“Voy a destapar todas las ollas que no se han destapado en 20 años”, advirtió la ministra de Justicia, Javiera Blanco, en medio de la grave crisis que afecta a Gendarmería, y que ayer despidió a 124 funcionarios con extensas licencias médicas, varios de los cuales tenían más de 2 mil días.
El otro flanco abierto, que también prometió enfrentar, se refiere a las millonarias pensiones –como la de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, Myriam Olate-, que fueron impugnadas por la Contraloría. Pero que, paradójicamente, el propio subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, pidió reconsiderar. Incluso, un asesor directo de la ministra Blanco presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra Contraloría para que autorizara el pago de su pensión de $4,6 millones.
«Se nombró al jefe de la unidad de fiscalía de este ministerio, Ciro Cornejo, a quien le instruimos a que dé la mayor celeridad y con la mayor firmeza tramite este sumario administrativo», señaló la ministra Blanco, al referirse a las pensiones millonarias.
La “olla” de 20 años que quiere destapar Blanco
Pero, ¿por qué Javiera Blanco amenaza con “destapar la olla” de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Gendarmería? ¿Se refiere a situaciones administrativas o a otro tipo de asuntos? ¿Qué estaba ocurriendo en la institución hace dos décadas?
Hace casi exactamente 20 años, el 30 de diciembre de 1996, los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffmann, Mauricio 
El hecho gatilló la salida del entonces director, el arquitecto perteneciente al Partido Socialista Claudio Martínez Cerda, quien dirigió la institución entre 1993 y 1997, y contrató como su encargada de comunicaciones a la periodista Myriam Olate en 1994.
Martínez explicó estos días que cuando apareció el nombre de la esposa del diputado PS Osvaldo Andrade “por sus antecedentes y su perfil fue contratada en un grado de la escala única, de acuerdo a las funciones que cumplía”.
Respecto a la millonaria pensión que recibe la ex directora técnica de Gendarmería, sostuvo que si bien no existe alguna ilegalidad al respecto, se trata de un “uso abusivo de la norma legal que permitió el abultamiento artificial de las pensiones. Cualquier acción de este tipo no sólo la compromete a ella como persona, sino también, a la imagen del partido que hoy ha sufrido menoscabo”.
El paso de la «Comandante Ana» por Gendarmería
Gendarmería no tenía conocimiento de sus lazos con el frente y la contrató. Gracias a su estatus de funcionario mantenía conversaciones con ambos detenidos e incluso uno de ellos le contó su plan para escapar.
Según aseguraron fuentes cercanas al Frente, las primeras sospechas sobre la “comandante Ana” empezaron a surgir entre algunos de sus compañeros luego de que Verhoeven sugiriera secuestrar a los hijos del propio Claudio Martínez, y después de que un intento de fuga de Hernández Norambuena fuera detectado y frustrado por los organismos policiales.
Las millonarias asesorías de políticos de la Concertación
La entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal generó otra de las crisis importantes en Gendarmería, dado que la población penal aumentó considerablemente.
En 2007, los dirigentes de Gendarmería alegaron que atendían una población penal de aproximadamente 96 mil personas, que eran vigiladas por 6 mil guardias, porque el resto del personal (3.000) cumplía funciones en tribunales y otras instituciones.
Dicha situación llevó a la Cámara de Diputados a crear una comisión investigadora, que concluyó que Gendarmería “debe implementar a la brevedad el manual de procedimientos para la contratación a honorarios recomendado por el organismo contralor», para que regulara las necesidades de contratación, los requisitos, los procesos de reclutamiento y selección, entre otros temas.
La investigación arrojó, además, que durante 2003 se extendieron cheques a 25 personas fallecidas o que no prestaban servicios en la institución, lo que le costó el puesto a los jefes de personal y planificación.
Ese mismo año se hizo público un informe sobre las millonarias asesorías realizadas por altos funcionarios políticos de la Concertación entre 1990 y 2006.
En ella se incluyen más de $7 millones, entre los años 1995 y 1996, para el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez; cerca de $25 millones para el diputado Osvaldo Andrade, por asesorías entre 1996 y 2005; $15 millones para el entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado, por trabajos entre 1998 y 2000; $40 millones para la ex embajadora en Alemania y también ex ministra de Bachelet, Marigen Hornkohl; y $20 millones para Osvaldo Puccio.
Las malas prácticas han seguido en la institución, ya que según una carta enviada en mayo pasado a la ministra Javiera Blanco por la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y auxiliares de Gendarmería (Adiptgen), le piden que intervenga para que “deje de ser una máquina pagadora de favores partidistas, familiares y compadrazgos personales”.