Publicado el 10 agosto, 2021

[Columna Constituyente] Marisol Peña: La oportunidad histórica que la Convención no puede desaprovechar

Profesora del Centro de Justicia Constitucional. Universidad del Desarrollo Marisol Peña Torres

La Convención Constitucional puede redactar la propuesta de nueva Constitución en un contexto “transicional”, como lo hizo Alemania después del Muro de Berlín.

Marisol Peña Torres Profesora del Centro de Justicia Constitucional. Universidad del Desarrollo
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Se ha cumplido un mes de funcionamiento de la Convención Constitucional. Un mes de luces y sombras acompañado de un 51% de confianza ciudadana en el trabajo de aquella por sobre el 63% alcanzado a principios de julio, según los resultados de la encuesta Cadem.

Se puede discrepar acerca de la forma como se ha desempeñado la Mesa de la Convención, el manejo de los gastos y asignaciones de los convencionales, el excesivo uso de simbolismos y la exacerbación de las particularidades en un país cuyo lema, después del 18 de octubre de 2019, fue la reivindicación urgente de la igualdad. Pero la preocupación más relevante gira en torno a las divisiones y sectarismos que se han ido manifestando en el curso del trabajo de este órgano constituyente reflejada en discursos confrontacionales y en el intento permanente de vetar y excluir de los acuerdos a quienes piensan distinto. Este último punto ya debiera llamar nuestra atención, porque esta Convención “democrática” pareciera perder de vista que uno de los elementos esenciales de la democracia es la tolerancia y el respeto al pluralismo de ideas y posiciones.

Una primera cuestión que suscita la reflexión anterior es si bastará que la Comisión de Ética de la Convención haya hecho aplicables a sus miembros las normas pertinentes del Reglamento de la Cámara de Diputados y, en caso de hacerlo, cómo se conformará el grupo de convencionales destinados a juzgar las faltas imputables a uno de sus pares. No está demás recalcar que la independencia y objetividad del juzgamiento, así como el respeto a las reglas del debido proceso, serán claves para impedir que se sancione injustamente a algunos convencionales.

Un segundo aspecto relacionado con el anterior tiene que ver con el tipo de conductas sancionables. Evidentemente, no se puede sancionar a ningún convencional por conductas que no están previamente tipificadas en ese reglamento como, por ejemplo, por promover un “lenguaje de odio”, lo que, de suyo, se transformaría en una apreciación subjetiva.

Pero otra cuestión muy sustantiva tiene que ver con la pregunta de si será capaz la Convención Constitucional de aprovechar su trabajo para redactar la propuesta de nueva Carta Fundamental en un contexto “transicional” como el que impulsó Alemania después de la caída del Muro de Berlín.

No deja de llamar la atención que un país que estuvo profundamente dividido, no sólo ideológicamente, sino que territorialmente, haya sido capaz de reconstruir las bases de su convivencia mirando al futuro y sin anclarse en el pasado. Efectivamente, hablamos de un país donde se juzgó y condenó a responsables de vulnerar derechos humanos, pero, por sobre todo, que hizo un enorme esfuerzo por integrar a la sociedad a quienes, sin tener responsabilidades comprobadas habían pertenecido al “bando contrario”. Por su parte, en el caso de quienes habían tenido responsabilidades leves, se aplicaron sanciones de baja gravedad entendiendo que habían actuado bajo otro contexto social. En el fondo, se hizo primar la unidad construida sobre la base de siglos de historia común, de una cultura ejemplar y del respeto a las particularidades basadas, en gran medida, en la estructura federal del Estado alemán. 

Por eso creemos que la Convención no puede desaprovechar la oportunidad histórica de redactar la propuesta de nueva Constitución en un contexto “transicional” evitando que en las disposiciones de la misma quede reflejado el resentimiento de mapuches frente a los huincas o de quienes se esforzaron por favorecer el retorno de la democracia frente a aquellos que participaron en el gobierno militar. La justicia seguirá estando en manos de los tribunales, porque ésa es precisamente su labor. Pero la Convención debe esforzarse por redactar una Carta que supere y no que profundice esas heridas.

Si bien la Convención, como hemos sostenido, no tiene por objeto reparar y restaurar las heridas de la sociedad chilena, sí tiene la gran alternativa de reforzar los lazos comunes entre todos los chilenos para sentar las bases de un desarrollo futuro en unidad, paz y armonía para que las actuales y las futuras generaciones podamos relacionarnos desde la confianza y esperanza en un mejor destino común.

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