Publicado el 27 mayo, 2021

[Columna Constituyente] Claudia Sarmiento: Motivos para actuar

Abogada socia en Sarmiento & Walker y profesora de derecho constitucional de la UAH. Claudia Sarmiento

Las decisiones del Poder Ejecutivo deben fundamentarse en hechos y en razones que todas y todos podamos comprender. Esto no es solo un deber de las autoridades contenido en la Constitución Política; es la mejor y más nítida expresión del respeto a las personas como agentes morales.

Claudia Sarmiento Abogada socia en Sarmiento & Walker y profesora de derecho constitucional de la UAH.
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La libertad es uno de los derechos humanos más importantes que poseemos y en los últimos 12 meses hemos experimentado cómo perderla hace que nuestro sentido de la vida se trastoque totalmente. La pandemia nos ha robado su goce desde lo más cotidiano -caminar por la calle durante el toque de queda, que los niños vayan al colegio o jueguen con sus amigos- hasta acciones más complejas -poder salir del país o desplazarnos dentro de él. Como consecuencia, el encierro ha devenido en una carga dolorosa que tiene duras consecuencias para la salud mental de todas y todos.

Dada la importancia de la libertad, desde la verdad del derecho constitucional las restricciones legítimas requieren de una cierta fundamentación que supone que (i) la intervención sea adecuada para alcanzar el fin que se propone, (ii) que sea necesaria, en cuanto que no queda una medida alternativa menos gravosa para el interesado y (iii) que sea proporcionada en sentido estricto, es decir, que no exista un sacrificio excesivo del derecho o interés sobre el que se produce la intervención pública.

Quiero detenerme en el requisito de “existencia de una medida alternativa menos gravosa” y la necesidad de que las restricciones sean justificadas. Recientemente el gobierno anunció que las personas que se hubieran vacunado correctamente tendrían un pase de movilidad que les permitirá gozar de mayores grados de libertad. Esto, a todas luces, es menos restrictivo de la libertad personal que otras medidas, por lo que no puedo sino preguntarme acerca de los motivos para mantener las afectaciones más duras en lugar de optar por la vacunación obligatoria. El Gobierno tiene la prerrogativa, contenida en el Código Sanitario, de ordenarlo y nuestro país tiene una larga historia de vacunación obligatoria que hasta ahora nadie ha cuestionado. 

Esto no es baladí. Un año atrás no había vacunas, no eran una alternativa. Hoy, frente a un escenario distinto, es determinante que exista una justificación clara para la mantención de las restricciones a la libertad personal. Por supuesto, desconozco los motivos, científicos o políticos, que subyacen a la decisión del Gobierno de no establecer una vacunación obligatoria, sino incentivar la inoculación a cambio de mayores grados de libertad para quienes lo hagan. No obstante, tengo la certeza de que es de primera importancia conocer el por qué no se está escogiendo este camino y, por el contrario, se persevera en la alternativa más dolorosa. Las decisiones del Poder Ejecutivo deben fundamentarse en hechos y en razones que todas y todos podamos comprender. Esto no es solo un deber de las autoridades contenido en la Constitución Política; es la mejor y más nítida expresión del respeto a las personas como agentes morales, pues la obediencia a la ley es consciente cuando se le ofrecen a las personas motivos para actuar.

 El Estado puede restringir la libertad, así como otros derechos sin que existan problemas de constitucionalidad a priori. No obstante, si hemos renunciado a lo cotidiano, a lo importante y a lo esencial para resguardar nuestras vidas y las de los demás por meses, si hemos visto restringida nuestra libertad, resulta razonable que exista una justificación razonada, que se nos indique por qué debemos continuar considerando que esta acción es correcta y legítima. La vacunación no puede presentarse a las personas como una buena idea para recuperar parte de nuestra libertad asumiendo que esta es una dádiva y no un derecho. Nuestra libertad, y la continuación de la restricción a esta, debe estar debidamente fundamentada y si existe una alternativa menos gravosa, como pareciera ser la vacunación obligatoria, también debe indicarse el por qué esta solución no está disponible o es inconveniente. A lo que, bajo ninguna circunstancia debemos acostumbrarnos, es a naturalizar su pérdida y conformarnos con una alternativa donde la vacunación aparece como un premio y no como una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra comunidad.

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