Dos sindicatos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitieron comunicados en los que manifiestan su preocupación por el intento de creación de un nuevo sindicato al interior de la institución, impulsado por trabajadores de la Oficina Central y la Región Metropolitana, y que, según advierten, estaría siendo fomentado por directivos de confianza y mandos jerárquicos superiores.
Desde el Sindicato Nacional Trabajadores de Conaf (Sitrem) –que agrupa guardaparques, brigadistas, profesionales, técnicos y administrativos– manifiestan que el nuevo sindicato estaría siendo “instigado” por personal de confianza, “por simples motivos políticos o la búsqueda de beneficios particulares por quienes han gozado de un estatus de privilegio y protección dentro de la institución”.
En tanto, el Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf (Sinaprof) también advierte sobre las “inquietudes” que han surgido “respecto de la eventual participación de directivos (as) de confianza en estos procesos”.
Ambas agrupaciones se ponen a disposición del resto de los trabajadores de la corporación en caso de que se sientan amedrentados, hostigados o sufran maltrato para dar su consentimiento en orden a formar este nuevo sindicato. Dice Sitrem, que esto es ante el riesgo de que “pudieran recibir presiones o amenazas ilegítimas para apoyar obligadamente este intento de dividir a los trabajadores”.
Una relación asimétrica
Trabajadores de Conaf contaron a El Líbero bajo condición de anonimato que estos directivos han asistido personalmente a las bases de brigadas a recolectar las firmas que necesitan para constituirse, incluyendo las rúbricas de aquellos brigadistas que trabajan como jornales transitorios. Sin embargo, advierten que esto no solo “no es natural”, sino que es “asimétrico”.
Según pudo conocer este medio, quienes han ido a recoger las firmas son el Gerente de Protección Contra Incendios Forestales, la Fiscal de Conaf y el Jefe del Departamento de Planificación, Gestión y Control Presupuestario. Todos con roles clave dentro de la corporación.
En esa línea, ambos sindicatos que levantaron la alerta llaman la atención sobre si la situación es del conocimiento del Director Ejecutivo, Rodrigo Illesca. Desde Sitrem, incluso, le hacen un llamado a “tomar medidas sobre el asunto y pueda reunirse con los niveles jerárquicos superiores y mandos medios para dilucidar la existencia y alcance del conflicto”.
«La Dirección Ejecutiva no forma parte del proceso de creación de nuevos sindicatos»
Desde Conaf manifestaron a El Líbero que “esta Dirección Ejecutiva considera pertinente reiterar que la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República y en los artículos 212 y siguientes del Código del Trabajo, reflejando además el espíritu de los convenios internacionales de la OIT ratificados por Chile”.
En esa línea, agregan que “la ley reconoce a los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal el derecho a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, cumpliendo con la normativa vigente y los estatutos que las rijan. Actualmente, la Corporación cuenta con 16 sindicatos, de los cuales 12 están agrupados en la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Conaf”.
Señalan también que desde que la actual Dirección asumió la conducción institucional, “se han mantenido mesas de trabajo permanentes con representantes de los sindicatos existentes, pero es importante subrayar que la Dirección Ejecutiva no forma parte del proceso de creación de nuevos sindicatos ni interviene en su constitución o funcionamiento”.
“Por lo anterior, esta Dirección no ha incurrido ni incurrirá en acciones que vulneren la libertad sindical ni que obstaculicen la formación o funcionamiento de organizaciones sindicales, conforme a lo establecido en el artículo 289 del Código del Trabajo”, concluyen, sin hacer referencia a que se trataría de personal de confianza de la dirección.
El Líbero también consultó a Conaf por la versión de los funcionarios señalados, pero la respuesta se limitó a la posición de la Dirección.
Eventuales investigaciones por el manejo de los incendios
Las fuentes consultadas por El Líbero señalan que este nuevo sindicato busca constituirse antes del 11 de marzo, para “amarrarse” y ser intocables ante las eventuales investigaciones que puedan surgir, por ejemplo, ante negligencias en el combate de los incendios. Advierten que en las emergencias de Ñuble y Biobío de este 2026 hubo críticas por la inadecuada distribución de aeronaves para combatir el fuego, la falta de brigadistas y por no haber estado operativo el combate aéreo nocturno, pese a que ya se habían iniciado gestiones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); pero el proceso de certificación fue frenado por la actual administración de Conaf.
También aluden a nuevas investigaciones sobre la gestión del megaincendio en la Región de Valparaíso de 2024, por los que la Contraloría ya manifestó en un informe que hubo fallas e intermitencias en los sistemas de comunicación utilizados por Conaf. También se “comprobó que la Conaf no realizó modelamientos específicos para cada uno de los sectores involucrados en los referidos incendios de febrero de 2024, sin que conste, además, la proyección del avance del incendio que informó haber realizado, antecedentes necesarios para comunicar al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, el estado de las amenazas, su nivel de peligrosidad, el alcance y la amplitud de las mismas, con la finalidad que este último declarara, en el nivel correspondiente y sobre la base de los informes de los diversos organismos técnicos, la alerta a la población y a toda autoridad comunal, regional, provincial o nacional”.
Entre los formalizados en la arista penal de este caso hay brigadistas de Conaf. Sin embargo, los familiares de las víctimas ya han presentado demandas por indemnización en contra del Estado de Chile, el Fisco, Senapred, Conaf, el Gobierno Regional de Valparaíso y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.
Es por ello que la preocupación entre quienes han alzado la voz contra este intento de conformar un nuevo sindicato, es que si se determina alguna responsabilidad, este nuevo gremio solo sea para “asegurar un fuero laboral y resguardos administrativos”.
Una necesidad de “protección inmediata”
Actualmente, los interesados en conformar esta nueva agrupación están recogiendo firmas en la Región de Valparaíso. El Líbero tuvo acceso a un documento en el que responden a las principales dudas que les han planteado el resto de los trabajadores de la corporación. Allí se explica que deben alcanzar las 250 personas asociadas, “sin importar su calidad contractual. A diferencia de intentos pasados, esta vez buscamos una voz específicamente técnica y operativa, convocando a pilotos, mecánicos, jefes de brigadas y jefaturas técnicas bajo una visión profesional común”.
Aseguran que lo hacen ahora, “porque en 2024 experimentamos una desprotección total. Los sindicatos existentes no solo no defendieron la gestión técnica ante las críticas injustas, sino que permitieron que se nos culpara y silenciara”.
El mismo texto plantea que “dada la urgencia de enfrentar las amenazas actuales contra la estabilidad del personal, necesitamos existencia legal a la brevedad”. Y ante la pregunta de “por qué el apuro”, indican que “la urgencia responde a una necesidad operativa y de protección inmediata. Nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre con señales de posibles reducciones de personal basadas en criterios administrativos y políticos. Cada día sin respaldo legal aumenta la vulnerabilidad ante el hostigamiento o la inestabilidad”.
Y “sobre la supuesta protección de cargos y puestos de confianza”, responden que “el objetivo no es proteger personas, sino blindar capacidades técnicas esenciales. Cuando se remueve a un especialista con décadas de trayectoria por razones de confianza política, se pone en riesgo el sistema de protección nacional. Defenderemos que cada cargo operativo sea ocupado por mérito y competencia”.
Incluso aluden a los cuestionamientos de Sinaprof, y dicen que “tildar un derecho legal como mala práctica es un intento de monopolizar la representación mediante la intimidación”.