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Publicado el 02 de octubre, 2014

Cárcel de hasta cinco años para sostenedores de colegios también afecta a alcaldes

Autor:

Uziel Gomez

Contraloría detectó usos irregulares por $25 mil millones en los fondos públicos para los alumnos más vulnerables de las escuelas municipales.
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Uziel Gomez

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La polémica indicación que aprobó este martes la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de castigar con cárcel el lucro y el mal uso de los recursos estatales en los colegios subvencionados y municipales, generó un coletazo directo en los alcaldes, quienes, al igual que los sostenedores, también arriesgan hasta cinco años de prisión.

Ello, porque el artículo 2 del proyecto de ley que regula las normas de prohibición del lucro y los aportes de subvenciones y el copago, sanciona al administrador de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes permanentes del Estado, que haga mal uso de los fondos recibidos utilizándolos en fines diferentes.

El texto indica que “la sanción corresponderá a una multa a beneficio fiscal de 50% de dicho monto, y el reintegro de los recursos mal usados. En caso de no completarse el reintegro, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo” (entre tres años y un día, a cinco años).

“En esta lógica de planificación central absoluta, el proyecto de ley es muy estricto. Los alcaldes que no cumplan podrían ir a la cárcel. Por ejemplo, si se gasta en un paseo recreativo recursos que estaban para otros ítemes puede generar problemas”, afirma a “El Líbero” el diputado miembro de la comisión, Felipe Kast, quien se opuso al articulado que fue aprobado por el socialista Fidel Espinoza, los PPD Cristina Girardi y Rodrigo González,  Juan Morano, Yasna Provoste y Mario Venegas de la DC, la comunista Camila Vallejo y el independiente pro Nueva Mayoría, Giorgio Jackson.

El parlamentario de Evolución Política, quien le hizo 58 indicaciones al proyecto de reforma escolar del Gobierno, criticó a sus colegas por “legislar para la galería y no resolver los problemas reales de la educación”.

La “cultura del despelote” de los municipios

La deficiente administración de los municipios y las corporaciones municipales en la educación quedó de manifiesto, luego de que la Contraloría emitiera un informe que revelara que desde 2010 se han usado mal más de  $25 mil millones de la ley de la Subvención Escolar Preferencial, que creó la Presidenta Michelle Bachelet en 2008 para apoyar a los colegios que atienden a los niños más vulnerables.

A raíz de ello, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, denunció una “cultura del despelote en el gasto público” de los municipios, porque las auditorías revelaron que los fondos se destinaron a viajes fuera del país, salidas a centros recreacionales, fumigaciones a colegios y compra de teléfonos.

Las  irregularidades llevaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a presentar 32 acciones ante la justicia, porque “varios hechos sobrepasaron el mero desorden administrativo, constituyendo directamente delitos como malversación de caudales públicos, fraude al fisco y aplicación pública diferente”, señaló el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, ante la comisión de la Cámara que investigó el uso de los recursos SEP. Situación que llevó al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a prometer que en la nueva legislación se mejorará la fiscalizará de los cuestionados fondos.

La postura de los alcaldes

Para  Christian Vittori, alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), “claro que deben ir a la cárcel” en caso de desvíos graves de fondos, porque si el Estado garantiza que va a financiar completamente los gastos en educación, tienen que haber penas que vayan de acuerdo a las faltas.

Sobre el informe de la Contraloría, explica que el “desfinanciamiento brutal” de los municipios ha generado desórdenes administrativos, pero que ello no es una excusa. “Como AChM estamos disponibles para que haya una ley de responsabilidad y eficiencia del gasto fiscal”, afirma.

En tanto, Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), aclara que los alcaldes ya pueden ir presos por malversación  de caudales públicos, -que es el empleo indebido de los fondos públicos, mala inversión, mal empleo-, y que desde el retorno de la democracia 32 ediles han sido encarcelados.

“La malversación de caudales públicos es un delito que establece el uso indebido de recursos, por ejemplo, si utilizo la cuenta para pagar combustible en arrendar un bus. No nos parece novedoso el proyecto de ley porque ya está sancionado con cárcel el mal uso de recursos públicos, y los alcaldes siempre tienen su cargo a disposición”, afirma Guevara.

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado,  sostiene que la propuesta de  cárcel es una “sanción dura”, que será estudiada por su equipo jurídico para ver los alcances, pero reafirma su compromiso de que con los recursos de la educación no debe haber dos lecturas.

“Muchos municipios tienen problemas de recursos para financiar la educación y estamos expuestos a poner más financiamiento, pero deben tener los filtros adecuados. Ojalá que la ley también venga acompañada de más platas para que los municipios no tengamos más déficit”, señala Delgado.

El edil se opone a la desmunicipalización que propone el Ejecutivo, porque “quiere gobiernos locales de verdad, con capacidad técnica para tomar decisiones, en educación, salud, seguridad e inversiones. Los municipios no debieran perder atribuciones sino que deben fortalecerse y tener más herramientas”.

Sostenedores denuncian amedrentamiento

La propuesta de cárcel es vista por Hernán Herrera, presidente del gremio de Colegios Particulares de Chile A.G., como la continuidad de una política de “desconfianza y represión que busca sacarnos de la educación por la ley o el amedrentamiento”.

El dirigente sostiene que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre,   perdió el “control absoluto” de la reforma educacional, porque se aprobó el articulado de la cárcel pese a que la autoridad estaba en contra.

“De aprobarse el proyecto de ley actual, una gran mayoría de sostenedores va a salir, no por voluntad propia, sino porque el sistema los termina sacando. Las familias más vulnerables y de clase media sólo podrán ir a las escuelas públicas porque no tienen ninguna opción de pagar los colegios particulares”, acusa.

 

FOTO: VICTOR PEREZ/AGENCIA UNO

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