Al menos 15 funcionarios de la salud han sido afectados durante este año por ataques incendiarios en La Araucanía. Este recuento fue confirmado por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) de dicha región, quienes además de manifestar su preocupación tras la seguidilla de ataques a personal municipal de distintas comunas, acusan abandono de parte del Estado e incumplimientos de los compromisos del Gobierno para garantizar la seguridad de los funcionarios.
El último hecho ocurrió el 2 de agosto, cuando sujetos quemaron -entre otros inmuebles- la posta del sector Añiñir de Traiguén. Al interior del lugar, se encontraba un paramédico, que residía en el recinto y que resultó con lesiones leves al intentar apagar el fuego.
Esta situación llevó a que dirigentes y representantes del personal de salud municipal, reiteraran su molestia por la “poca seriedad” ante los compromisos que se habían acordado para garantizar la seguridad de los trabajadores, seis meses atrás.
Aarón Seguel, secretario de la Asociación de Funcionarios de Salud de Collipulli, relata que tras una reunión con el Gobierno, el pasado 10 de febrero, se acordaron compromisos como “barridos policiales en las rutas -previo y posterior al tránsito de los vehículos de salud municipal-; compra de radios de largo alcance para comunicación en zonas sin cobertura; reforzar postas con puertas y vidrios blindados además de dos vehículos con seguridad; y mesas de trabajo para evaluar cómo desarrollar la salud rural bajo este contexto. Eso no ha ocurrido porque no nos han invitado. Tampoco el compromiso de evaluar la asignación de zona teniendo en cuenta que trabajamos en un lugar de alto riesgo de vida, que es algo transversal para todos los funcionarios municipales”.
Carlos Mena, presidente de la Confusam en La Araucanía, también acusa al Gobierno de no cumplir los compromisos acordados. Señala “uno de los compromisos, entre otras cosas, era levantar miradas preventivas de focos de conflicto, es decir, indicar las zonas complejas e inseguras para el desarrollo de labores. Además, generar una mesa de seguridad con el personal de salud”, sin embargo, pese a que han transcurrido ocho meses, confirma que nada de eso ha ocurrido.
Recurso contra delegado Montalva
Debido al incumplimiento, el 29 agosto de este año, la Confusam presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del delegado presidencial regional, José Montalva y la delegada presidencial provincial, Andrea Parra.
Consultado por el recurso de protección, Montalva señaló a El Líbero que “se nos ha solicitado como Delegación Regional y Provincial información al respecto y ahí se ha entregado toda la información de las distintas mesas, de los compromisos, de los patrullajes realizados, con la fecha, también los montos de transferencia (…). Se han instalado dos mesas, una en la provincia de Malleco y otra en la provincia de Cautín donde se han tomado acuerdos relacionados con la compra de ciertos insumos y equipamiento, que se ha ido cumpliendo. Se ha transferido recursos para ir adquiriendo equipamientos de seguridad. Se han hecho coordinaciones con el Jefe de Defensa Nacional para realizar patrullajes”.
Carlos Mena explica que “esperamos que cuando se realicen los alegatos puedan cumplir con la mirada preventiva y una serie de acciones para poder avanzar en la identificación de puntos críticos en zonas complejas. Por ejemplo, la comunidad de Añiñir ya había sido amenazada de que iban a quemar la posta y no consideraron eso”.
El alcalde de Collipulli, Manuel Macaya, señala que estos hechos “lamentablemente se han normalizado porque las autoridades que están a cargo de brindarnos la seguridad no lo han hecho, no existe una medida efectiva para abordar la situación. Existen innumerables oficios donde yo, como alcalde, he entregado personalmente al Presidente de La República y a la ministra del Interior Carolina Tohá, que manifiestan el miedo y la incertidumbre que viven a diario los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Collipulli al prestar sus servicios en el sector rural, y no únicamente ellos, sino que mis vecinos y vecinas merecen trabajar en un entorno seguro”.
Funcionarios de salud no denuncian ataques por temor
Mena relata que los ataques que ha sufrido el personal de salud son una situación compleja, tanto para los afectados como también para sus colegas, sobre todo al momento de decidir si denunciar a las autoridades respectivas para iniciar una investigación.
Ejemplo de ello fue lo sucedido en enero de este año, tras el ataque a funcionarios de Collipulli. Al conocerse este atentado, una de las funcionarias del mismo municipio contó su traumática experiencia al haber sido víctima de un secuestro, hecho que mantuvo en silencio debido a que los sujetos la amenazaron para no denunciar lo sucedido.
El dirigente contó que el amedrentamiento realizado en contra de la víctima impidió que denunciara por miedo a represalias para ella o su familia. “Es un tema complejo porque no todos denuncian”, señala, argumentando que “al ser amenazados, hay miedo, entonces es complicado porque trabajamos en una zona de conflicto y tampoco contamos con las medidas de seguridad”.
Esta historia no es la única. Otra funcionaria que presta servicios en una posta ubicada en la zona de conflicto -la que no será identificada por seguridad- fue obligada a extraer perdigones a un herido que llegó al lugar. Se trataba de personas que habían estado en cometiendo hechos delictuales. Sin embargo, además de ser obligada, también fue amenazada para que no denunciara la identidad del herido, ni menos las circunstancias en las que había llegado.
Respecto al temor para denunciar, el diputado Miguel Mellado, afirma que “los funcionarios tienen miedo. Y acá queda en evidencia que los ataques no son contra las forestales, como dicen los terroristas. Acá los ataques están yendo contra personas inocentes, a personas trabajadoras, que incluso salen de su casa con temor a si vuelven vivos. Eso no es normal. Llevamos años insistiendo que se debe garantizar la seguridad para que se pueda trabajar en La Araucanía. Hemos visto reiterados ataques a personal municipal. No esperemos que muera alguien para que se tomen las medidas necesarias”.
Por su parte, el alcalde de Collipulli señala que están trabajando como municipio en generar un seguro para los funcionarios. “Son escasos los recursos que manejamos, pero lamentablemente -y ya que el Estado chileno no se hace cargo- estamos evaluando un seguro a nuestros colegas, porque en consideración a la angustia que les embarga, no podemos hacer oídos sordos, principalmente con los prestadores a servicios a honorarios. Yo lamento la falta de preocupación que existe por parte de nuestras autoridades regionales y provinciales, porque hasta el día de hoy, nadie nos ha llamado para conocer el estado de salud de los colegas que sufrieron el atentado y posterior quema del vehículo municipal días atrás”, aludiendo al ataque ocurrido el pasado jueves 28 de septiembre, donde dos funcionarios fueron atacados.
Son tantos estos casos de indefensión que viven muchos chilenos a lo largo del país y sobre todo en la Araucania, que dan argumentos para presentar una demanda al gobierno por no cumplir la constitución, que obliga a cumplir y defender el estado de derecho y a las victimas