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Publicado el 03 de octubre, 2018

Aumenta presión para que Bachelet actúe ante la crisis humanitaria en Venezuela

Autor:

Emily Avendaño

Esta semana, en el 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se volverá a abordar la compleja situación que enfrenta la población venezolana. Las ONGs de ese país confían en que la información que presenten en la instancia sea utilizada por la Alta Comisionada, de cara al informe que la ex Presidenta debe realizar por mandato del Consejo de DD.HH. de la ONU.

Autor:

Emily Avendaño

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Las violaciones de los derechos humanos en Venezuela han protagonizado el debate internacional en el último tiempo. Durante el 73° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, seis países -incluido Chile- solicitaron que se investigaran los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por primera vez en su historia una resolución “por graves violaciones a los DD.HH.” ocurridas en ese país, y cuatro relatores de las ONU y una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron una declaración conjunta por el detrimento del derecho a la salud de personas mayores y de los niños. Ahora será el turno de la CIDH en su 169 período de sesiones.

Mañana, habrá tres sesiones sobre el país caribeño: Crisis política y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI; situación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política; y situación humanitaria y mecanismos de control social.

Si bien la CIDH está adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, no dejan de trabajar de la mano, y lo que se presente ante la CIDH puede servir de insumo para el informe que debe elaborar Michelle Bachelet sobre Venezuela, como alta comisionada, a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el caso de la sesión de los privados de libertad se trata de una audiencia “de oficio” convocada por la propia CIDH. En Venezuela hay más de 50.000 presos en cárceles y otro grupo de 30.000 en retenes policiales, hacinados y con condiciones críticas de salud.

“La CIDH está al tanto de lo que ocurre y solicitó a organizaciones de DD.HH. y al gobierno que presenten un informe y muy probablemente, a partir de esto, pueda emitir un exhorto que ayude a engrosar lo que vaya a presentar la Alta Comisionada”, explica el abogado Julio Henríquez, coordinador legal internacional del Foro Penal, la organización que se ha encargado de la defensa de los presos políticos.

La prohibición de las visitas a observadores internacionales existe desde los tiempos de Hugo Chávez, ahora que la situación está muchísimo peor, dudo que permitan la entrada de ninguna persona, incluso de Bachelet pese a la cercanía que alguna vez tuvo con Maduro”.

El abogado señala que la oficina del alto comisionado siempre ha estado “muy pendiente” de este tipo de informes, que además también podría servir de prueba para el proceso que está en revisión en la Corte Penal Internacional después de la solicitud de los gobiernos de Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Canadá y Colombia, a los que luego se sumó Francia. “Nosotros mantenemos comunicación con distintas organizaciones de DD.HH. Y lo que documentamos lo hacemos llegar a la alta comisionado y a los relatores sobre las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas y homicidios extrajudiciales”, agregó Henríquez.

Carlos Nieto Palma es coordinador general de Una Ventana a la Libertad, una ONG que defiende los DD.HH. de las personas privadas de la libertad. También señala que están en permanente contacto con la oficina de la Alta Comisionada. “Antes de que Bachelet ocupara el cargo ya ellos habían presentado dos informes sobre Venezuela”.

El tercero debe presentarlo la ex Presidenta y las primeras conclusiones deben estar listas en junio del próximo año. Para hacerlo, el presidente Nicolás Maduro declaró que Bachelet “es bienvenida” en Venezuela. Hecho que los defensores de derechos humanos de ese país miran con escepticismo. “La prohibición de las visitas a observadores internacionales existe desde los tiempos de Hugo Chávez, ahora que la situación está muchísimo peor, dudo que permitan la entrada de ninguna persona, incluso de Bachelet pese a la cercanía que alguna vez tuvo con Maduro”.

Henríquez también dijo estar escéptico ante el ofrecimiento de Maduro: “Hay que tomar con mucho cuidado cualquier ofrecimiento de este gobierno que tiene un patrón sistemático de conducta de violación de los DD.HH. y que esta sea una estrategia para burlar los organismos internacionales. Hemos de insistir en que si la ONU y el Sistema Interamericano visitan el país sea en condiciones de libertad y que eso no se convierta en una visita guiada del gobierno”

Qué se expondrá ante la CIDH

El panorama para Venezuela no luce bien, de acuerdo con las cifras que presentarán estas ONGs. ante la CIDH.

Foro Penal contabiliza la existencia de 234 presos políticos, de los cuales 58 son militares. En 2018 han identificado esta como una tendencia a partir del caso de Óscar Pérez, el policía que secuestró un helicóptero, disparó contra el Ministerio de Justicia y que luego murió ajusticiado, y también a partir de la explosión de dos drones durante un acto público en el que participaba Maduro el 4 de agosto, que él ha calificado como un intento de magnicidio.

Hemos de insistir en que si la ONU y el Sistema Interamericano visitan el país sea en condiciones de libertad y que eso no se convierta en una visita guiada”.

“El gobierno quiere mantener el poder y para eso amedrenta a grupos específicos: estudiantes, periodistas y, ahora, militares. Y no solo los detienen, también los torturan. Las denuncias de torturas en las cárceles militares son espeluznantes”, declara Henríquez.

La situación de los presos comunes no es mejor. Una Ventana a la Libertad da cuenta de 163 personas fallecidas en calabozos policiales –no en grandes cárceles– durante el primer semestre de 2018. Del total, 34 fallecieron de tuberculosis, una enfermedad que había sido prácticamente erradicada y que ahora está resurgiendo, junto a otras como la malaria, la difteria y el sarampión.

“Esto es una muestra. Nosotros solo monitoreamos 93 de los más de 500 calabozos policiales que hay en Venezuela, lo que nos permite inferir que las muertes podrían ser más”, asegura Nieto Palma. En estos calabozos también habría 15 adolescentes detenidos por razones políticas –en el contexto de las manifestaciones que hubo en 2017– mezclados con adultos y viviendo en condiciones precarias.

La CIDH reportó en un documento conjunto con la ONU la crisis del sistema de salud venezolano, que ocasiona la muerte de niños por causas que pueden evitarse con prevención y dijeron estar “impactados de que los propios hospitales se hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo”. Puntualmente señalaron la muerte de 16 niños, menores de 5 años, ocurridas en un hospital en el estado Lara –al occidente de Venezuela– en lo que va de 2018, debido a infecciones causadas por higiene deficiente.

Además, se refirieron a otra población vulnerable: “Las personas mayores pierden 16 kilos al año en promedio por la escasez de alimentos” y confirmaron una escasez de más de 80% en medicamentos para la presión arterial y los niveles de azúcar altos.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado 8.372 protestas entre enero y agosto de 2018. Solamente en agosto hubo 894, en promedio 30 protestas al día. “El observatorio va a mostrar el colapso del país a través del aumento de la conflictividad y la protesta social, lo cual es un reflejo de la crisis humanitaria”, señala Marco Antonio Ponce, director de la organización.

Según sus estudios, 90% de las protestas son reclamos por derechos sociales: derechos laborales, por el acceso a servicios básicos como electricidad, agua o gas doméstico; por el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. 14 personas han sido asesinadas durante estas manifestaciones –4 menores de edad y 2 mujeres.

En lo que va de 2018 han contabilizado más de 360 protestas de jubilados y pensionados. Luis Francisco Cabezas, director de Convite expondrá el caso de los adultos mayores, quienes pierden 1,3 kilos mensuales por no tener acceso a proteínas en su dieta. “Primero por los altos costos y luego por la escasez del producto. Solo tenían acceso a pollo y huevo y ambos desaparecieron”. La organización también da cuenta de que en 2017 fueron asesinados 399 ancianos, 60% más que en 2016, y del aumento del número de suicidios en esta población. También reportan que 9.000 venezolanos en España tienen 34 meses sin recibir su pensión, único mecanismo de subsistencia que tenían en el exterior.

“Toda esta información también se presenta ante las Naciones Unidas, con quienes trabajamos de manera permanente aportando datos, y que permita documentar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto nutre los informes de la Alta Comisionada y de los organismos de protección del sistema interamericano”, señala Ponce.

El viernes habrá otra audiencia sobre Venezuela para abordar la situación de los migrantes, cuál es la situación de quienes han tenido que salir de manera forzosa, analizar las medidas que adoptan los gobiernos receptores y proponerle a la CIDH un conjunto de iniciativas que puedan servir de protección tanto a los migrantes como a los refugiados venezolanos. Para los defensores de los DD.HH. de ese país es crucial que se aplique la convención sobre refugio de las Naciones Unidas. Según Acnur, 5.000 personas abandonan cada día Venezuela y la ONU cifra en 2,6 millones el número de venezolanos en el exterior del país.

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