ordenamiento constitucional.

En el grupo de propuestas que debieran ser compartidas me atrevo a colocar la dignidad de todas las personas, base de los derechos fundamentales; el bien común como fin del Estado; el principio de soberanía popular y el respeto a los derechos humanos como límite a su ejercicio; los principios de supremacía constitucional y juridicidad; la forma republicana y democrática de Chile, y el carácter descentralizado del Estado. Estas normas, arraigadas en la tradición constitucional chilena, reciben algunos cambios en la propuesta que comento, pero en su núcleo central al menos, debieran ser aceptadas. Lo mismo pienso que ocurrirá con la declaración de la República de Chile como un Estado social y democrático de derecho y con la norma que hace responsable al Estado por las acciones u omisiones de quienes desempeñan una función pública que vulneren derechos humanos o causen perjuicio ilegítimo a las personas.

Una lectura detenida de la propuesta muestra, sin embargo, una serie de disposiciones que innovan en nuestra tradición constitucional y que presentan una orientación ideológica particular que no debiera ser compartida por el conjunto de la Convención. Entre ellas y sin ánimo exhaustivo, señalo la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos; el carácter laico del Estado; la plurinacionalidad del Estado y la amplitud de los derechos que se reconocen a los pueblos indígenas, como también la autonomía política y jurisdiccional de que gozarán; el reconocimiento de distintas formas de familias, las identidades de género y orientaciones sexuales de las personas, y en general, la amplitud de deberes que se imponen al Estado para lograr las finalidades que aparecen en las disposiciones fundamentales propuestas.

A pesar de su carácter minucioso, algunos silencios de esta propuesta de capítulo I resultan llamativos. Nada se dice sobre emblemas nacionales; el carácter unitario del Estado no se reconoce de modo explícito ni tampoco la autonomía de los grupos intermedios, y no se contiene una condena del terrorismo, asuntos todos que están tratados en el texto constitucional vigente. Asimismo sería muy conveniente que en el capítulo I de la Constitución se resolviera cuál será la forma de gobierno -presidencial, parlamentaria o semipresidencial-  decisión esta que es clave para la redacción de la parte orgánica de la Constitución. 

 

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