Temo que a la nueva Constitución se le pedirá mucho. Así lo hacen ver tantas declaraciones de convencionales recientemente elegidos cuando responden a la pregunta: ¿Qué espera de la Constitución? Un buen sistema de salud, una educación de calidad, agua, medio ambiente sano, progreso económico, son -entre otras- respuestas que aparecen con frecuencia.
Las constituciones últimamente prometen mucho. Menos que en otros países latinoamericanos también lo han hecho en Chile, las pasadas y también la actual. Así en 1970, el Estatuto de Garantías Constitucionales dispuso que “el Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional”.
La nuestra y todavía vigente, la de 1980 con todas sus reformas, también impone numerosas tareas al Estado cuya sola enunciación sería interminable. Vayan, como muestra, algunas obligaciones que deben ser satisfechas por el Estado y sus organismos: dar protección a la población, proteger la vida del que está por nacer, tutelar la preservación de la naturaleza, garantizar la ejecución de las acciones de salud, gratuidad de la enseñanza básica y media, proteger a las víctimas, garantizar el orden público, satisfacer las necesidades de la comunidad local, y un largo, larguísimo etcétera.
No digo que orientar la actividad del Estado en la Constitución sea ocioso y que nada se haya conseguido en Chile. La gratuidad de la educación básica y media existe -otra cosa es que sea siempre de calidad- y la protección del medio ambiente y la naturaleza ha hecho grandes avances en las últimas décadas, habiendo sido nuestro país pionero en el reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en 1976.
Sin embargo, la Constitución, por sí sola, no es capaz de alcanzar los objetivos que aprueben los constituyentes. Colocar algo en la Constitución no es suficiente para conseguirlo. Lo experimentaron los norteamericanos cuando intentaron acabar con el alcoholismo prohibiendo mediante una reforma constitucional la fabricación y venta de bebidas alcohólicas. Serán acertadas políticas públicas cuya aprobación corresponde al legislador, recursos suficientes bien invertidos y administrados, junto con la conducta de los titulares de los correspondientes derechos sociales, los factores que lleven a alcanzar los objetivos constitucionales. Y, recalco, la colaboración de los interesados, pues la educación exige esfuerzo, la salud cuidado, la seguridad social ahorro, y el medio ambiente respeto.
Por todo ello, ofrecer mucho en la Constitución sin preocuparse de los medios, es prometer lo imposible, demagogia constitucional, que más pronto o más tarde, acarreará desilusión y quizá desapego por la Constitución que prometió tanto y no cumplió. Preferible es un sano realismo.