El centro de estudios Libertad y Desarrollo elaboró el informe titulado “Balance en seguridad de la administración Boric: retroceso en cifras y transparencia”. Con cifras tomadas del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) concluyeron que “durante el gobierno de Gabriel Boric no hubo una baja sustantiva de la delincuencia entre 2022 y 2025, registrándose incluso aumentos en el total de delitos, infracciones e incivilidades y fuertes alzas en aquellos delitos asociados a drogas y armas”.
Así, por ejemplo, al hacer el análisis de los delitos de mayor connotación social, como homicidios, violaciones, robos, hurtos y lesiones, la conclusión es que “las cifras totales del año 2025 no difieren mucho del 2022, e incluso muestran un leve aumento”.
Al poner la lupa en los homicidios, “que generan un gran impacto en la sensación de temor y son el termómetro de la violencia de un país”, muestran que hubo un aumento de 1,1%, al pasar de 879 casos en 2022 a 889 en 2025; por lo que “concluyen el mandato de Boric en una peor situación de la que registraban en su primer año”. En el período, 2024 fue el año con mayor número de homicidios y femicidios pues se contabilizaron 910 casos.
Los datos también revelan alzas en los hurtos, que lideraron los incrementos con un 8,28% (pasaron de 108.009 en 2022 a 116.949 en 2025), y un leve repunte del 0,75% en el ítem de lesiones (se denunciaron 72.446 en 2022 y 72.989 en 2025). En contraste, se registraron descensos en las violaciones y delitos sexuales, que cayeron un 12,89% (pasaron de 15.447 en 2022 a 13.456 en 2025); mientras que los robos experimentaron una baja del 2,22% (hubo 272.811 en 2022 y 266.759 en 2025).
Así, el balance final del informe arroja que el total general de los delitos de mayor connotación social cerró el mandato con una leve alza del 0,31% (en 2022 se reportaron 469.592 casos y en 2025 fueron 471.042), evidenciando un estancamiento en la reducción de la criminalidad más visible.
Más presencia del crimen organizado
El alza fue más drástica en delitos asociados a la Ley de Drogas y la Ley de Control de Armas.
El reporte destaca que los casos asociados a la Ley de Control de Armas se duplicaron, registrando un aumento del 104% (de 13.705 a 27.909 casos). Por su parte, los delitos perseguidos bajo la Ley de Drogas subieron un 32% (pasaron de 10.918 en 2022 a 14.424 en 2025).
“Cabe mencionar que una particularidad que existe a la hora de analizar las cifras de este tipo de delitos, es el desconocer si los aumentos se deben a una mayor presencia de fenómenos delictuales en el país o a una mayor eficacia del control policial. Pese a lo anterior, aumentos de esta magnitud son una señal de una mayor presencia del crimen organizado en nuestro territorio”, precisa el documento.
El reporte también considera infracciones e incivilidades (como daños, desórdenes públicos y el consumo de alcohol y drogas en la vía pública) y concluye que en ese ámbito “durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, no existió un cambio sustancial en las tendencias, las cuales, incluso mostraron un crecimiento si comparamos el año 2022, primer año del mandato del actual Gobierno, y el 2025”.
El dato de infracciones e incivilidades comenzó con 1.075.187 casos en 2022, experimentando alzas sucesivas en 2023 (1.103.558) y 2024 (1.108.431), para finalmente cerrar el periodo en 2025 con 1.075.651 registros.
El «apagón» en la transparencia
Más allá de las cifras, el informe de LyD denuncia un grave retroceso en el acceso a la información pública. Como contexto, señalan que en 2021 se promulgó la llamada Ley STOP (N° 21.332) que instruyó la implementación del Sistema Táctico de Operación Policial, administrado por Carabineros, y se estableció que la información reunida en dicho sistema debía estar disponible para la ciudadanía de manera expedita, permanente y actualizada, a través de una plataforma virtual.
De esta manera, explican, fue posible acceder fácilmente a información policial detallada y oficial, con desagregación nacional, regional, comunal e incluso a nivel de cuadrante dentro de una comuna, y con actualización semanal.
“Sin embargo, este avance sufrió un inexplicable traspié. En junio de 2023, el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, mediante la publicación del reglamento asociado a esta Ley (Decreto 376, Ministerio del Interior y Seguridad Pública), introdujo una serie de modificaciones que rompieron abruptamente la continuidad del análisis”, advierten.
Los cambios implicaron que se establecieran nuevas agrupaciones de delitos “que ya no resultan comparables con las existentes hasta ese momento”. Además, se eliminaron categorías como el robo violento de vehículos (conocido como “portonazos” o “encerronas”). Otro cambio fue que los datos solo estuvieron disponibles desde el año 2022, cuando antes se podía consultar registros desde 2015. Y se eliminó información como el número de detenciones y detenidos, el detalle por comisaría y cuadrante y la visualización georreferenciada de los delitos.
“En la práctica, se pasó de un sistema robusto y detallado a una plataforma mucho más limitada, tanto en profundidad como en alcance”. Desde LyD agregan que “el resultado ha sido una herramienta debilitada, que carece de información importante y que, pese a que incorpora nuevas secciones -como indicadores de gestión- al ser consultadas, aparecen vacías”.
Como reflexión final, en el informe señalan que “lo ocurrido con la plataforma STOP de Carabineros no es un problema técnico ni un ajuste menor. Es una decisión política que afecta directamente la transparencia, el control ciudadano y la calidad del debate público en materia de seguridad. Sin datos comparables, completos y accesibles, no solo se dificulta la evaluación de las políticas públicas, sino que también disminuye la rendición de cuentas de las instituciones”.
Un gran «legado» de este gobierno y de este pdte