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Publicado el 25 de septiembre, 2019

Cinco ex ministros de centroizquierda que rechazan la acusación constitucional contra Marcela Cubillos

Autor:

Javiera Barrueto

El lunes en la noche la secretaria de Estado presentó su respuesta ante el libelo acusatorio que elaboró la oposición. En su defensa apunta, entre otros factores, a que las críticas políticas «no están permitidas en la Constitución para sustentar la acusación». Y en esa idea también convergen los ex ministros de Estado José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, Luis Bates, Jorge Burgos y José Joaquín Brunner.

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Javiera Barrueto

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Una hora antes que el reloj marcara las 00:00 del martes, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó su defensa ante la acusación constitucional que impulsó la oposición en la Cámara de Diputados el 5 de septiembre. El libelo será votado el próximo martes, transcurridos los seis días que tiene la comisión para emitir su informe.

Y fue a través de cuatro puntos que la secretaria de Estado -asistida por su abogado Francisco Cox- desestimó la admisibilidad del libelo, puesto que, según argumentó, “no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución”.

En el texto presentado el lunes, se explica que la petición se apoya en que “la acusación no respeta el carácter de ultima ratio; no se verifican la causales establecidas en la Constitución para que proceda la acusación constitucional; la acusación contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de esta ministra de Estado y no se cumple con los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un procedimiento racional”.

Además, la contestación de Cubillos apela a las críticas políticas que asegura “son totalmente legítimas”, pero que no están permitidas por la Constitución, “pues su procedencia requiere de la verificación de cuestiones jurídicas”. “Tanto de las declaraciones de los y las acusadores/as como del tenor de la Acusación se desprende que se han invocado causales constitucionales que no se verifican de modo alguno, sino que, muy por el contrario, se basan en meras diferencias de orden político”, añade el texto.

Y es en el punto político, donde los argumentos de la ministra de Educación coinciden con la postura que han manifestado -durante las últimas semanas- los ex ministros de la Concertación y de la ex Nueva Mayoría: José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, Luis Bates, Jorge Burgos y José Joaquín Brunner. Las principales críticas que se han levantado desde la misma centroizquierda apuntan a que libelo opositor «desprestigia las instituciones», «tiene un cariz inconstitucional» y «obedece a razones extra-educacionales».

No es comprensible distraer la atención pública en una acusación constitucional que solo persigue cobrar un precio político al gobierno, utilizando a la educación como pretexto», opinó el ex Segegob José Joaquín Brunner.

De hecho, el ex titular de la Segegob durante el gobierno de Eduardo Frei y fundador del PPD, José Joaquín Brunner, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo a la acusación. Ya el 4 de septiembre advirtió que se dejaban atrás las “cuestiones de fondo del sistema educacional” por estar “abocados a una querella intestina de la dirigencia política”. “Tendremos la ocasión de escuchar los ruidos de una riña en vez de asistir a una confrontación de ideas, proyectos y visiones educacionales”, escribió en la columna titulada “Acusación constitucional incongruente: ¿Y cuándo hablaremos de educación?” en El Líbero.

Incluso, sus críticas recayeron directamente sobre el Partido Socialista, colectividad que impulsó el libelo, pues, según expresó, “no es comprensible distraer la atención pública en una acusación constitucional que solo persigue cobrar un precio político al gobierno, utilizando a la educación como pretexto”.

Creo que es un boomerang para la izquierda porque lo que están haciendo es fortalecer a la ministra de Educación como figura pública en el país», señaló en La Mirada Líbero en Agricultura la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin.

En la misma línea, la ex ministra de Educación durante la gestión de Ricardo Lagos, Mariana Aylwin, afirmó que el libelo contra Cubillos carece de “argumentos constitucionales” tal como, a su juicio, ocurrió en la destitución de Harald Beyer en 2013. Además, calificó la acusación constitucional contra Yasna Provoste (DC) -en 2008- como “completamente injusta e inconstitucional”.

Así, aseguró en “La mirada Líbero en Agricultura” -el 9 de septiembre- que la acusación “le hace daño a la política. Es más, creo que es un boomerang para la izquierda porque lo que están haciendo es fortalecer a la ministra de Educación como figura pública en el país”. Incluso expresó su “preocupación” por considerar que el Ejecutivo “perdió la agenda”, puesto que señaló: “Hay proyectos de ley que ni siquiera el gobierno ha podido presentar”, por estar en medio del debate de las 40 horas y la acusación constitucional.

Se desprestigia la institucionalidad misma de las acusaciones constitucionales que son para situaciones verdaderamente importantes, que verdaderamente atenten contra la Constitución», dijo en El Líbero el ex minsitro de Justicia Luis Bates.

El ex ministro de Justicia del gobierno de Lagos, Luis Bates, también se distanció de la acusación promovida por la oposición. El ex presidente del Consejo de Defensa del Estado tiene experiencia en el tema. Hace más de 10 años defendió a la entonces ministra de Educación, Provoste.

Y el 13 de septiembre, en entrevista con El Líbero, Bates afirmó que el libelo contra Cubillos se presentó “bajo una apariencia jurídica” pero con un “trasfondo político”. Incluso, señaló que la prueba de ello se evidenció con la destitución “sin fundamentos mayores” de Provoste y Harald Beyer.

“Se desprestigia la institucionalidad misma de las acusaciones constitucionales que son para situaciones verdaderamente importantes, que verdaderamente atenten contra la Constitución. Están muy especificadas las causales en la Constitución. Al final, el uso indiscriminado de estos recursos termina debilitando la institucionalidad política”, sostuvo el abogado.

Por lo que he leído de la acusación, me parece no se acredita una acción u omisión que le dé sustento, que permita su aprobación y los graves efectos aflictivos que trae consigo», opinó en El Mercurio, el ex ministro de Interior Jorge Burgos.

Palabras a las que también se sumó el ex ministro del Interior durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, quien planteó -el domingo- en El Mercurio que “en el área Educación el debate ha sido áspero, quizás en Educación se haya dado la batalla más ideológica de estos años”. Y es que, además, reveló estar arrepentido de haber votado a favor, mientras era diputado, de la acusación para destituir a Beyer.

“Por lo que he leído de la acusación, me parece no se acredita una acción u omisión que le dé sustento, que permita su aprobación y los graves efectos aflictivos que trae consigo”, señaló. Y agregó: “Me parece que la inhabilitación por cinco años, en algunos de los ilícitos constitucionales, es un exceso. A veces ha sido mal usado, creo que en el caso de la ministra Cubillos, puede, de prosperar, ser un nuevo caso de mal uso”.

Estamos a tiempo de rectificar y no de ahondar más nuestras divisiones y de reservar la gravísima sanción que representa una acusación constitucional para situaciones que lo ameriten sin lugar a dudas», planteó el ex ministro de Educación, José Pablo Arellano.

Y ya una de las últimas voces que se levantó desde la centroizquierda cuestionando el camino por el que ha optado la oposición fue del ex ministro de Educación durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, José Pablo Arellano. El economista de Cieplan vivió en carne propia una acusación constitucional que, finalmente, no prosperó en 1997.

El domingo el ex presidente de Codelco, recordó en una carta en El Mercurio que al igual que en 2013, “penosamente, una vez más estamos recorriendo el mismo camino que conduce a la polarización. Estamos a tiempo de rectificar y no de ahondar más nuestras divisiones y de reservar la gravísima sanción que representa una acusación constitucional para situaciones que lo ameriten sin lugar a dudas”.

Eso sí, también criticó el rol que tuvo Cubillos en sus días como diputada, cuando impulsó la acusación contra Provoste. “Contribuiría a este espíritu si la ministra Cubillos, junto con defender la falta de méritos de la acusación constitucional, reconociera que como diputada que acusó a la ministra Provoste, pudo haber contribuido al uso político y desnaturalización de esta grave sanción”.

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