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Publicado el 17 de agosto, 2018

Amenazas y presidio: la purga de los militares venezolanos tras el supuesto intento de asesinato a Maduro

Autor:

Emily Avendaño

Existe temor en el régimen porque haya una fisura dentro de las Fuerzas Armadas. Ya hay dos oficiales de alto rango detenidos y otro desaparecido después de la explosión que el 4 de agosto interrumpió un acto encabezado por el Presidente de Venezuela. Maduro habría pedido a los uniformados alejarse de sus familiares opositores antes de “perder su carrera”.

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Emily Avendaño

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“Me llevan detenido por orden del presidente”. El General de Brigada Héctor Armando Hernández Da Costa filmó y difundió a través de Twitter el momento en que supuestos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela llegaron a su vivienda a apresarlo y soltó esa frase para cerrar su transmisión. Ocurrió cerca de la medianoche del lunes 13 de agosto. No presentaron orden de captura como establece la legislación de ese país, tampoco mostraron identificación, según las imágenes. Se lo llevaron con destino incierto y, hasta los momentos, permanece desaparecido.

Hernández Da Costa no ha sido el único uniformado detenido luego del supuesto atentado contra el Presidente Nicolás Maduro. El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Pedro Zambrano Hernández fue apresado la misma noche del 4 de agosto, día en que explotaron dos drones cerca de la tarima en la que Maduro encabezaba un acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Además retuvieron al general de División de la GNB Alejandro Pérez Gámez, quien se desempeñaba como Director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la GNB, de acuerdo con la agencia AFP.

Tanto el coronel como el general de división sí fueron presentados en tribunales y se les acusó de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República; homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional; terrorismo; asociación para delinquir; uso de artefacto explosivo; daño a la propiedad; y traición a la patria.

Pérez Gámez era además coordinador general en materia de otorgamiento de permisos para garantizar y optimizar el flujo logístico y la gestión de los procesos de abastecimientos de los supermercados, hipermercados y cadenas de supermercados y es quien, según la Fiscalía de Venezuela, habría suministrado “información confidencial a la organización criminal, como lugar, fecha y hora del acto público así como itinerario y listado de asistentes”.

Por otro lado, no es la primera vez que a Pedro Zambrano se le señala por conspiración. Fue detenido por primera vez el 25 de enero de este año acusado de rebelión militar, por haber supuestamente cooperado en el asalto a un fuerte militar en Carabobo, ocurrido en agosto de 2017. Se encontraba en libertad condicional.

Tras los hechos del 4 de agosto, crece el temor en el seno del Gobierno ante una supuesta insurrección militar. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela contabiliza 366 presos políticos en ese país, de ese total unos 150 serían militares. Se les acusa por delitos contra el decoro militar, rebelión, traición a la patria y motín.

Rocío San Miguel, experta venezolana en asuntos militares y titular de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, señala a «El Líbero» que aún no se puede hablar de un quiebre en las FANB, pero admite que los hechos recientes deben ser vistos con “precaución”. En especial lo concerniente a Hernández Da Costa.

“Es un general con una trayectoria muy destacada. Fue alférez mayor de la promoción de 1989, es decir, el primero de su promoción. Fue jefe del Comando Antidrogas de la GNB y era jefe de Estado Mayor de la Región Capital de Defensa Integral (REDI) —segunda zona más sensible y estratégica del país—. Con una trayectoria así este asunto causa mucha incomodidad dentro de las Fuerzas Armadas”, afirma San Miguel.

Para Marino Alvarado, vocero del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), uno de los elementos nuevos a la represión de la disidencia política en Venezuela es la detención de militares, un fenómeno que vienen evidenciando desde hace un año.

“Es muy difícil predecir hasta donde pudiera haber un alzamiento militar porque los generales de la FANB están vinculados a muchos negocios: están en la industria petrolera, en las industrias básicas, tienen todo el control de la distribución de alimentos. Entonces, en el generalato hay una lealtad a Maduro más que por afinidad política, por interés económico. Mientras el gobierno se mantenga tienen posibilidades de seguir acumulando capital, por distintas vías, entre ellas la corrupción”, asevera Alvarado.

El vocero de Provea no duda que haya ocurrido un atentado. En cambio, San Miguel ironiza: “En Venezuela los dirigentes sufren de algo que yo he calificado como mitomanía política. Los mitómanos mienten como patrón de conducta y al final terminan por creerse sus mentiras”.

Raúl Salazar, general retirado y el primer ministro de Defensa de Hugo Chávez, subraya que las Fuerzas Armadas venezolanas son una organización profesional sin militancia política y, por tanto, no deben responder ante ningún sector político. Agrega que los militares detenidos padecen la crisis que sufre todo el pueblo de Venezuela.

“¿Qué pueden pensar los oficiales de las Fuerzas Armadas de los que administran el país? Ellos se dan cuenta de que éramos el país más grande en petróleo, comparable con Arabia Saudita y, hoy en día, la industria petrolera está paralizada, al igual que las industrias básicas y el campo destrozado. Tenemos una monarquía, no una democracia, donde el que se monta es el que maneja en Consejo Electoral, el Tribunal Supremo, las leyes y todo”.

Lealtad a cambio de preservar la carrera militar

El acatamiento de las FANB es un punto sensible para el Presidente venezolano. La asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional tiene evidencias de que antes de los ascensos militares hechos en Venezuela en julio se le hizo firmar a los uniformados un documento de lealtad a Nicolás Maduro.

Después de la explosión de los drones, uno de los primeros en pronunciarse fueron los militares en la voz del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. “Permanecemos incólumes y aferrados a las convicciones que nos caracterizan, apoyando de manera incondicional y con irrestricta lealtad a nuestro comandante en jefe”, leyó en un comunicado oficial.

Este 11 de agosto, justo una semana después del atentado, Maduro se reunió con el alto mando militar en Caracas. De esa reunión con oficiales generales y almirantes se hizo público un documento que resume los puntos clave –y que todavía nadie en las Fuerzas Armadas ha desmentido–. Allí se dice, entre otras cosas, que “es preferible que un militar… deje de visitar o evite a esa parte de la familia (si son de oposición) a tener que ver perdida su carrera por una imprudencia (…). Sus familias debe ser consecuentes con ustedes y pensar en ustedes antes que en quienes quieren destruir a la revolución”.

También se insta a que se monitoree todo permiso y vacaciones del personal, solicitando la ubicación de los celulares, para evitar que “estén en asuntos raros”; se solicita tramitar de manera inmediata cualquier “duda” referente a la lealtad; y se indica que se realizarán “jornadas de actualización en materia de reafirmación de la lealtad de la FANB”.

A cambio, el gobierno ofrece dádivas: incremento de sueldos, entrega de viviendas, y hacer un levantamiento de las necesidades de viviendas, vehículos y línea blanca de los oficiales.

Una fuente ligada a un coronel que prefirió no identificarse confirma las imposiciones: “En este momento los militares activos y retirados están muy vigilados, muy presionados. Está muy difícil la situación para ellos. Por eso no quieren hablar”.

“Es muy posible que eso se haya dicho, así sea de forma muy sutil; pues se inscribe en el proceder del proceso revolucionario. Ya en el pasado se ha separado a militares de sus cargos porque sus cónyuges firmaron para solicitar el referéndum revocatorio en 2016; o porque se negaron a suscribir la consigna ‘patria, socialismo o muerte’”, afirma San Miguel.

Hasta el momento hay 14 detenidos por la explosión de los dos drones y han identificado a 34 implicados en el hecho, con posibilidades de que ese número se incremente. La Fiscalía General de la República emitió 27 órdenes de aprehensión “con sus respectivas notificaciones a Interpol”.

Subraya Marino Alvarado: “El atentado está siendo usado por el gobierno para perseguir a militares y civiles que le son incómodos. Desde hace mucho tiempo el gobierno quería detener a Julio Borges (…). El atentado le cayó como anillo al dedo al gobierno para profundizar la represión”.

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