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Publicado el 27 de septiembre, 2018

Asesinato, tortura, violación y desapariciones forzadas, algunos de los crímenes de lesa humanidad que llevaron a Maduro ante la Corte Penal Internacional

Autor:

Emily Avendaño

Por primera vez en la historia del tribunal internacional, un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma denuncian a las autoridades de otro Estado Parte. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron que se establezcan las responsabilidades, por delitos que habrían tenido lugar desde el 12 de febrero de 2014.

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Emily Avendaño

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La denuncia estaba anunciada desde hace meses, pero finalmente se concretó. Ayer los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Canadá y Colombia presentaron una carta dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI)para solicitar que se investiguen delitos de lesa humanidad que podrían haberse cometido en Venezuela desde el año 2014.

La acusación se sustenta en el informe elaborado por un Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentado a la Secretaría General de la OEA el 29 de mayo de 2018; en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 31 de diciembre de 2017, y en el Informe del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), publicado el 22 de junio de 2018. Todos dan cuenta de la brutalidad policial y militar como acciones sistemáticas, la debilidad en la institucionalidad democrática y el deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos.

“Un aspecto particularmente dramático estaría dado por la realización de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos, algunas de las cuales serían, incluso, menores de edad”, puede leerse en la misiva dirigida a la fiscal de la CPI Fatou Bensouda.

Desde que se presentó el informe de la Secretaría General de la OEA, en mayo, había quedado en el aire la posibilidad de remitir formalmente la denuncia ante la CPI. La novedad es que por primera vez en la historia de este tribunal internacional, que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002, un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma denuncien a otro Estado Parte y; para la oposición venezolana, se trata de un hecho histórico.

Han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.

En su cuenta de Twitter, Antonio Ledezma, político que escapó de Venezuela en medio de una sentencia de domicilio por cárcel, escribió: “Ahora más que nunca hay que tener fe. Lo que está ocurriendo hoy en la ONU en Nueva York es histórico. Seis naciones que confirman la denuncia contra el tirano Maduro y su camarilla por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Además de más sanciones y ya se pondera la aplicación del principio de injerencia humanitaria para desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger”.

Luis Almagro, secretario de la OEA, expresó su “total respaldo” a la decisión de estos seis países: “Han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.

Human Rights Watch coincide, en un comunicado, en que estos seis gobiernos “han dado un paso sin precedentes” al solicitar una investigación. “Esta acción refleja la creciente preocupación en la comunidad internacional por la catástrofe de DD.HH. en el país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La carta requiere que la Fiscalía, una vez que evalúe la información de la que disponga, inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habrían tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, “con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas”. Además, solicita que la investigación se concentre en siete posibles crímenes de lesa humanidad: asesinatos, privaciones de libertad, torturas, violaciones, persecución por motivos políticos y desapariciones forzadas.

Si bien en la comunicación enviada a la CPI no se mencionan los presuntos responsables, en el informe de los expertos de la OEA sí lo hacen. En las páginas 209 a la 308 de la sección denominada “Cadena de mando” se señalan, entre otros, a: Nicolás Maduro, Presidente de la República; Tareck El Aissami, ex Vicepresidente; Jorge Arreaza, actual Ministro de Relaciones Exteriores; Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación e Información; Delcy Eloina Rodríguez, actual Vicepresidenta; y Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa.

“Esto demuestra la complejidad de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela”

El caso contra Venezuela está andando desde febrero pasado. En ese momento Bensouda anunció el inicio de un Examen Preliminar los delitos presuntamente cometidos en ese país desde al menos abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.

La diputada venezolana Delsa Solórzano, vicepresidente Comité DD.HH. de Parlamentarios Unión Interparlamentaria Mundial, declara a “El Líbero” que la acción de estos seis países “le pone el acelerador al procedimiento; pues ya no se trataría de un acto preliminar sino de una investigación formal”. Subraya que esta acción no es contra Venezuela sino “contra funcionarios del gobierno venezolano. Se trata de hechos concretos para investigar a personas concretas”.

Estos hechos incluyen 131 asesinatos ocurridos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los llamados colectivos; 292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 1.000 detenciones arbitrarias, encarcelamientos y otras formas de privación de libertad desde las elecciones presidenciales de 2013; y el encarcelamiento de más de 1.300 personas por motivos políticos, por su oposición al gobierno.

Para Chile hay un mensaje muy claro, no pueden seguir las violaciones de derechos humanos en Venezuela».

“Esto demuestra la complejidad de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. La violación sistemática del debido proceso, las desapariciones forzadas, los secuestros, la existencia de una política de exterminio a través de supuestos planes de seguridad ciudadana, el ataque al Parlamento en todos sus estamentos; las violaciones al derecho a la salud. El pueblo venezolano está vulnerado en sus derechos”, afirma la diputada venezolana Gaby Arellano.

Desde la Corte Penal Internacional respondieron a “El Líbero” que el examen está en curso. “La Fiscalía está evaluando toda la información disponible, incluida la información de dominio público y la información que se envía a la Oficina, para determinar si se cumplen o no los criterios legales para abrir una investigación, según lo dispuesto en el Estatuto de Roma”.

Agregan que “una remisión por parte de un Estado no conduce automáticamente a la apertura de una investigación. Los criterios para abrir una investigación en una situación son los mismos ya sea que la situación sea remitida por un Estado Parte, el Consejo de Seguridad de la ONU o si el Fiscal decide proceder sobre la base de los poderes que le confiere el artículo 15 del Estatuto de Roma. En todas las circunstancias, la Fiscalía evalúa de manera independiente la información disponible y analiza la gravedad de la información recibida, a fin de determinar si se cumplen los criterios del Estatuto para abrir una investigación”.

«Lo que nosotros queremos como países es que sean investigados estas denuncias y que además se defina, se detecte y se encuentre a los culpables»

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, participó del anuncio. «Para Chile hay un mensaje muy claro, no pueden seguir las violaciones de derechos humanos en Venezuela» y agregó: «Lo que nosotros queremos como países es que sean investigados estas denuncias y que además se defina, se detecte y se encuentre a los culpables».

Issa Kort, diputado UDI, opina que «el pueblo venezolano está lamentablemente sufriendo la opresión de un dictador que los tiene, de manera irresponsable, sumidos en una pobreza, en una falta de derechos y de oportunidades. Por lo tanto, creemos que debe darse la instancia multilateral, de carácter internacional, para buscar justicia para el pueblo venezolano”.

Por su lado, el senador Felipe Kast valoró en Twitter el hecho como un “importante paso a favor de la democracia y de los DD.HH.”.

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