«Es para nosotros un asunto muy importante. Yo considero al Presidente (Salvador) Allende un pacifista con vocación democrática. Creo que es el más importante de los últimos tiempos. Lo compararía con (Francisco) Madero (…) él siempre buscó la transformación por la vía pacífica y por eso fue víctima de una pandilla de rufianes, empezando por un general traidor, Augusto Pinochet, entonces él ofreció su vida por la democracia», dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en junio pasado, cuando informó que vendría a Chile al acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
AMLO es uno de los cuatro presidentes que confirmaron su presencia a la ceremonia del lunes en La Moneda, una que está en constante actualización. En ese grupo también estarían el Presidente de Argentina, Alberto Fernández; el de Colombia, Gustavo Petro y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
En el acto se realizará una actividad de memoria junto a familiares del ex presidente Salvador Allende en el Patio de los Cañones y se leerían los nombres de funcionarios públicos ejecutados y desaparecidos en el periodo, momento que podría ser incómodo para el Presidente de México, que pasa por una crisis en materia de derechos humanos. De hecho, según Amnistía Internacional, sólo durante 2022 se registraron 9.826 casos de personas desaparecidas y no localizadas; 1.840 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado; y el asesinato de 10 dirigentes sociales por los derechos humanos.
2022, el año con más desapariciones
Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), entre 1964 y 2022, existen 108.521 personas con paradero desconocido en México. 90% de los casos habrían ocurrido después de 2006 y el año con mayor cantidad de desaparecidos fue 2022, seguido por 2021, con 9.624. Las desapariciones suelen estar relacionadas a grupos delictivos, pero también se denuncian casos con complicidad con autoridades.
En marzo de este año, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe donde relata la existencia de desapariciones forzadas, torturas y masacres en México, lo que despertó la cólera de AMLO. Según él, «no es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el Gobierno del mundo«.
Sin embargo, esa misma semana se dio a conocer la detención de cuatro militares por el asesinato a balazos de cuatro jóvenes cuando volvían de una discoteca en la ciudad fronteriza de Nueva Laredo. El viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, le respondió a AMLO que si bien EE.UU tiene sus propios problemas, no intentan «esconderlos debajo de la alfombra».
En enero, en tanto, AMLO se enfrentó también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk; quien le pidió actuar con mayor firmeza y aplicar la ley vigente hace cinco años ante las desapariciones forzadas. “Lo del señor de la ONU, respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad porque ¿desde cuándo se creó lo de la oficina para desaparecidos? Hace cinco años”, respondió el mexicano afirmando que la ONU no dijo nada en gobiernos anteriores y que «esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que solo denuncia cuando se trata de Gobiernos progresistas y cuando se trata de Gobiernos conservadores guardan silencio”.
Según Türk, en México sólo se procesan entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición y hasta la fecha se han logrado menos de 40 condenas. Asimismo el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas cifró en 52 mil los cadáveres que aún no son identificados.
El año pasado fueron asesinadas tres madres que buscaban a sus hijos: Rosario Lilián Rodríguez Barraza, Blanca Esmeralda Gallardo y María del Carmen Vázquez. La primera fue secuestrada a la salida de una misa por su hijo; la segunda, acribillada mientras esperaba trasporte y la tercera, baleada en la puerta de su casa. AMLO no ha querido reunirse con la agrupación de «Madres Buscadoras», porque quiere evitar «la politiquería», pero sí se ha reunido con Estela de Carlotto, de las Abuelas de la Plaza de Mayo y que también vendrá a Chile por los 50 años del golpe de Estado.
El mismo día del asesinato de Rodríguez Barraza, Michelle Bachelet, entonces alta comisionada por los DD.HH de la ONU; se refirió a las labores de las «madres buscadoras». Dijo admirarlas y las llamó “a persistir en su búsqueda, a exigir la investigación y sanción de los responsables y a promover la adopción de medidas para que nadie padezca su indescriptible dolor”.
Asesinatos de dirigentes por los DD.HH. y torturas
Al igual que las madres buscadoras, los familiares de las víctimas que se movilizan por justicia y las organizaciones a las que pertenecen, siempre están en riesgo de convertirse en nuevos objetivos.
Según Aministía Internacional, «al menos 10 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Según un informe publicado en 2022 por la ONG Global Witness, en 2021 habían sido asesinadas 54 personas defensoras de la tierra y activistas medioambientales, lo que convertía a México en el país más mortífero del mundo para quienes defendían esos derechos«.
En junio, tres hombres fueron asesinados en una iglesia Cerocahui. Dos eran sacerdotes con décadas como defensores de los derechos humanos, en particular de los indígenas de la zona. Se llamaban Javier Campos Morales (78) y Joaquín Mora (80) eran jesuitas y fueron ultimados al intentar dar refugio a un guía turístico perseguido por una banda armada. Luego del triple homicidio, los delincuentes se llevaron sus cuerpos.
En cuanto a las torturas, en 2022 hubo 1.840 denuncias contra agentes del Estado, lo que subió a 14.243 el número total de denuncias existentes desde 2018.
Parte de esos apremios se dan a mujeres privadas en libertad. Según el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, de la Secretaría de Gobernación, 79% de las entrevistadas sufrieron apremios en su detención y 44% de ellas reportó torturas de índole sexual. En el área de migración, se han denunciado dos casos de torturas contra hondureños ilegales.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), aseguró que también ocurrieron torturas y apremios ilegítimos en el marco de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Según la Cidh, las Fuerzas Armadas usan la tortura para conseguir confesiones. También documentaron una frecuente vigilancia de los estudiantes, familias, grupos de derechos humanos y al mismo equipo investigador de la Cidh.
En la misma línea, el colectivo de activismo digital Guacamaya filtró información de servidores de las Fuerzas Armadas donde quedaba en evidencia el seguimiento a organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, como Amnistía Internacional. AMLO ha negado espionaje contra defensores de los DD.HH. y periodistas, diciendo que se trata de un trabajo de inteligencia para conocer el movimiento de la «delincuencia organizada».
El año pasado la Fiscalía indagaba 3.040 casos de tortura en el sistema antiguo (anterior a 2016) y 818 en el sistema nuevo, acusatorio. Sin embargo, según la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2006 a 2020 se habían conseguido sólo tres sentencias de 27 denuncias.
Respecto a la libertad de expresión y de prensa, es común que AMLO increpe a diferentes periodistas durante sus vocerías matinales y los trate de «opositores» al responderles alguna pregunta. Ese trato hostil tiene relación con el ejercicio de la profesión en México. Según Reporteros sin Fronteras, ese es uno de los países más peligrosos para ejercer como periodista, sólo superado por Ucrania. En 2022 asesinaron a 13 reporteros y en lo que va de 2023, la cifra ya va en ocho.
Aumento de la militarización
AMLO asumió el poder en 2018 para un período de seis años. En 2019 implementó un cambio que hizo que en la práctica fuera el Ejército el que tomara el control de las calles. Ese año el Gobierno disolvió la Policía Federal y en 2020 todos los activos y el personal restantes se transfirieron a la Guardia Nacional (institución civil creada en 2019 y que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena). Una enmienda constitucional de 2022 otorga al Presidente la autoridad para seguir utilizando las Fuerzas Armadas para la seguridad interna hasta 2028. La sociedad civil protestó por la medida.
Desde 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 áreas que antes eran competencia de organismos civiles. 148 de ellas no tenían ninguna relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, el Metro y la vacunación contra el covid-19.
El problema es que con ello también se ampliaron los escenarios de uso desmedido de la fuerza, como en agosto pasado, cuando una patrulla militar abrió fuego contra un auto en Tamaulipas, hiriendo a dos niños. La niña de cuatro años murió y su madre acusó presiones del Ejército para cerrar el caso.
Según Amnistía, tanto la Guardia Nacional como la Sedena están dentro de las 10 instituciones federales con mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos durante el año: 476 y 404, respectivamente. Es decir, se les acusa a diario por esa causa.