El miércoles 10 de diciembre, un grupo de senadores de oposición presentó el polémico proyecto que pretende indultar aquellos detenidos en el marco de las manifestaciones ocurridas durante el estallido del 18-O de 2019 hasta la fecha.
Esto incluye a quienes atentaron contra Metro, quemaron iglesias, universidades y museos.
El debate fue escalando poco a poco hasta que el Presidente Sebastián Piñera anunció que de avanzar el proyecto, el Gobierno lo vetaría. Desde allí, se ha intensificado el rechazo a la iniciativa de manera transversal tanto en el Ejecutivo, el Poder judicial, las ONG’s y los parlamentarios oficialistas. Pero, lo que llama la atención en estos días donde los proyectos de oposición eran rápidamente celebrados por sus mismos partidos, es que esta iniciativa ha sido rechazada y criticada por un numeroso grupo de diputados y senadores de oposición.
El proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Isabel Allende (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), pero parlamentarios de sus mismos partidos, ponen en duda la viabilidad del proyecto de indulto mediante críticas y cuestionamientos.
Uno de los que se ha mostrado más contrario a la iniciativa es el senador Felipe Harboe (PPD) quien comentó a El Líbero que el proyecto «tiene varios problemas». De acuerdo al senador, «el hecho de justificar la violencia como una forma de reivindicación en democracia a mí no me parece que sea adecuado». Además, asegura que «plantear un indulto para personas que no tienen condena me parece que es jurídicamente impropio» y como tercer punto expresa que las cifras de quienes han sido afectadas, sancionadas o en proceso componen «un universo bastante menor».
Es un saludo a la galería y congraciarse con las redes sociales y con un sector de izquierda bien vociferante», apunta el senador Felipe Harboe (PPD).
Sobre los impulsores del proyecto, Harboe declaró que, a su juicio, «no tuvieron a la vista las cifras, probablemente no entendieron la petición del padre Felipe Berríos que tenía que ver con una solución política, es decir, con una conversación más que con un indulto y en tercer lugar, porque creo que hoy día es popular». El senador señaló que consiste en «un saludo a la galería y congraciarse con las redes sociales y con un sector de izquierda bien vociferante».
El senador José Miguel Insulza (PS), señala a este medio que el proyecto «se extiende a delitos a los cuales no debería extenderse, lo que es el problema de fondo. No creo que sea muy posible aprobar ese proyecto, si se modifica, tal vez, porque yo entiendo que pueda ser gente que está detenida hace mucho tiempo sin ser juzgada».
Y aseguró que «la forma en que está concebido es una amnistía, no es un proyecto de indulto. Le pusieron indulto general por dos razones: primero porque la palabra amnistía en este país no gusta mucho, como es obvio, y segundo porque debe querer que por lo menos un juez mire mínimamente si la persona reúne los requisitos».
No creo que sea muy posible aprobar ese proyecto», señala el senador socialista José Miguel Insulza.
En la misma línea el senador Rabindranath Quinteros (PS), menciona que «es un proyecto incompleto» y «no hay claridad de lo que realmente se persigue». Aseguró que le llama la atención que «se propone un indulto general que beneficie no solo a los condenados, sino también a los imputados» y además, calificó como «extraño» que «se propone un indulto general y no una amnistía, porque el indulto perdona la pena, mientras que la amnistía perdona el delito».
Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) declaró que «se debe estudiar y analizar con mucho detalle y rigurosidad los alcances que tiene el proyecto en cuestión, ya que se corre el grave riesgo de que queden libres personas que han cometido delitos serios. Asimismo, señaló que «hay que leer con mucha detención la declaración que hace el Ministerio Público, el cual es muy duro con el precedente que se establecería con este tipo de indultos».
De acuerdo a Lagos Weber, actualmente hay un problema ya que «han demorado mucho la tramitación de causas judiciales». «Es momento de que el Ministerio Público acelere la tramitación de las causas y de esa forma, establecer que quienes cometan delitos cumplan su pena y quienes han pasado todo este año detenidos y sin pruebas puedan acceder a la libertad y tener un juicio justo a la brevedad», concluyó.
Se corre el grave riesgo de que queden libres personas que han cometido delitos serios», subraya el senador Lagos Weber (PPD).
Jorge Sabag, diputado DC señala que a su parecer «es una muy mala señal que quienes han cometido delitos graves queden en la impunidad». Y agrega que «la respuesta a los abusos e injusticias no puede ser otro abuso e injusticia, debe ser el diálogo democrático y tolerante».
Su par, Matías Walker, declaró desde la Cámara que «en Chile nadie está privado de libertad por su pensamiento y no corresponde una ley general de indulto, porque de haber una ley general de indulto tendríamos que indultar al ciudadano norteamericano que se puso a disparar en Reñaca contra manifestantes que se estaban congregando pacíficamente en el espacio público», por dar un ejemplo.
Lo que sí sería factible, según el diputado, es «revisar por un criterio de justicia las situaciones de personas que podrían obtener una pena probable que no es tan alta y que llevan un año en prisión preventiva».
La respuesta a los abusos e injusticias no puede ser otro abuso e injusticia, debe ser el diálogo democrático y tolerante», señala el diputado Jorge Sabag (DC).
El diputado Pepe Auth (Ind.) fue otro de los que comentó sobre el concepto de «amnistía» en lugar de indulto en su cuenta de Twitter.
¿Tengo problemas de comprensión de lectura o es q senador@s @_adrianamunoz y @latorreJ proponen amnistiar a tod@s los q cometieron delitos en contexto de protesta sin excepción (incendios y saqueos tb) con excepción de miembros de las fuerzas de orden? https://t.co/VHFZ2PcQyV
— Pepe Auth (@pepe_auth) December 10, 2020
Las senadoras DC Carolina Goic y Ximena Rincón también fueron parte de las críticas hacia el proyecto que impulsa su compañera de bancada, Yasna Provoste.
Goic manifestó en La Segunda que «me parece que no se puede aplicar un indulto con un criterio único a hechos que son distintos en cuanto a su gravedad» y aseguró que «se deben agilizar los procesos pero eso es algo que le compete al poder judicial”.
El diputado Miguel Ángel Calisto, en la misma línea, retuiteó en sus redes sociales las declaraciones del fiscal Jorge Abbott quien señaló que el proyecto “normaliza la violencia y la delincuencia común”. Acción que repitió con el senador Insulza quien tuiteó: “Debido proceso sí, impunidad para saqueos, destrozos y agresiones, no”.
Por su parte, Ximena Rincón expresó a través de un video en su cuenta de Twitter que «aquí tenemos que jugarnos porque exista justicia, no por indultos generales donde primero, no podemos indultar donde no hay condena, segundo no cabe respecto de todos y solo respecto de aquellos que pudieran calificar».
La senadora señaló que es necesario que no solo en este caso, sino en otros, que «el país actúe con celeridad de manera que se esclarezcan los casos y que se pueda determinar dónde hay responsabilidades y donde no».
Rechazo desde Fiscalía, la Suprema y la Defensoría
No solo el Ejecutivo y los parlamentarios han expresado sus críticas ante este polémico proyecto de ley. Desde altas instituciones también se ha podido ver un rechazo transversal en distintos sectores.
Durante la jornada de ayer, la Corte Suprema y la Fiscalía Nacional se pronunciaron sobre el proyecto de indulto y lo criticaron abiertamente. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aseguró que no existen personas que estén en prisión preventiva por haber participado «simplemente en desórdenes» durante las protestas del denominado estallido social. Señaló que le parece «particularmente grave» el proyecto ya que «se normaliza la violencia y la delincuencia común en la convivencia social y eso nos parece de una gravedad absoluta».
En este sentido, Abbott declaró que «este proyecto apunta a dejar sin sanción a personas que han cometido delitos gravísimos o delitos extraordinariamente graves que son las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva y que son a las cuales se refiere el proyecto de ley».
Por su parte, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que «hay que tener certeza y tranquilidad en que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un magistrado». Aseguró que “los tribunales (…) resuelven los asuntos de su conocimiento a través de la acusación o el requerimiento que formula el Ministerio Público y esto tiene que dar origen a un juicio oral», es decir, que solo «deben pronunciarse en un caso concreto previa entrega de antecedentes por ambas partes”.
Uno de los primeros en referirse a este tema fue José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien dejó en claro que «no existen presos políticos en Chile» y explicó que esa categoría incluye a «personas que están detenidas por ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión”. Agregó que no se conocen evidencias para dar cuenta que estos criterios se puedan aplicar para los detenidos durante el estallido.
En esa misma línea, declaró que durante ese período sí existieron «graves delitos comunes por algunos manifestantes, incluyendo incendios, ataques a carabineros y destrucción de la propiedad”, por lo que según el representante HRW, “no es necesario, justificado ni conveniente” que se aplique una ley de indulto para los detenidos tras el estallido social, ya que beneficiaría “genéricamente a acusados tanto de delitos menores como de delitos graves”.
Sobre los detenidos que se encuentran en prisión preventiva, que es uno de las principales puntos para los impulsores del proyecto, indicó que no sería necesario un indulto, sino «un examen del caso en función de los estándares internacionales que establecen que la prisión preventiva sólo es admisible por un plazo razonable y cuando sea necesaria para preservar las pruebas o garantizar la comparecencia del imputado a juicio”.
Quien se sumó a estos dichos fue el defensor nacional, Andrés Mahnke y descartó que los detenidos durante las protestas puedan calificarse como «presos políticos».
En entrevista con El Mercurio, señaló que el indulto no sería tan efectivo, ya que «los detenidos lo están por delitos que tienen vinculación con desórdenes públicos, agresión a fuerzas policiales, saqueos», delitos que dicen relación «no con una persecución política, sino con una persecución penal».
De acuerdo a Mahnke, de los 72.350 casos que atendieron entre el 18 de octubre y diciembre del 2019, «solo 3 serían sujeto del indulto que está pidiendo un grupo de parlamentarios de oposición” y en esos tres casos “hemos puesto todos nuestros esfuerzos para reforzar las revisiones de esas prisiones preventivas”, declaró.
Veto presidencial
Durante este lunes, el Presidente Sebastián Piñera se adelantó a los hechos y a la discusión del proyecto en el Congreso y anunció que de aprobarse el Gobierno lo vetará ya que «atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho».
«Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general», fueron las palabras que usó el Mandatario. Y recalcó que «entre los delitos que se pretenden indultar se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a Carabineros y muchos más».
A pesar de que hay un consenso amplio entre los parlamentarios de que el proyecto no avanzará tal como está, el Presidente podría utilizar su última carta que es el veto. Para hacerlo, el Gobierno necesitaría que 1/3 de la Cámara lo apoyara, porcentaje que se ve muy alcanzable tras las críticas transversales que han sido dirigidas al proyecto y fue tomado como una «amenaza» por una de las patrocinantes del proyecto, Adriana Muñoz.